El Caso Cócteles: juicio a Keiko Fujimori por presunto lavado de dinero

El Caso Cócteles, posiblemente el proceso judicial más complejo y de mayor perfil que la política peruana ha visto en la última década, está llegando a su etapa final. El Poder Judicial tiene previsto comenzar el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 45 acusados por presuntas contribuciones ilícitas a sus campañas en 2011 y 2016 el próximo lunes 1 de julio a las 9:00 a.m. El juicio está bajo la jurisdicción del Tercer Tribunal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE). El tribunal está compuesto por los jueces Juana Caballero García (presidenta), Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias. Uno de ellos será seleccionado como director del debate, quien liderará las sesiones y posteriormente redactará el proyecto de sentencia. Antes de escuchar los argumentos de las partes y antes de que se evalúen las pruebas, se espera que la primera sesión se centre en el debate sobre si el juicio procederá o no. Varias de las defensas, incluida la de Keiko Fujimori, han presentado apelaciones que podrían resultar en que el juicio no tenga lugar o que el caso retroceda a la etapa anterior, la audiencia de acusación. Si el tribunal decide proceder con el juicio, la fiscalía podrá presentar sus argumentos iniciales, resumiendo los cargos y las penas solicitadas contra todos los acusados. Esto será seguido por los argumentos del fiscal de lavado de dinero y todas las defensas. Solo después de esto comenzarán los interrogatorios de testigos y la evaluación de pruebas. El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, acusa a la líder de Fuerza Popular de lavado de dinero, de ser parte de una organización criminal, de obstruir la justicia, de falsedad genérica y de declaraciones falsas en un procedimiento administrativo. Está buscando una sentencia de 30 años y 10 meses, así como 15 años y 5 meses de inhabilitación. La defensa rechaza todos los aspectos de la acusación y cuestiona la forma en que el caso ha llegado a esta etapa. Mientras tanto, la Fiscalía de Lavado de Activos busca una reparación civil total de S/ 151,063,509.84. Para el juicio, la fiscalía tiene una lista de 1,031 testigos, mientras que la defensa de Keiko Fujimori cuenta con 91. La evidencia documental también asciende a miles de páginas. Por lo tanto, se espera que sea un juicio largo y complejo, con la velocidad final dependiendo de la frecuencia de las audiencias del tribunal. Por ahora, se han programado sesiones para este lunes y martes. A través del juicio, finalmente se establecerá -al menos en primera instancia- si la líder de Fuerza Popular es culpable o inocente de estas acusaciones y si las presuntas contribuciones constituyen lavado de dinero. A lo largo del proceso judicial se han producido múltiples incidentes y, debido a la prominencia política de su principal acusada, ha estado bajo constante escrutinio mediático. La fiscalía acusa a Keiko Fujimori de liderar una organización criminal que lavó más de US$17,307,359.72 y S/18,000. Esto se establece en la acusación, un documento judicial de más de 6,000 páginas que resume los cargos y que fue revisado por El Comercio. Este documento también ordena que el caso vaya a juicio. Según la teoría de la fiscalía, la mayor parte del dinero habría ingresado a través de sus campañas electorales de 2011 y 2016. Entre esa cantidad se encuentra la presunta contribución de US$1 millón de la empresa brasileña de construcción Odebrecht, vinculando así este caso al escándalo de Lava Jato en Perú. El resto provendría de empresarios nacionales. Los montos de dinero lavado, según la acusación de la fiscalía La defensa de Keiko Fujimori, liderada por la abogada Giulliana Loza, argumenta que no se recibió dinero de Odebrecht. Respecto a las contribuciones de empresarios nacionales, argumentan que no tienen un origen ilícito, por lo que no puede haber lavado de dinero, y en el peor de los casos, sería una infracción administrativa. Las penas más severas solicitadas por la fiscalía son para los miembros de la supuesta 'jefatura' de la organización criminal. Al igual que a Keiko Fujimori, también se solicitan 30 años y 6 meses de prisión para los acusados Jaime Yoshiyama, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, José Chlimper y Adriana Tarazona. Para el resto, se buscan penas que van desde 22 años y 8 meses hasta 4 años y 6 meses. Entre los otros acusados se encuentra Mark Vito Villanella, exesposo de Keiko Fujimori, quien enfrenta una solicitud de 22 años de prisión por ser parte de una organización criminal y lavado de dinero, y la propia Giulliana Loza, para quien se solicitan 6 años y 6 meses por obstrucción a la justicia. El partido Fuerza Popular también aparece como una entidad legal en el caso, y se ha solicitado su disolución. Sin embargo, una ley aprobada por el Congreso este año, con el apoyo de la facción de Fujimori, podría evitar que se imponga esta sanción. Si bien las investigaciones sobre las campañas de Keiko Fujimori se remontan a 2015, el caso actual se originó en 2017. Ese año, en medio del escándalo de Lava Jato, la fiscalía