Crisis en el sistema de salud argentino: recortes amenazan atención médica vital

El sistema de salud público de Argentina se encuentra en una situación crítica tras la reciente decisión del gobierno de ajustar su estructura. La publicación del decreto 1138/24, a fines del año pasado, marcó el inicio de una serie de medidas que han generado una profunda preocupación en la comunidad médica y entre los ciudadanos. Al anunciar que no se renovarían 1.400 contratos en hospitales nacionales y organismos descentralizados, el Ministerio de Salud dejó entrever un recorte que podría tener repercusiones severas en la atención de salud de la población. Cerca del 27% de los argentinos depende del sistema público de salud, ya que no están afiliados a ninguna obra social ni a prestadoras privadas. Esta proporción, que se esperaba en aumento debido a los constantes incrementos en las tarifas de las empresas de medicina prepaga, se ve amenazada por la reducción de personal. Hasta noviembre de 2024, se reportó que 54 empresas de medicina prepaga habían cerrado, provocando la pérdida de entre el 4% y el 6% de sus afiliados. Esta realidad podría llevar a un aumento significativo en la demanda de atención pública, justo cuando el sistema está recibiendo un golpe considerable en su infraestructura. El cierre de áreas fundamentales dentro del ministerio provincial, según el ministro de Salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, ha incluido la eliminación de direcciones clave como las de Géneros y Diversidad, Investigación en Salud y Vigilancia Epidemiológica. Estas decisiones, que se han tomado en un contexto de creciente necesidad de atención médica, han generado fuertes reacciones de parte de especialistas en salud pública y epidemiólogos. La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) ha solicitado urgentemente una reunión con el Ministro de Salud para discutir las implicaciones de estos cambios estructurales. Una de las principales preocupaciones radica en el impacto que estas reducciones tendrán sobre programas vitales, como los de vacunación y VIH, donde un porcentaje alarmante de personal especializado se encuentra en riesgo de ser despedido. Aunque el Ministerio asegura que el funcionamiento de estos programas estará garantizado, muchos expertos cuestionan cómo se podrá mantener la calidad de atención con una reducción tan significativa en el personal técnico. La falta de expertos podría comprometer la capacidad de respuesta ante brotes y otras emergencias sanitarias. Desde el Ministerio se argumenta que la reestructuración no implica una disminución en el presupuesto, sino más bien un ahorro significativo. Sin embargo, expertos en sanitarismo sostienen que la eliminación de cuadros técnicos resulta esencial para la operación adecuada de los programas de salud. El diputado Pablo Yedlin, junto con otros profesionales, ha expresado su preocupación por la baja cobertura de vacunación y el aumento de enfermedades como la tuberculosis, lo que podría agravar aún más la situación sanitaria en el país. La Fundación Huésped también ha alzado su voz, advirtiendo que el cierre de la dirección de VIH podría violar compromisos internacionales en materia de salud. Este tipo de decisiones podría ser interpretado como un retroceso en los derechos a la salud, un aspecto fundamental que se encuentra garantizado en diversos pactos internacionales. La situación es aún más crítica si se considera que los indicadores de salud en Argentina no son favorables, lo que aumenta la urgencia de mantener un sistema de salud robusto y accesible para toda la población. En medio de este contexto, el Ministerio de Salud ha indicado que las vacunas para el calendario nacional de 2025 ya están adquiridas, lo que debería teóricamente garantizar la continuidad de la atención. Sin embargo, se ha planteado la necesidad de que las provincias asuman un rol más protagónico en la ejecución de políticas de salud, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de las jurisdicciones para manejar esta carga adicional, especialmente en un momento de crisis. El futuro del sistema de salud argentino parece incierto a medida que se evalúan medidas adicionales, como el posible traspaso de hospitales nacionales a las provincias. Sin embargo, en muchos casos, las provincias no están dispuestas ni tienen la capacidad para hacerse cargo de estas instituciones, lo que plantea un dilema que podría resultar en una disminución de la calidad de la atención médica. Finalmente, la reciente intervención del Hospital Laura Bonaparte, que enfrenta la posibilidad de importantes despidos en el área de salud mental, es un reflejo de una tendencia más amplia. A pesar de las lecciones aprendidas durante la pandemia, donde se evidenció la necesidad de fortalecer el sistema de salud, el Ministerio parece estar tomando un rumbo opuesto, debilitando una red de atención que es fundamental para la salud pública. En conclusión, el ajuste en el sistema público de salud argentino plantea desafíos significativos que no pueden ser ignorados. La reducción de personal, la posible falta de recursos y la delegación de responsabilidades a las provincias son elementos que, si no se manejan con cuidado, pueden llevar a un colapso del sistema en un momento en que la salud de la población es más vulnerable que nunca. Las voces de los expertos y la comunidad médica serán esenciales para exigir una revisión de estas políticas que, en última instancia, ponen en riesgo el derecho fundamental a la salud de todos los argentinos.