
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




El pasado domingo, más de 10.000 pasajeros nacionales y extranjeros se vieron afectados por el caos desencadenado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. La cancelación, reprogramación o desvío de vuelos se convirtió en una pesadilla para aquellos que debían viajar, generando una situación de total desamparo e incertidumbre. La incapacidad de respuesta y la falta de asunción de responsabilidades por parte de las autoridades competentes han dejado en evidencia las graves deficiencias en la infraestructura aeroportuaria del país.
El origen del colapso se remonta a las 6 p.m. del domingo, cuando un cortocircuito en el sistema eléctrico de la pista de aterrizaje obligó a la empresa Lima Airport Partners (LAP) a suspender las operaciones en el aeropuerto. A pesar de los esfuerzos por parte de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) por solventar la falla, la solución no llegó hasta las 4:45 a.m. del lunes, causando un retraso de más de 10 horas en la reanudación de los vuelos.
El presidente de Corpac, José Luis Barrios, reconoció que la falta de un plan de contingencia adecuado se debió a la antigüedad y falta de mantenimiento del cableado subterráneo de las luces de la pista de aterrizaje, que data de hace 14 años. Esta negligencia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del aeropuerto ante situaciones imprevistas, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros y la eficiencia de las operaciones aeroportuarias.
Ante la situación, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, se limitó a señalar que no buscaba culpables, sino soluciones, y que los vuelos se normalizarían en un plazo de uno a dos días. Sin embargo, la falta de respuestas concretas y la ausencia de medidas inmediatas para atender a los afectados han generado indignación y malestar entre los pasajeros varados en el aeropuerto.
La inauguración de la segunda pista de aterrizaje y su torre de control en abril del 2023, presentada como una solución a posibles incidentes, no ha sido aprovechada en esta ocasión debido a problemas técnicos como la duplicidad de imágenes causada por los vidrios de la torre. Las discrepancias entre LAP y Corpac respecto a la operatividad de esta infraestructura han dejado al descubierto la falta de coordinación y planificación en la gestión aeroportuaria.
Organismos como la Fiscalía y la Contraloría han anunciado investigaciones sobre la omisión de funciones por parte de Corpac durante el incidente, lo que podría derivar en responsabilidades políticas y técnicas. La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) ha instado a una mayor coordinación entre las entidades involucradas y a la activación de medidas de emergencia para prevenir futuros colapsos en el aeropuerto.
En medio de la crisis, las aerolíneas se han visto desbordadas por la cantidad de vuelos cancelados y pasajeros afectados, mientras que los afectados denuncian la falta de asistencia por parte de Corpac en términos de alojamiento y alimentación, incumpliendo así los derechos de los pasajeros consagrados en la normativa vigente. La falta de respuestas claras y la descoordinación entre las autoridades competentes han dejado al descubierto la fragilidad del sistema aeroportuario peruano y la necesidad de una reestructuración urgente para garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas.
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