El caso de acoso destaca el alarmante aumento de amenazas contra legisladores en EE. UU.

En un escalofriante recordatorio de la tensión que rodea el discurso político en Estados Unidos, un hombre de Nueva York, identificado como Brian Lilly, de 47 años, ha sido condenado a 12 meses de prisión por realizar la asombrosa cantidad de 12,000 llamadas de acoso a miembros del Congreso. El juez a cargo del caso destacó la naturaleza perturbadora de las acciones de Lilly, enfatizando las crecientes preocupaciones sobre las amenazas y el acoso dirigidos a los legisladores, una tendencia que ha experimentado una escalada significativa en los últimos años. La ola de acoso de Lilly, que tuvo lugar en un breve período en febrero de 2023, incluyó la asombrosa cifra de 500 llamadas a un solo legislador en solo dos días. La mayoría de sus comunicaciones estaban dirigidas al personal y a los pasantes del Congreso, pintando un cuadro de intimidación implacable. Entre los incidentes más alarmantes se encontraba una llamada en la que Lilly amenazó con usar violencia letal, declarando: "Te voy a matar, te voy a atropellar, te mataré con una bomba o una granada". Tales amenazas han suscitado serias preocupaciones sobre la seguridad de los servidores públicos en un entorno que se ha vuelto cada vez más hostil. Arrestado en noviembre de 2023 después de trasladarse de Queens, Nueva York, a Puerto Rico, Lilly luego se declaró culpable de cargos relacionados con comunicaciones interestatales con amenazas de secuestrar o lesionar a individuos, así como de realizar llamadas telefónicas repetidas. Los fiscales federales habían solicitado inicialmente una sentencia de 18 meses, subrayando la naturaleza precaria de los climas políticos actuales que podrían potencialmente normalizar tales comportamientos agresivos. El jefe de la Policía del Capitolio, J. Thomas Manger, quien proporcionó testimonio durante el caso, señaló un preocupante aumento del 400% en las amenazas contra los legisladores en los últimos seis años. Esta alarmante estadística refleja un problema social más amplio que ha hecho que los legisladores sean cada vez más vulnerables al acoso y a la violencia, una preocupación que se ha amplificado aún más por recientes incidentes de alto perfil, incluyendo el violento asalto al esposo de Nancy Pelosi y un intento de asesinato al expresidente Donald Trump. Durante su audiencia de sentencia, Lilly expresó motivaciones ambiguas, sugiriendo que su intención era abogar por las generaciones futuras. Sin embargo, el tribunal, consciente de las implicaciones más amplias de sus acciones, reconoció las serias ramificaciones de tal comportamiento. El juez comentó sobre el creciente problema de la violencia política, señalando los riesgos en aumento que enfrentan aquellos en cargos públicos. Como parte de su sentencia, Lilly también deberá cumplir tres años de libertad supervisada tras su término en prisión. El jefe Manger reiteró el compromiso de las fuerzas del orden de proteger a los legisladores y mantener la distinción entre la libertad de expresión y las amenazas inaceptables, afirmando: "Haremos cumplir la ley cada vez que alguien cruce la línea de la libertad de expresión al acoso o las amenazas." Este incidente sirve como un recordatorio sobrio de los desafíos que enfrenta el discurso político y la necesidad de mantener la vigilancia para proteger la integridad y la seguridad de las instituciones democráticas.