Preocupación por decisión de ampliar prisión preventiva a Pedro Castillo

El abogado de Pedro Castillo ha manifestado su preocupación ante la reciente decisión de ampliar el plazo de prisión preventiva de su defendido, argumentando que esta medida busca victimizar al exmandatario y que responde a una óptica política peligrosa. Según sus declaraciones, esta situación se enmarca en un contexto de criminalización de la justicia y politización del sistema judicial, lo cual considera que representa un riesgo para el país en su conjunto. El abogado también aclaró que la solicitud de asilo a la embajada mexicana no fue realizada por Pedro Castillo, sino por su defensa. Según explicó, se trata de un documento emitido por la propia embajada y en el cual el exmandatario no habría intervenido de manera directa. Esta aclaración busca deslindar a Castillo de la responsabilidad en la gestión del asilo y resaltar que fue una decisión tomada por su equipo legal. Cabe recordar que Pedro Castillo generó controversia al ordenar, a través de un mensaje a la Nación, el cierre del Congreso y la reorganización de diversas instituciones del Estado, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, el 7 de diciembre del 2022. Estos actos llevaron a que fuera acusado por el presunto delito de rebelión y que la Fiscalía solicitara una condena de 34 años de cárcel en su contra. La ampliación del plazo de prisión preventiva de Pedro Castillo de 14 a 18 meses ha generado reacciones encontradas en la opinión pública y en el ámbito político del país. Mientras algunos sectores respaldan esta decisión como parte de un proceso judicial en curso, otros, como el abogado del exmandatario, la interpretan como una maniobra para perjudicar a su cliente y presentarlo como una víctima. En medio de este escenario tenso, se vislumbra un panorama judicial complejo para Pedro Castillo, quien enfrenta acusaciones graves relacionadas con su gestión como presidente y con las decisiones tomadas durante su mandato. La defensa del exmandatario continuará argumentando en su favor y buscando demostrar su inocencia en los cargos que se le imputan. Por su parte, las autoridades judiciales deberán velar por un proceso transparente y justo, garantizando el derecho a la defensa de Pedro Castillo y respetando los principios del debido proceso. La sociedad peruana sigue de cerca este caso, que no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas y sociales de gran envergadura. En este contexto, resulta fundamental que se respeten los derechos fundamentales de todas las partes involucradas y que se permita que la justicia actúe de manera imparcial y objetiva en la determinación de la responsabilidad de Pedro Castillo en los hechos que se le imputan. El caso del exmandatario sigue generando debate y controversia en Perú, y se espera que el sistema judicial pueda esclarecer los hechos de manera transparente y conforme a derecho.