Gobierno del Estado de México crea grupo especial para enfrentar al Tren de Aragua

El reciente anuncio del gobierno del Estado de México sobre la creación de un grupo especial para enfrentar al Tren de Aragua, una organización transnacional de crimen organizado originaria de Venezuela, ha suscitado un intenso debate en el ámbito de la seguridad pública. Mientras que la administración de Claudia Sheinbaum minimiza el impacto de esta megabanda, otros estados como Chihuahua están tomando medidas más drásticas ante la presencia de este grupo delictivo en sus territorios.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo declaraciones el pasado 25 de octubre que han dejado perplejos a muchos. Según él, aunque se han llevado a cabo detenciones de delincuentes vinculados a grupos venezolanos y suramericanos, el Tren de Aragua no parece ser un generador significativo de violencia en México. Esta afirmación ha generado críticas, especialmente dado el contexto de creciente preocupación y evidencia sobre las actividades del grupo en el país.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Chihuahua, liderada por Gilberto Loya Chávez, ha optado por un enfoque diferente y ha decidido formar un grupo especial de agentes para monitorear las operaciones del Tren de Aragua. Loya Chávez confirmó que este grupo criminal está traficando con mujeres y que su influencia se siente en la franja fronteriza, donde compite directamente con los cárteles mexicanos en el tráfico de personas hacia Estados Unidos. Este contraste en la respuesta de las autoridades estatales pone de manifiesto la disparidad en la percepción del riesgo que representa el Tren de Aragua.

La megabanda ha establecido una red que no solo opera en México, sino que también tiene presencia en varios países de América Latina, incluyendo Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Esta expansión internacional del grupo ha llevado a la generación de un modelo de negocio que, según expertos, incluye al menos 20 actividades ilícitas, entre ellas la trata de personas, la extorsión y el sicariato. Ronna Rísquez, periodista venezolana y autora del libro "El Tren de Aragua", sostiene que la organización maneja entre 10 y 15 millones de dólares anuales, lo que la convierte en un actor formidable en el panorama del crimen organizado en la región.

La situación en la frontera, especialmente en ciudades como Ciudad Juárez, se ha vuelto crítica. Gilberto Loya Chávez, al referirse a la influencia del Tren de Aragua, destacó que "siendo una misma comunidad, por supuesto que también en Ciudad Juárez seguro tenemos esta presencia". Este reconocimiento de la operación del grupo en zonas que colindan con Estados Unidos pone de relieve la necesidad urgente de una respuesta coordinada y efectiva para abordar el problema.

Por su parte, el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos ha advertido sobre las implicaciones de la presencia del Tren de Aragua en el país. Landon Hutchens, oficial de Relaciones Públicas del CBP, indicó que la organización ha comenzado a establecer casas de seguridad para esconder migrantes en territorio estadounidense, particularmente en El Paso, Texas. Esta información añade otra capa de preocupación a un problema que ya es complejo por sí mismo.

El contraste en las respuestas gubernamentales y la falta de un enfoque cohesionado para abordar el fenómeno del Tren de Aragua es alarmante. En un momento en que la seguridad pública es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, es crucial que las autoridades de todos los niveles reconozcan la amenaza que representa esta megabanda y actúen en consecuencia. La desestimación del riesgo por parte de algunos funcionarios podría tener consecuencias graves para la seguridad y el bienestar de la población.

Como sociedad, es esencial que exijamos a nuestros líderes una evaluación seria y honesta de los peligros que enfrentamos. La minimización de las amenazas del crimen organizado solo alimenta la impunidad y permite que grupos como el Tren de Aragua sigan operando sin restricciones. Finalmente, es fundamental que se implementen estrategias efectivas y coordinadas para erradicar la influencia de estas organizaciones delictivas en nuestras comunidades y proteger a los ciudadanos de sus nefastas actividades.