Congreso aprueba comisión para nuevo Código Penal, genera críticas del CAL

Al final de la reciente legislatura, el Congreso de la República aprobó, en segunda votación, la creación de una Comisión Especial Multipartidaria encargada de elaborar un nuevo Código Penal. Esta decisión, que recoge el trabajo de comisiones anteriores, ha suscitado un amplio debate en el ámbito jurídico y político del país. La nueva comisión estará presidida por un representante de la comisión de Justicia y contará con un miembro de cada grupo parlamentario. Sin embargo, la reacción no se ha hecho esperar, y una de las voces más críticas ha sido la del Colegio de Abogados de Lima (CAL). El CAL se ha manifestado en contra de que el Congreso asuma la responsabilidad de legislar sobre aspectos tan complejos como lo es el Código Penal. A través de un comunicado, el gremio enfatizó que la tarea de elaborar un nuevo marco penal debe ser confiada a un grupo de expertos, y no a congresistas que pueden estar influenciados por intereses políticos temporales. La argumentación del CAL se basa en la necesidad de un enfoque técnico y especializado que garantice la calidad y efectividad de la norma. "Un nuevo Código Penal no puede ser encomendada directamente a los congresistas de la República", subrayaron. Esta afirmación pone de manifiesto las preocupaciones sobre la capacidad del Congreso para abordar una legislación tan delicada, sugiriendo que una comisión reformadora debe estar integrada por juristas destacados de diversas áreas, tanto públicas como privadas. Este enfoque aseguraría una pluralidad de perspectivas y un alineamiento con los principios de un estado democrático y social de derecho. Entre las observaciones más críticas del CAL, se encuentra la necesidad de que el nuevo Código Penal sea un texto coherente y sistemático que regule de manera clara los delitos y las penas. Además, señalaron que debe cumplir con los estándares estipulados en los tratados internacionales sobre derechos humanos, compromisos que el Congreso ha mostrado la intención de ignorar en ocasiones anteriores. Esta desvinculación podría acarrear serias repercusiones en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. El CAL ha propuesto que una vez que la comisión reformadora termine su trabajo, el proyecto resultante sea sometido a un debate abierto y transparente en el Congreso. Este proceso permitiría a la sociedad civil y a los expertos en derecho participar en la construcción de un Código Penal que realmente refleje las necesidades y realidades del país. "La calidad del texto final debe ser garantizada", afirmaron. La reciente aprobación de modificaciones al Código Penal por parte del Congreso también ha alarmado a los abogados. En particular, manifestaron su preocupación por cambios relacionados con el crimen organizado y la criminalización del ejercicio judicial a través del delito de prevaricato. Según el CAL, estas reformas se están llevando a cabo de manera desordenada y sin un enfoque claro, lo que en lugar de fortalecer el sistema de justicia, lo está debilitando. El impacto de estas modificaciones ya ha comenzado a generar desconfianza en la ciudadanía hacia las instituciones del Estado. El CAL advirtió que un sistema de justicia que no opera bajo principios claros y coherentes puede llevar a una mayor impunidad y corrupción, afectando así la integridad del estado de derecho. Al realizar estos cambios sin la debida consideración, el Congreso podría estar sembrando las semillas del descontento social. La postura del CAL es clara: la reforma del Código Penal debe ser parte de una política pública integral y bien estructurada. Instaron a las autoridades a no solo escuchar a los expertos, sino también a los ciudadanos, quienes son los principales actores afectados por las decisiones legislativas. La colaboración entre el gremio y el Gobierno se presenta como una oportunidad para construir una legislación que responda a los estándares internacionales y a las necesidades del país. A medida que se desarrolla este debate, queda por ver si el Congreso tomará en cuenta las recomendaciones del CAL y de otros actores del ámbito jurídico. La construcción de un nuevo Código Penal es un desafío que requiere un enfoque amplio y participativo, capaz de ofrecer las respuestas adecuadas a un contexto complejo y cambiante. La responsabilidad recae no solo en los legisladores, sino también en quienes tienen el deber de defender y promover el estado de derecho en el Perú. Así, el futuro del marco penal del país sigue en el aire, mientras se espera que la voz del CAL y de otros expertos sea escuchada, en la esperanza de que la reforma resulte en un sistema más justo y eficiente, alineado con las exigencias de un país en constante evolución.