Colombia sufre ataques mortales de disidencias de las FARC: 19 muertos y 70 heridos

Colombia se despertó el día de ayer con la noticia de una ola de ataques violentos que marcaron una de las jornadas más trágicas en su historia reciente. En un alarmante despliegue de fuerza, disidencias de las FARC llevaron a cabo dos operaciones mortales que dejaron un saldo de al menos 19 muertos y más de 70 heridos. Los incidentes, que reflejan la creciente capacidad de estas organizaciones para perpetrar actos de terror, han remarcado la fragilidad del Estado frente a la violencia armada en el país.

La mañana comenzó con el derribo de un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia. La aeronave, que realizaba labores de erradicación de cultivos ilícitos, fue atacada mediante un dron cargado de explosivos, lo que resultó en la muerte de 13 policías. La revista Semana reportó que tras la caída del helicóptero, los uniformados fueron blanco de un ataque con ráfagas de fusil por parte de hombres armados, lo que dejó en evidencia la clara intención de aniquilar a las fuerzas del orden en la región.

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social X, confirmó la autoría del atentado por parte del Frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), encabezado por alias Calarcá. En su mensaje, el mandatario expresó su dolor por la pérdida de vidas en esta acción violenta, acentuando la gravedad de la situación que vive el país. “Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y ocho heridos”, escribió Petro, destacando la naturaleza del operativo que realizaban las fuerzas del orden.

En un giro dramático de los acontecimientos, en la misma jornada, un camión bomba fue detonado frente a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, Valle del Cauca. Este ataque dejó un saldo de 6 muertos y más de 70 heridos, la mayoría de ellos civiles. Este acto fue calificado por el presidente como una “reacción terrorista” llevada a cabo por la columna Carlos Patiño, otra facción de las disidencias de las FARC, en represalia por recientes incautaciones de material de guerra en el Cauca.

El ataque en Cali no solo dejó una estela de destrucción, sino que también puso en evidencia la capacidad de operación de estas organizaciones en entornos urbanos, lo que representa un desafío adicional para las autoridades. El presidente Petro argumentó que estas estructuras deben ser consideradas como “bandas del narcotráfico coordinadas internacionalmente”, despojándolas de cualquier vestigio de legitimidad política que pudieran haber tenido en el pasado.

Las cifras de muertos y heridos resaltan una alarmante verdad: las disidencias de las FARC no solo mantienen un arsenal significativo, sino que también poseen una estrategia que les permite atacar con efectividad tanto en zonas rurales como urbanas. Este hecho vuelve a poner de manifiesto la fragilidad del Estado colombiano ante la amenaza que representan los grupos armados ilegales, que siguen desafiando a las instituciones del país.

En un intento por contener la situación, el presidente Petro anunció la detención de dos sospechosos del atentado con camión bomba en Cali, gracias a la intervención de la comunidad. Estos individuos, que supuestamente actuaron sin armas pero con un ingenio explosivo, fueron capturados por la población local tras el ataque. El mandatario subrayó la importancia de la colaboración comunitaria en la lucha contra el crimen organizado.

“Los sospechosos ya están bajo custodia de las autoridades, y esperamos que puedan colaborar con la justicia para esclarecer la estructura detrás del atentado,” comentó Petro, en un intento por ofrecer algo de esperanza en medio de la tragedia. Sin embargo, la incertidumbre sigue latente, dado que el contexto de violencia y retaliación por parte de estas disidencias puede dar lugar a nuevos actos de terror.

La jornada de ayer representa un claro retroceso en el camino hacia la paz que el país ha intentado construir desde el acuerdo de paz firmado en 2016. La realidad es que, a pesar de los avances en ciertos frentes, el resurgimiento de estas disidencias con tácticas cada vez más audaces pone en duda el futuro del proceso de reconciliación y la estabilidad nacional.

Colombia, una vez más, enfrenta el dilema de cómo responder a estos grupos que operan al margen de la ley. La comunidad internacional observa con atención, y mientras tanto, los ciudadanos viven con el temor latente de que la violencia pueda desbordarse nuevamente en sus calles. Este llamado a la acción se vuelve cada vez más urgente, y la respuesta del Estado es imperativa para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los colombianos.