Lucha contra el VIH en riesgo: retrocesos políticos amenazan avances logrados

La lucha contra el VIH, una de las pandemias más devastadoras de la historia reciente, se encuentra en una encrucijada crítica. A pesar de los avances científicos que han permitido el desarrollo de una nueva inyección de acción prolongada, capaz de ofrecer protección durante seis meses con una sola dosis, el panorama de la salud pública está amenazado por un auge del populismo y por políticas regresivas que ponen en riesgo los logros alcanzados en la última década. Esta situación plantea la posibilidad de un retroceso monumental en la lucha contra el VIH. El Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR), un programa bipartidista en los Estados Unidos que ha salvado aproximadamente 25 millones de vidas desde su creación, enfrenta un escrutinio sin precedentes. El desmantelamiento de esta iniciativa podría dejar a millones sin acceso a medicamentos esenciales, poniendo en grave riesgo el avance en la prevención y tratamiento del VIH en países de ingresos bajos y medianos. La preocupación inicial por el impacto devastador del SIDA en estas naciones sigue siendo relevante, pero el contexto político actual amenaza con revertir los progresos alcanzados. En este ambiente tenso, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) se encuentran bajo presión, con algunos legisladores cuestionando la validez de décadas de investigación científica en el campo del VIH. La designación de figuras como Robert F. Kennedy Jr. como potencial secretario de salud de EE. UU. añade una capa adicional de riesgo. Su escepticismo hacia las vacunas y su negación de la relación entre el VIH y el SIDA resaltan un preocupante desprecio por la evidencia científica. Este tipo de negacionismo científico, si se consolida en el gobierno, podría llevar a un debilitamiento de las políticas de salud pública que son fundamentales en la lucha contra el VIH. Las restricciones a los derechos humanos también siguen siendo una barrera significativa en la respuesta global al VIH. En 2024, Uganda ratificó una de las leyes antigay más severas del mundo, un hecho que refuerza la correlación entre leyes punitivas y tasas más altas de VIH. Este patrón se repite en muchas naciones, especialmente en África subsahariana, donde la criminalización de relaciones entre personas del mismo sexo contribuye a la propagación de la epidemia. En Rusia, las políticas restrictivas hacia las comunidades LGTBIQ+ y las leyes punitivas sobre drogas continúan exacerbando la crisis del VIH. Es esencial reconocer que socavar la ciencia y los derechos humanos abre la puerta a futuras pandemias. A medida que el mundo se enfrenta a brotes emergentes como la mpox y la gripe aviar H5N1, el VIH podría ser el siguiente en la lista. Sin embargo, una estrategia efectiva para revertir esta tendencia implica defender y promover los derechos humanos como un componente clave de la salud pública. Las políticas que protegen a poblaciones vulnerables y eliminan la criminalización son indispensables para prevenir la propagación del VIH y garantizar un acceso equitativo a tratamiento y prevención. La experiencia acumulada en cuatro décadas de lucha contra el VIH demuestra que la participación activa de la sociedad civil es crucial. El activismo de las comunidades más afectadas ha moldeado políticas de salud y ha asegurado que las necesidades de los grupos vulnerables sean atendidas. Sin embargo, la continua restricción de la financiación a estas organizaciones, a menudo por parte de gobiernos que temen el activismo, representa una amenaza directa a la respuesta al VIH. Proteger el espacio de la sociedad civil no es solo una cuestión de justicia social; es una estrategia de salud pública que salva vidas. Los esfuerzos recientes para establecer un nuevo tratado pandémico en la OMS han fracasado en gran medida. Este tratado debería haber abordado las desigualdades que se hicieron evidentes durante la pandemia de COVID-19, pero la falta de acuerdo destaca cómo las dinámicas geopolíticas pueden socavar la salud pública. Es imperativo que se escuche la voz de aquellos que han estado en la primera línea de la lucha contra el VIH y que se priorice la equidad en salud en todas las negociaciones futuras. La reintroducción de la Política de Mordaza Global, que prohíbe la financiación a organizaciones que ofrecen servicios de aborto o información relacionada, es otra ilustración de cómo las agendas políticas pueden socavar la respuesta al VIH. Esta política no solo limita el acceso a la atención reproductiva, sino que también ha sido vinculada a un aumento en las nuevas infecciones por VIH. Dado que Estados Unidos representa dos tercios de la financiación global para el VIH, esta regresión sería devastadora para los programas de salud pública en todo el mundo. La caída en la financiación de programas de VIH en 2024, que se ha reducido a menos del 50% de lo disponible en 2015, es alarmante. Instituciones como el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria han sido fundamentales en salvar vidas, y su desfinanciación podría llevar a un aumento dramático en las nuevas infecciones y muertes por VIH. La cooperación en salud global depende de un compromiso sólido y sostenido de los países, y es crucial que se priorice la financiación para abordar esta crisis de salud pública. En conclusión, el futuro de la lucha contra el VIH se encuentra en una encrucijada. Es imperativo que se unan ciencia, política y sociedad civil para frenar el retroceso y construir sobre los logros alcanzados. La defensa de los derechos humanos y la promoción de políticas inclusivas son no solo una cuestión de justicia, sino también de salud pública. A medida que enfrentamos nuevos desafíos, debemos aprender de la historia y asegurarnos de que la lucha contra el VIH no solo se mantenga, sino que prospere en un mundo que necesita desesperadamente progresar.