peruana obtuvo acceso a una anotación encontrada en la agenda de Marcelo Odebrecht: 'incrementar a Keiko por 500 y la visito'. Al conocer esta noticia, el fiscal Germán Juárez Atoche, quien ya investigaba a Ollanta Humala por supuestas contribuciones de Odebrecht, comenzó una investigación preliminar sobre la ex candidata presidencial. En ese momento, Fuerza Popular dominaba el Congreso con una mayoría de 70 legisladores, liderados por Keiko Fujimori. En septiembre del mismo año, sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez fue asignado a la investigación. En los meses siguientes, las investigaciones se ampliaron no solo a la presunta contribución de Odebrecht, sino también a otras contribuciones no registradas en las campañas de 2011 y 2016. La investigación estuvo marcada por diferentes eventos y procedimientos. En diciembre de 2017, el fiscal Pérez allanó las instalaciones de Fuerza Popular, y en octubre de 2018, obtuvo la detención preliminar de Keiko Fujimori y los principales sospechosos. Aunque esta medida fue revocada, luego logró una detención preventiva de 36 meses que fue confirmada en apelación. En 2019, la Corte Suprema confirmó la detención preventiva inicial pero la redujo a 18 meses. A principios de ese año, el juez Richard Concepción Carhuancho, inicialmente a cargo del caso, fue reemplazado por el juez Víctor Zúñiga. En noviembre, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de la ex candidata presidencial. Poco después, sin embargo, la fiscalía reafirmó su solicitud de detención preventiva. En enero de 2020, el juez Zúñiga emitió la medida por segunda vez. A pesar de esto, en mayo de ese año y en medio de la pandemia, la sala de apelaciones revocó la decisión. Desde entonces, Keiko Fujimori ha estado bajo proceso con restricciones. Actualmente, no tiene restricciones para salir de Lima o viajar al extranjero. En marzo de 2021, la fiscalía cerró la investigación y presentó su acusación al Poder Judicial. En ese momento, Keiko Fujimori estaba en medio de la campaña presidencial de primera vuelta. El juez Víctor Zúñiga inició las audiencias de control de acusación en agosto de ese año. Durante el control de acusación, el juez devolvió varias veces la solicitud a la fiscalía para correcciones. Toda esta etapa inicial del control de acusación finalizó en agosto de 2022. Posteriormente, el juez rechazó las apelaciones presentadas por Keiko Fujimori y sus coacusados para archivar el caso en esa etapa sin pasar a juicio. Todo este proceso duró hasta mayo de 2023 cuando concluyeron las audiencias de control de acusación. Seis meses después, en diciembre, el juez emitió la orden de acusación. En enero de 2024, el juicio fue asignado por sorteo al Tercer Colegiado Penal de la CSNJPE, y el inicio estaba programado para el 1 de julio de 2024. Estrictamente desde un punto de vista legal, el juicio tiene como objetivo proporcionar una respuesta a una pregunta que ha estado abierta durante casi siete años: si las presuntas contribuciones de las campañas recibidas por el fujimorismo realmente ocurrieron y si constituyen lavado de dinero. Por ahora, el Poder Judicial solo ha autorizado que el caso vaya a juicio para que todas estas cuestiones se decidan allí. La responsabilidad penal de los acusados se determinará en esta etapa. En una entrevista con El Comercio, la abogada Giulliana Loza cuestionó tanto el fondo como la forma del caso de la fiscalía. Afirmó que se presentó después de un cierre abrupto de la investigación en marzo de 2021, "en medio de una campaña electoral" y con procedimientos pendientes. Según la defensa, esto provocó desorden en el desarrollo del caso durante el control de acusación, en el que el tribunal devolvió la solicitud a la fiscalía varias veces. También hubo defectos en la posterior orden de acusación, el documento por el cual el Poder Judicial ordenó que el caso vaya a juicio en diciembre de 2023. "Hemos solicitado su nulidad porque consideramos que es defectuosa. Tiene inexactitudes fácticas, no cumple con los requisitos de los medios de prueba y se ha aceptado pruebas extemporáneas", comentó. Si el Poder Judicial falla a favor de la defensa al inicio del juicio, significará que el juicio no tendrá lugar, que el caso volverá a la etapa de control de acusación y que se tendrá que emitir una nueva orden de acusación. "Nos han respondido y aclarado que este es uno de los primeros temas que se abordarán", dijo. También mencionó que el expediente judicial se notificó por completo a la defensa el 17 de junio. "Consta de 785 tomos, con 500 páginas por tomo. Faltan más de 1,300 páginas. Casi 100 páginas son ilegibles. Ayer, el tribunal nos notificó, estando de acuerdo con nosotros. Han ordenado que se complete. A pesar de esto, la fecha sigue sin cambios". Sin embargo, la abogada aseguró que su cliente asistirá a la audiencia de instalación del juicio. "Vamos a ir. Keiko está tranquila, está lista para estar presente en esta audiencia. Lo único que exigimos es que si vamos a iniciar una etapa tan importante y crucial del proceso, para evitar futuras nulidades, se haga correctamente". Respecto al fondo de la acusación, Loza