Extorsiones en México: un obstáculo crítico para la estabilidad económica y seguridad

El fenómeno de las extorsiones en México ha escalado de manera alarmante, manifestándose no solo como un grave problema de seguridad, sino como un obstáculo significativo para la estabilidad económica del país. Con un aumento notable en el número de víctimas de extorsión, que se elevaron de 6,895 en 2018 a un récord de 11,039 en 2022, el impacto de este delito está afectando las dinámicas del mercado y contribuyendo a un ambiente inflacionario que el Banco de México (Banxico) se esfuerza por controlar. En un contexto donde la inflación se encuentra todavía lejos del objetivo del 3% establecido por Banxico, las extorsiones están generando un efecto en cadena que se traduce en incrementos de precios visibles para el consumidor. Los testimonios de una veintena de comerciantes afectados revelan que los sobrecostos vinculados al "cobro de piso" han llevado a incrementos en el precio de productos básicos, como la tortilla, que han visto aumentos de hasta un 20%. Esto se considera un "impuesto" silencioso que se carga gradualmente a las operaciones comerciales y, por ende, al consumidor. El subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, ha señalado que aunque no se cuenta con datos precisos para medir el impacto directo de las extorsiones en la inflación, el efecto anecdótico es claro. Las extorsiones se han convertido en una variable estructural dentro de la economía mexicana, complicando los esfuerzos del banco central para ajustar su tasa de interés y controlar la inflación. Heath enfatiza que, aunque el fenómeno no puede ser cuantificado con exactitud, sí afecta significativamente la formación de precios, especialmente en el sector de los servicios. Las cifras más recientes indican que, a pesar de una leve disminución en los incidentes de extorsión en 2023, el problema sigue enraizado en la economía. Andrés Abadía, economista de Pantheon Macroeconomics, subraya que este fenómeno no solo impacta a las empresas directamente extorsionadas, sino que sus repercusiones llegan hasta el consumidor final, encareciendo productos esenciales en la dieta diaria de los mexicanos. Esto ha llevado a la asociación de pequeños comerciantes ANPEC a alertar sobre el aumento de cuotas en productos básicos como el aguacate, el limón y el pollo. La percepción de inseguridad ha llevado a muchos empresarios a elevar sus gastos en medidas de seguridad, como la instalación de cámaras, la compra de vehículos blindados y la contratación de guardias. De acuerdo con Coparmex, uno de cada nueve afiliados ha sido víctima de extorsión en 2023, lo que refleja la normalización de un problema que debería ser considerado excepcional. Esta situación ha creado un ambiente de miedo y desconfianza que inhibe la inversión y el crecimiento empresarial. El impacto de las extorsiones también se hace evidente en el sector agrícola. En Michoacán, por ejemplo, los agricultores han denunciado un aumento en las "cuotas" criminales, que han llevado a un aumento del 8% en el precio del limón en tan solo 15 días. La presión ejercida por las bandas criminales no solo afecta los costos de producción, sino que también pone en riesgo la estabilidad de los precios en el mercado, complicando aún más la labor del banco central. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha prometido fortalecer la lucha contra la extorsión en un momento en que la administración saliente reconoce que no logró erradicar este problema. Sin embargo, muchos se preguntan si las promesas políticas serán suficientes para revertir años de impunidad y violencia vinculada a estos delitos. La necesidad de un enfoque integral que aborde tanto la seguridad como la economía es más urgente que nunca. El cierre de negocios como el caso de Oxxo en Tamaulipas, donde la cadena de tiendas se vio obligada a cerrar 191 locales debido a "exigencias" del crimen organizado, es una muestra palpable de cómo las extorsiones están afectando la operativa empresarial en el país. La reactivación de estos negocios solo se dio tras la promesa de mayor seguridad por parte de las autoridades, lo que pone de manifiesto la fragilidad del entorno empresarial ante la amenaza de la delincuencia organizada. En conclusión, las extorsiones en México representan un problema multifacético que no solo afecta la seguridad de los ciudadanos, sino que también interfiere con los objetivos económicos y monetarios del país. Mientras los analistas continúan debatiendo la magnitud del impacto en la inflación, lo cierto es que las repercusiones son tangibles y visibles en el día a día de los mexicanos. La lucha contra este fenómeno no puede esperar más, y la responsabilidad recae tanto en el gobierno como en la sociedad civil para generar un cambio real y duradero.