Protestas urgentes por el desmantelamiento de direcciones clave en salud pública

Este martes 14 de enero, el Ministerio de Salud de la Nación fue escenario de una manifestación significativa donde un centenar de personas, agrupadas en colectivos de pacientes, organizaciones de la sociedad civil, y sociedades científicas, se congregaron para expresar su rechazo a la reciente resolución que disolvió direcciones fundamentales para la salud pública en Argentina. Los manifestantes, que portaban carteles y gritaron consignas, exigieron una audiencia urgente con el ministro Mario Lugones para discutir las consecuencias de la resolución 1138/24, que ha desmantelado las direcciones de HIV, tuberculosis (TBC), lepra, hepatitis y otras patologías. La carta presentada por los representantes de estas agrupaciones no solo solicita la revocación de la resolución, sino que también plantea la necesidad de asegurar el cumplimiento de un fallo judicial que ordena la regularización en la entrega de medicación a pacientes oncológicos y aquellos con enfermedades raras. Esta situación se torna crítica, ya que las interrupciones en el suministro de medicación han resultado en la muerte de al menos 60 personas desde el inicio de 2024, según denuncias de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa). Los datos epidemiológicos que respaldan las demandas son alarmantes. En el último año, los casos de tuberculosis han aumentado casi un 12%, y más de 470,000 argentinos viven con hepatitis B o C, la mayoría sin conocer su diagnóstico. Estos números resaltan la gravedad de una crisis de salud pública que clama por una respuesta inmediata y robusta del Estado. La disolución de las coordinaciones de enfermedades infecciosas no solo contraviene compromisos asumidos por el país, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de la Organización Mundial de la Salud, sino que también implica un retroceso en la capacidad del sistema de salud para garantizar el acceso universal a diagnósticos y tratamientos. Las organizaciones firmantes subrayan la importancia de las coordinaciones disueltas, las cuales han sido pilares en la articulación de políticas públicas y han permitido el cumplimiento de compromisos internacionales. La Ley 27.675, que establece la necesidad de una respuesta integral a estas enfermedades, se ve desafiada por decisiones que desmantelan las estructuras necesarias para abordar estos problemas de salud. En este contexto, los manifestantes insistieron en la urgencia de establecer diálogos con el ministro para evaluar los riesgos de las decisiones tomadas y discutir estrategias que protejan la salud pública. La disolución de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC), que fue creada para brindar apoyo a personas en situaciones de vulnerabilidad social, agrava aún más la situación. Los servicios que antes operaban en beneficio de los pacientes ahora se encuentran paralizados, lo que expone a la población a un mayor riesgo de enfermedades y complicaciones. La respuesta del gobierno a la situación ha sido cuestionada por múltiples organizaciones que advierten que la falta de gestión y atención a los problemas de salud es un indicador de un enfoque que podría desentenderse de la salud pública. La decisión de cerrar direcciones clave y disolver organismos de apoyo se percibe como una maniobra para eludir responsabilidades, dejando a miles de personas sin acceso a medicamentos esenciales. María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, señaló que "la forma de manejar el ministerio de salud de la nación por parte del gobierno refleja una intención de que cada provincia gestione sus problemas de salud de manera aislada", lo que podría llevar a disparidades en el acceso a tratamientos y atención médica. Esto se agrava con los recortes presupuestarios que las provincias enfrentan, dificultando aún más su capacidad de respuesta. Las voces unidas en la manifestación del martes nos recuerdan que la salud no puede ser objeto de recortes o desmantelamientos. Al contrario, es imperativo que se refuercen las políticas sanitarias que protegen la vida y los derechos de la población. La declaración conjunta, respaldada por seis mil firmas de ciudadanos, resuena como un llamado a la acción, demandando un compromiso firme y sostenido del Estado en la lucha contra enfermedades prevenibles y tratables. A medida que el país enfrenta esta crisis, la comunidad médica y las organizaciones de pacientes continúan abogando por un enfoque que priorice la salud pública y la dignidad de todas las personas. La urgencia de un diálogo abierto y constructivo con el Ministerio de Salud se vuelve esencial para garantizar que las decisiones futuras no solo se alineen con los derechos de los ciudadanos, sino que también fomenten un sistema de salud robusto y efectivo que pueda enfrentar los desafíos actuales y los que están por venir. La salud de la nación está en juego, y es fundamental que los líderes escuchen el clamor de quienes luchan por un acceso equitativo y de calidad a la atención médica.