Crisis en salud pública: alertan por falta de medicamentos para VIH y tuberculosis

La situación de la salud pública en el país se encuentra en un punto crítico, especialmente para los pacientes que padecen enfermedades como el VIH, hepatitis y tuberculosis. Desde el Frente Nacional VIH, Hepatitis y Tuberculosis han levantado la voz de alarma ante lo que consideran un desguace de los servicios de salud, centrando su atención en la inacción del Ministerio de Salud en torno a la compra de medicamentos esenciales. Desde 2023, el presupuesto destinado a estos servicios se ha mantenido estancado, a pesar de que la inflación ha alcanzado cifras alarmantes: 211,4% en 2023 y 117,8% en 2024. El impacto de esta falta de ajuste presupuestario se agrava por el aumento en el diagnóstico de estas enfermedades, lo que ha puesto en evidencia la incapacidad del Estado para garantizar el acceso a tratamientos adecuados y oportunos. Los datos presentados por la ONG son contundentes: en un contexto donde los casos de tuberculosis han aumentado casi un 20%, la sífilis sigue en una trayectoria de crecimiento exponencial, y las nuevas notificaciones de VIH, así como la mortalidad por sida, también están en ascenso. Las autoridades de salud, específicamente el Ministro Mario Lugones y el viceministro Alejandro Vilches, han declarado que las funciones de las coordinaciones de Tuberculosis y Hepatitis serán integradas en la Dirección de VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis. Sin embargo, esto ha sido interpretado como un intento de desmantelar estructuras que han demostrado ser efectivas en la lucha contra estas enfermedades. La reciente circulación de documentos que indican que los contratos del personal con experiencia y compromiso en esta área vencen el 31 de enero de 2025 ha generado gran preocupación entre los trabajadores y defensores de la salud pública. Desde el año pasado, el Frente Nacional ha reclamado de manera continua la falta de compras concretas de tratamientos, así como los cambios arbitrarios en los tratamientos para el VIH. Esta problemática no se limita a los medicamentos, sino que también incluye las demoras significativas en la adquisición de insumos y reactivos necesarios para el diagnóstico de estas enfermedades. La decisión de mantener el mismo presupuesto aprobado en 2023 para el año 2025, en un contexto de creciente demanda y necesidades urgentes, ha intensificado las críticas hacia el gobierno. La organización ha indicado que la falta de inversión no solo es un problema financiero; es, en esencia, una cuestión de derechos humanos. Al incumplir la Ley de Respuesta Integral 27.675, que establece que el Estado Nacional es responsable de la atención integral en salud, las autoridades están fallando en su deber de proteger a la población más vulnerable. Este incumplimiento se convierte en un factor de riesgo que podría derivar en una crisis sanitaria de mayores proporciones. Las denuncias sobre la falta de convocatoria a la Reunión de la Comisión Nacional de VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis son otra señal de alarma. Esta inacción no solo obstaculiza la coordinación de esfuerzos entre las diversas entidades y organizaciones, sino que también limita la posibilidad de implementar políticas efectivas que respondan a las necesidades críticas de los pacientes. Ante este panorama desolador, la comunidad de pacientes, junto con organizaciones no gubernamentales y profesionales de la salud, están demandando una respuesta inmediata y efectiva por parte del gobierno. La situación exige un compromiso claro de las autoridades para garantizar que los pacientes con VIH, hepatitis y tuberculosis reciban el tratamiento que necesitan, así como la atención adecuada que les permita llevar una vida digna y saludable. La salud pública es un asunto que trasciende las cifras y los presupuestos, afecta la vida cotidiana de miles de personas que dependen del sistema de salud para su supervivencia. La falta de acción o la correcta ejecución de políticas públicas en este sector podría llevar a un retroceso en años de avances en la lucha contra enfermedades que son completamente tratables y prevenibles. En conclusión, el llamado a la acción es urgente. Las organizaciones de la sociedad civil, junto con los pacientes y sus familias, deben permanecer vigilantes y continuar presionando para que el Estado cumpla con su responsabilidad y se garantice el derecho a la salud para todos, sin distinciones ni excusas. La salud pública no puede seguir siendo objeto de recortes presupuestarios, sino que debe ser prioritaria en la agenda gubernamental.