Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Mundo 07.03.2025
La Ley Modelo de Extinción de Dominio de la ONU exige probar vínculos con delitos graves antes de incautar bienes. Sin embargo, la aplicación de esta norma en Perú ha expuesto un alarmante abuso que ha dejado a empresarios y trabajadores legales en situaciones desesperadas.
Una herramienta pensada para mafias, no para empresarios
Inspirada en la Ley Modelo de la ONU, la Ley de Extinción de Dominio tiene como propósito principal la incautación de bienes procedentes de delitos graves como el narcotráfico y el crimen organizado. Su artículo 5 subraya la presunción de buena fe de los propietarios, permitiendo la incautación solo de bienes directamente relacionados con actividades ilícitas. En teoría, una medida para desmantelar redes criminales.
No obstante, en el Perú, esta ley ha sido aplicada con excesiva severidad, afectando a ciudadanos y empresarios sin pruebas contundentes que demuestren vínculos delictivos. Tres casos recientes evidencian esta distorsión.
La tragedia de la familia Bulnes
Carmen Bulnes Cueva, empresaria de Nuevo Chimbote, fue víctima de esta aplicación desproporcionada. En 2022, las autoridades incautaron sus dos propiedades, acusándola de tráfico ilegal de residuos peligrosos. A pesar de que un año después el caso fue archivado por falta de pruebas, sus bienes permanecieron bajo custodia del PRONABI. La pérdida de sus propiedades y la falta de justicia afectaron gravemente su salud mental. En 2023, Carmen falleció y su cuerpo fue velado frente a una de las casas incautadas, como protesta. “Murió de depresión. La justicia le arrebató todo sin pruebas”, lamentó su hermano, Jorge Bulnes.
El caso de Pastor Flores: un bus que sustenta a 15 familias
Pastor Flores, dueño de Transporte Flores, enfrentó una situación similar. Un pasajero transportó conchas de abanico sin autorización en uno de sus buses, lo que resultó en la incautación del vehículo, pese a que la empresa no tuvo responsabilidad directa. Esta medida puso en riesgo el sustento de 15 familias dependientes del bus, evidenciando cómo la ley afecta desproporcionadamente a pequeños empresarios.
Pesca en crisis: El miedo en alta mar
El sector pesquero tampoco está exento. Miguel Lévano, pescador industrial, ha visto cómo embarcaciones son incautadas arbitrariamente, sumiendo a sus dueños en una crisis económica. “He visto cómo incautan embarcaciones y tratan a nuestros compañeros como delincuentes. Solo queremos trabajar y mantener a nuestras familias”, denunció.
La falacia de la presunción de buena fe
La Ley Modelo de la ONU es clara: los bienes solo pueden ser incautados si existe una conexión directa y probada con actividades ilícitas. Sin embargo, en Perú, las autoridades aplican la ley incautando primero y preguntando después. Incluso cuando fiscales ambientales o penales descartan delitos, las propiedades no son restituidas.
La distorsión de la ley y la tragedia de la justicia
La Ley de Extinción de Dominio, creada para combatir el crimen organizado, se ha convertido en una trampa legal para empresarios y trabajadores. Mientras Carmen Bulnes murió esperando la devolución de sus bienes, Pastor Flores lucha por recuperar su bus, y miles de pescadores viven con el temor de perder sus embarcaciones sin razón justificada.
Una ley que debía ser un escudo contra las mafias se ha transformado en una amenaza para quienes operan dentro de la legalidad. Es momento de replantear su aplicación y garantizar que la justicia no castigue a los inocentes.
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