Servicios de Orientación Jurídica: un aliado para defensores de derechos humanos

La necesidad de servicios de orientación jurídica para poblaciones clave es un tema que ha cobrado relevancia en la sociedad contemporánea, especialmente en el contexto de la lucha contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. A pesar de los avances legislativos que garantizan la igualdad ante la ley y la no discriminación, muchas personas siguen enfrentándose a barreras que limitan su acceso a servicios de salud y a la protección de sus derechos. Entre estas poblaciones se encuentran las personas transgénero, los hombres que tienen sexo con hombres, y aquellos que viven con VIH, quienes son a menudo objeto de estigmatización y discriminación. La Constitución de la República establece que todas las personas son iguales y gozan de derechos sin discriminación; sin embargo, la realidad social muestra que persisten prejuicios y conductas que afectan a grupos vulnerables. Esto es particularmente preocupante en el contexto del VIH, donde la estigmatización puede tener consecuencias graves en la salud pública al limitar el acceso a atención médica adecuada y oportuna. La violencia de género y la desigualdad estructural también se suman a este complejo entramado, agravando aún más la situación de estos grupos. Frente a esta problemática, Cuba ha diseñado una respuesta que incorpora un enfoque de derechos humanos en su estrategia de prevención y control del VIH. El Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Control de las ITS y el VIH se centra en reducir las actitudes discriminatorias y garantizar que las personas que viven con el VIH tengan acceso a servicios de salud adecuados y sin prejuicios. En este contexto, los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) emergen como una herramienta fundamental para apoyar a las poblaciones clave en la defensa de sus derechos. Los SOJ se enfocan en ofrecer información, asesoramiento legal y representación a aquellos que enfrentan discriminación o violencia debido a su condición serológica o identidad de género. Este enfoque integral busca no solo abordar las necesidades legales de estos individuos, sino también empoderarlos en la reivindicación de sus derechos. Desde su instauración en 2019, estos servicios se han consolidado en todo el país, además de ser gestionados por equipos multidisciplinarios que incluyen juristas, especialistas en género y trabajadores sociales, todos comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Desde su inicio, se han identificado diversas formas de acceso a estos servicios, incluyendo la atención cara a cara y la posibilidad de realizar consultas a través de medios electrónicos. Esta flexibilidad es crucial, dado que muchas personas que pertenecen a grupos vulnerables pueden experimentar temor o desconfianza al buscar ayuda. La confidencialidad y el respeto a la intimidad son principios fundamentales que guían el trabajo de los SOJ, garantizando que las personas se sientan seguras al compartir sus experiencias y necesidades. Uno de los principales enfoques de los SOJ es la identificación de barreras estructurales que limitan el acceso a servicios de salud. Esto incluye no solo la atención médica, sino también el acceso a recursos legales y sociales que son esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Al proporcionar una atención integral y específica para sus necesidades, los SOJ se convierten en un aliado valioso en el proceso de restitución de derechos. La lucha contra la discriminación y la violencia de género es otra de las áreas clave en las que los SOJ están comprometidos. La violencia basada en género no solo afecta a las mujeres, sino que también tiene un impacto significativo en hombres y personas de otras identidades de género. Por ello, el trabajo de sensibilización y capacitación sobre temas de género se vuelve esencial para desarticular estereotipos y actitudes que perpetúan la desigualdad. A medida que se avanza en la implementación de los SOJ, se enfrentan retos significativos, como la desnaturalización de actitudes discriminatorias y la promoción de un enfoque de derechos más inclusivo en la sociedad cubana. Estas acciones son necesarias para garantizar que todas las personas, independientemente de su condición serológica, puedan acceder a servicios de salud y justicia sin temor a ser señaladas o rechazadas. Finalmente, es importante considerar que los Servicios de Orientación Jurídica no solo sirven como un mecanismo de defensa para grupos vulnerables, sino que también funcionan como un puente entre la comunidad y las instituciones estatales. Esto facilita el diálogo y la cooperación entre diferentes actores en la lucha contra el VIH y la promoción de los derechos humanos, creando un entorno más propicio para la inclusión y el respeto. Así, el futuro del trabajo en este ámbito dependerá de la capacidad de las sociedades para reconocer la diversidad y garantizar que cada persona tenga voz y acceso a sus derechos, sin importar su condición o identidad.