Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
En un contexto donde el emprendimiento se enfrenta a múltiples barreras burocráticas impuestas por el gobierno nacional y los gobiernos locales, la congresista Adriana Tudela ha dado un paso significativo al crear una Clínica Jurídica destinada a combatir estos abusos. La iniciativa busca proporcionar apoyo legal y técnico a aquellos emprendedores que se ven afectados por regulaciones que, en muchos casos, son consideradas ilegales o irracionales. Esta nueva plataforma permite a los afectados enviar sus denuncias de forma gratuita y anónima, lo que representa una herramienta valiosa para aquellos que luchan contra la sobrerregulación que dificulta el desarrollo de sus negocios. La Clínica Jurídica surge en un contexto de creciente frustración entre los emprendedores peruanos, quienes a menudo deben navegar por un laberinto de requisitos que no solo son confusos, sino que muchas veces carecen de fundamento legal. En palabras de Tudela, el objetivo central de esta clínica es empoderar a los ciudadanos para que conozcan sus derechos y las herramientas a su disposición para enfrentar actos abusivos desde la administración pública, en especial aquellos provenientes de las municipalidades. Desde su lanzamiento, la clínica ha recibido alrededor de 15 denuncias, siendo las restricciones horarias y los requisitos innecesarios los temas más comunes. La congresista ha señalado que están investigando a más de 25 gobiernos locales por cobros que no están sustentados en normativas claras para la emisión de licencias de funcionamiento. Este tipo de situaciones no solo obstaculizan el desarrollo económico de los emprendedores, sino que además generan un clima de incertidumbre que puede llevar a la extorsión por parte de las autoridades locales. Un claro ejemplo de esta problemática es el caso de Susana Vivanco, propietaria de un negocio de abarrotes en Los Olivos. A pesar de que sus ventas aumentan considerablemente durante la noche, se enfrenta a presiones por parte del personal municipal para cerrar antes de lo que su clientela demanda. Esta restricción no solo afecta sus ingresos, sino que también ilustra la falta de coherencia en la aplicación de normativas, ya que otras tiendas en la zona operan sin las mismas limitaciones. Maribel Silvera, quien también enfrenta restricciones similares en su minimarket, ha experimentado la frustración de ver cómo su negocio se ve afectado por límites horarios que no responden a la realidad del consumidor. La sensación de que las reglas son arbitrarias y no se sustentan en criterios objetivos es un sentimiento compartido entre muchos emprendedores que buscan adaptarse a las dinámicas del mercado. A través de la Clínica Jurídica, Tudela aspira a generar una mayor conciencia entre los ciudadanos sobre sus derechos, al mismo tiempo que busca establecer un entorno en el que la administración pública actúe como un aliado y no como un obstáculo. Este enfoque es crucial en un país donde la burocracia puede ser un freno significativo para la innovación y el crecimiento económico. El marco legal que respalda esta clínica se ha fortalecido con la aprobación de la Ley que mejora el procedimiento de denuncia ante el Indecopi, un avance que ha facilitado el acceso a la justicia para los emprendedores. Tudela ha enfatizado la importancia de que los ciudadanos sepan cómo presentar sus denuncias de manera efectiva, brindando recursos como guías prácticas que explican los pasos a seguir. Los expertos en derecho municipal, como Johnny Zas Friz, apoyan este tipo de iniciativas, argumentando que las autoridades deben equilibrar el interés general con las necesidades del comercio local. Las restricciones impuestas por los gobiernos locales deben ser razonables y justificadas, evitando caer en prácticas arbitrarias que limiten la competencia y la iniciativa privada. La Clínica Jurídica representa un avance significativo en la lucha contra la burocracia que ahoga a los emprendedores peruanos. Sin embargo, es solo el primer paso en un largo camino hacia un entorno más favorable para el emprendimiento. La colaboración entre los emprendedores, la ciudadanía y las autoridades es esencial para construir un sistema que fomente el desarrollo económico y respete los derechos de todos los actores involucrados. En definitiva, esta iniciativa no solo busca resolver problemas inmediatos, sino que también aspira a transformar la cultura administrativa en Perú, promoviendo un enfoque que priorice la agilidad y la eficiencia en la regulación, permitiendo así que los emprendedores se concentren en lo que verdaderamente importa: hacer crecer sus negocios y contribuir al desarrollo económico del país.