afirmó que la fiscalía misma argumenta que las contribuciones de empresarios peruanos son "de origen lícito". "Las supuestas contribuciones hechas por Rasmuss, hechas por el señor Romero, en la teoría del Ministerio Público, no tienen matices ilícitos. El dinero no puede ser lavado si proviene de una fuente legal. No veo cómo podrán probar [el lavado de dinero]". En cuanto a la presunta contribución de Odebrecht, la abogada afirmó que Jorge Barata mismo declaró que "no puede confirmar que el dinero haya ingresado al partido". "Si lo que se está reclamando es una supuesta simulación de aportantes, estamos hablando de un problema administrativo, no de un delito de lavado de dinero". También mencionó que el uso de declaraciones de testigos brasileños se resolverá a medida que avance el juicio. Sin embargo, señaló que el sistema de justicia brasileño ya ha "ordenado" que antiguos ejecutivos como Marcelo Odebrecht y Jorge Barata no testifiquen en este juicio. Loza también mencionó que han solicitado la exclusión del fiscal José Domingo Pérez del proceso. La solicitud también está relacionada con declaraciones hechas por Jaime Villanueva, exasesor de la ex fiscal general Patricia Benavides, que llevaron a una investigación fiscal de Pérez. Aunque la solicitud fue rechazada en el nivel de su fiscalía superior, afirmó que la solicitud está pendiente ante una fiscalía suprema. "No estamos tratando con un fiscal objetivo", dijo. La abogada estimó que el juicio duraría un mínimo de dos años, considerando el precedente del juicio de Ollanta Humala, que es un caso similar pero con un menor número de acusados. "Todo lo que exigimos es que las cosas se hagan correctamente. Keiko estará allí, a pesar de que, como defensa, tenemos que asegurar que sus derechos no sean violados". Se abstuvo de hacer comentarios sobre los jueces que presiden el juicio. "Todo lo que exigimos, de manera muy respetuosa, es que las audiencias se lleven a cabo con imparcialidad, con el debido respeto a los derechos de ambas partes, garantizando la igualdad de armas". Sin embargo, expresó la esperanza de que la atención mediática sobre el juicio "no tenga una influencia negativa". "Sinceramente esperamos que esta influencia no genere un 'juicio paralelo', un 'juicio mediático', donde podríamos tener jueces que podrían sentirse presionados para tomar una decisión". Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez le dijo a El Comercio que se acerca al inicio del juicio "con la confianza de que la fiscalía ha hecho su trabajo al presentar un caso sólido, con pruebas que se actuarán durante el juicio, y que en última instancia serán los jueces quienes tendrán que determinar la responsabilidad penal de todos los acusados e imponer la sentencia si las pruebas se presentan adecuadamente". Respecto a las solicitudes para evitar que el juicio tenga lugar o sea pospuesto, el fiscal cree que en base al historial de la CSNJPE en casos similares, esto es poco probable que suceda. "Estos seguramente serán temas que se debatirán o se buscarán debatir antes de que se instale el juicio. Pero confiamos en que los jueces seguirán los criterios de los otros casos que están juzgando, y se llevará a cabo la instalación". En este sentido, el principal objetivo de la fiscalía para la primera sesión es lograr que se instale el juicio. "Las defensas han buscado, dentro y fuera del proceso, con toda una campaña para desacreditarnos, evitar que este momento suceda. Para nosotros, es muy importante que se logre la instalación". Después de la instalación, se espera que el Ministerio Público comience con sus argumentos iniciales para respaldar sus cargos. Esto será seguido por la Fiscalía de Lavado de Activos y las defensas de los acusados. Respecto a su continuidad a cargo del caso, del cual la defensa de Keiko Fujimori busca excluirlo, Pérez afirmó que estos mecanismos se le han aplicado desde que asumió esta investigación. "Esperamos que no solo se me permita presentar la acusación, sino también llevar a cabo todo el juicio". Preguntado sobre si se siente respaldado por la institución de cara al juicio, respondió que se siente "respaldado por el fiscal coordinador Rafael Vela, y creo que se trabajará a nivel del equipo especial". En el juicio de Ollanta Humala por presuntas contribuciones de Odebrecht, las defensas lograron que un juez brasileño prohibiera a los testigos testificar para la justicia peruana. Respecto a la posibilidad de que esto ocurra en el juicio de Keiko Fujimori, el fiscal dijo que "no me sorprendería si también plantean este tema". "Uno de los abogados, Humberto Abanto, ha declarado públicamente que ha estado solicitando esto en Brasil. Aunque esto aún no ha ingresado al proceso como una solicitud, entendemos que seguramente se hará. Pero debe tenerse en cuenta que los ejecutivos de Odebrecht han estado testificando en otros juicios [...]. Tendremos que esperar y ver, cuando llegue el momento, la posición que adoptarán la justicia brasileña y los jueces peruanos," dijo. Respecto a los jueces que presiden el juicio, Pérez destacó que son magistrados "con experiencia en este tipo de casos complejos y