Crisis en Venezuela: anulación de pasaportes agrava represión a periodistas y activistas

La situación en Venezuela se ha vuelto cada vez más tensa y preocupante, especialmente para aquellos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y al ejercicio periodístico en el país. Con el reciente anuncio de que el gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado a anular pasaportes a periodistas y defensores de derechos humanos, la inquietud entre estos sectores ha crecido exponencialmente. Desde el 29 de julio, tras las elecciones presidenciales que marcaron el inicio de una nueva fase en la crisis política venezolana, al menos 16 casos han sido documentados, lo que indica un patrón alarmante de represión. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, ha sido un vocero clave en la denuncia de esta situación. Él subraya que esta medida no solo representa una restricción a la movilidad, sino que también vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución Nacional. "Estamos frente a una violación de los derechos ciudadanos, que atenta contra el libre desplazamiento", sostiene, resaltando la gravedad de la anulación de pasaportes en un contexto donde el miedo y la censura prevalecen. La anulación de pasaportes no es un hecho aislado. Históricamente, el gobierno de Maduro ha utilizado esta estrategia como herramienta de represión. Entre 2016 y 2019, muchos opositores, artistas y defensores de derechos humanos sufrieron restricciones similares, lo que les impidió salir del país. La reactivación de esta práctica coincide con un momento crítico para el régimen, tras la reciente elección presidencial, lo que sugiere una respuesta del gobierno ante la creciente presión nacional e internacional. Un informante vinculado al Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) ha indicado que la anulación de pasaportes se realiza desde instancias superiores, y no por decisiones locales. Esto agrega un nivel de opacidad y arbitrariedad a un proceso que ya es considerado injusto. La falta de claridad sobre quiénes son los responsables de estas decisiones y bajo qué criterios se toman, solo agrava la incertidumbre entre periodistas y activistas. La magnitud de esta crisis ha llevado a que muchos en el sector académico y de activismo social se sientan en la cuerda floja. Una activista de derechos humanos ha compartido su experiencia al confirmar que su pasaporte, que no expiraba hasta 2032, ha sido anulado sin previo aviso. "Por ahora no pienso solicitar otro, ni viajar. Sería un riesgo innecesario", confiesa, reflejando el clima de miedo que se ha instaurado en el país. La reciente detención de figuras prominentes, como Aura Janesky Lehmann y Edni López, ha elevado aún más las alarmas. Ambas fueron apresadas en el aeropuerto de Maiquetía bajo la acusación de irregularidades con sus documentos. Este tipo de intimidación es un claro mensaje del gobierno: la disidencia y la búsqueda de justicia no serán toleradas. Otro caso significativo es el de Yendri Velásquez, un activista de derechos humanos que planeaba asistir a una sesión de la ONU en Ginebra. Su detención en el aeropuerto, junto con la anulación de su pasaporte, no solo le impidió cumplir con su misión, sino que también provocó que otros grupos desistieran de participar en eventos internacionales por temor a represalias. "Esto impacta negativamente en la capacidad de las organizaciones para operar y hacer su trabajo", advierte Correa. La comunidad internacional observa con preocupación estas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Las acciones del gobierno de Maduro no solo ponen en peligro la vida y el trabajo de los ciudadanos, sino que también socavan las bases de la democracia y el estado de derecho en el país. La anulación de pasaportes y la represión de voces críticas son una clara señal de que el régimen está dispuesto a mantener su control a cualquier costo. A medida que la situación se desarrolla, la pregunta que queda en el aire es qué medidas tomarán los organismos internacionales y las naciones democráticas frente a estos abusos. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de pronunciarse y actuar ante tales violaciones de derechos humanos, para que los ciudadanos venezolanos puedan recuperar su derecho a la libertad y la justicia. En este contexto, la lucha por la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela continúa siendo un desafío monumental.