Corte Suprema advierte sobre crisis en reforma judicial y su impacto en democracia

La reciente intervención de la Sala Plena de la Corte Suprema ha encendido un debate crucial sobre el estado de la reforma judicial en el Perú, tras las leyes aprobadas por el Congreso. En un comunicado que resuena con inquietud en todos los rincones del país, el secretario de la sala, Javier Huamán, expresó preocupaciones sobre el proceso legislativo que ha llevado a la creación de estas normas. Según Huamán, ha habido una falta de reflexión y consenso que resulta alarmante, sugiriendo que el diálogo con otros poderes del Estado y con entidades académicas ha sido completamente ignorado. La crítica más contundente se centra en la ley 32130, que modifica las diligencias preliminares e investigaciones. La Corte Suprema sostiene que esta reforma podría estar en contradicción con el artículo 159 de la Constitución, que establece que el Ministerio Público debe liderar las investigaciones desde su inicio. Este desajuste señala una potencial crisis en la relación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, elementos esenciales en el proceso de justicia penal. Además, la Sala Plena ha manifestado su preocupación por las modificaciones al Código Procesal Penal. Estas enmiendas han sido interpretadas como un intento de limitar el control jurídico, lo que podría tener repercusiones serias en la capacidad del Poder Judicial de supervisar y regular las acciones del Congreso. La independencia del sistema judicial es un pilar fundamental de la democracia, y cualquier intento de socavarla podría generar un desbalance peligroso en el sistema de pesos y contrapesos. El pronunciamiento de la Corte no se detuvo ahí. Se cuestionó también la reforma del Código Procesal Constitucional, que plantea la posibilidad de limitar los poderes de control sobre las decisiones parlamentarias. Este aspecto es particularmente significativo, ya que podría abrir la puerta a abusos de poder y decisiones que no estén sujetas a un control adecuado, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos. El juez supremo César San Martín, acompañado por otros miembros de la Sala Plena, enfatizó la gravedad de la situación. En sus declaraciones, hizo un llamado urgente a los poderes públicos para que reconsideren sus acciones y eviten poner en jaque la independencia judicial. Este mensaje resuena en un contexto donde la confianza en las instituciones democráticas ha sido puesta a prueba por diversas crisis políticas y sociales. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, también ha hecho eco de estas preocupaciones al afirmar que los cambios necesarios en el sistema de justicia no pueden ser implementados sin la participación activa del Poder Judicial. Su declaración subraya la importancia de un enfoque inclusivo y colaborativo en la reforma del sistema, recordando que un intervencionismo desmedido podría llevar a consecuencias adversas. Por otro lado, el llamado de atención de la Corte Suprema se produce en un momento en que la ciudadanía exige una justicia más eficiente y transparente. Sin embargo, las reformas apresuradas y sin consenso podrían generar más confusión y desconfianza en un sistema que ya enfrenta múltiples desafíos. La comunidad jurídica y la sociedad civil se encuentran ahora en una encrucijada, donde deben decidir cómo reaccionar ante esta crisis inminente. La situación se complica aún más con el anuncio de que el Consejo de Ministros evaluará el pedido de extradición de Eliane Karp ante Israel. Este caso, que ha captado la atención mediática, podría tener implicaciones significativas en el ámbito político y judicial del país. A medida que se desarrollan estos acontecimientos, la necesidad de un sistema judicial robusto y autónomo se vuelve cada vez más apremiante. En conclusión, el clamor de la Corte Suprema plantea una serie de interrogantes sobre el futuro del sistema judicial peruano. Las reformas deben ser concebidas de manera responsable y en pleno diálogo con todos los actores involucrados para garantizar que se preserve la independencia y la calidad del sistema de justicia. La encrucijada en la que nos encontramos no solo definirá la estructura de nuestro sistema judicial, sino también la confianza pública en las instituciones del país.