Persecución política en Perú: La justicia como herramienta de control y abuso

En el contexto actual de la política peruana, la noción de persecución política se ha vuelto un tema candente que desata intensos debates. Recientemente, la justicia ha comenzado a vislumbrar lo que muchos críticos han denunciado desde hace tiempo: el uso del aparato judicial como una herramienta para deslegitimar a opositores y desacreditar a aquellos que desafían el poder establecido. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para erradicar este fenómeno y restaurar la confianza en las instituciones. La anulación del juicio oral en el Caso Cocteles es un ejemplo palpable de la falta de imparcialidad en el proceso judicial. Este fallo, que se fundamenta en la inclusión de hechos no investigados durante la fase preliminar, pone en evidencia las irregularidades que han caracterizado a la labor del fiscal José Domingo Pérez y del juez Víctor Zúñiga. Los acusados, al verse confrontados con una acusación genérica y carente de fundamento, se han encontrado en una situación de indefensión que contradice los principios básicos de cualquier sistema judicial que se precie de ser democrático. La crítica al trabajo del fiscal Pérez no es nueva. El reconocido penalista Arsenio Oré ha señalado en su obra "La desnaturalización de la etapa intermedia y la inviabilidad del juicio oral" las falencias estructurales que han permitido que estas injusticias perduren. La falta de precisión en las acusaciones y la inclusión de elementos irrelevantes han convertido el proceso en una farsa, donde la verdad y la justicia parecen haber sido relegadas a un segundo plano. Esto plantea serias interrogantes sobre la integridad del sistema judicial y su capacidad para administrar justicia de manera equitativa. Los casos de persecución política no se limitan a un solo individuo. El Caso Briceño, que intenta amedrentar a empresarios, y otros similares, revelan un patrón preocupante. Las acusaciones infundadas, como en el caso de Jorge Trelles, donde se le acusa de lavado de activos por la compra de boletos de rifa, son un claro indicativo de la manipulación de la justicia para fines políticos. La petición de 22 años de cárcel para Trelles es una muestra de los excesos a los que se ha llegado en nombre de la justicia. La conducta del juez Zúñiga también ha suscitado críticas. A pesar de las reiteradas solicitudes para subsanar las deficiencias en las acusaciones, se ha mantenido en su postura de avanzar con los juicios. Esto plantea un dilema: ¿está el Poder Judicial realmente comprometido con la justicia, o se ha convertido en un instrumento al servicio de una agenda política específica? La respuesta a esta pregunta es fundamental para el futuro del país y su sistema democrático. En este contexto, el cierre de casos como el de Cocteles se vuelve imperativo. La justicia no puede ser utilizada como una herramienta de persecución política; eso socava las bases mismas de la democracia. La necesidad de retirar y sancionar a aquellos que han abusado de su poder en el ejercicio de la justicia es una demanda que resuena cada vez con más fuerza entre la ciudadanía y los analistas políticos. La reciente asunción de Janet Tello como presidenta de la Corte Suprema generó expectativas. Su discurso, que condenó la judicialización de la política, ofreció un atisbo de esperanza en un panorama sombrío. Sin embargo, su decisión de rechazar la renuncia del juez Zúñiga ha dejado a muchos desconcertados. Esta aparente contradicción entre sus palabras y sus acciones plantea dudas sobre su capacidad para implementar cambios significativos en un sistema que ha demostrado ser resistente a la reforma. Es esencial que la nueva dirigencia judicial no se limite a discursos vacíos, sino que actúe con determinación para restaurar la credibilidad del Poder Judicial. La justicia debe ser imparcial y debe servir a todos los ciudadanos por igual. De lo contrario, el riesgo de que la política continúe siendo un campo de batalla judicial se convierte en una amenaza real para la democracia. La lucha contra la persecución política debe ser una prioridad no solo para el sistema judicial, sino también para la sociedad civil. La denuncia de estas prácticas es esencial para erradicar la impunidad y garantizar que la justicia sirva a su verdadero propósito: proteger y defender los derechos de todos los ciudadanos. Sin un compromiso firme en este sentido, el país seguirá atrapado en un ciclo de desconfianza y descontento que socava las bases de la democracia.