Comunidades indígenas de Nor Lípez luchan por agua ante explotación de litio

En el altiplano boliviano, donde la meseta árida se extiende hasta donde la vista alcanza, las comunidades indígenas enfrentan un dilema profundo y preocupante. El salar de Uyuni, que alberga la mayor reserva de litio del mundo, se encuentra en el corazón de esta región y, con él, la promesa de desarrollo económico a través de la explotación de este mineral esencial para la fabricación de baterías de autos eléctricos. Sin embargo, esta oportunidad podría convertirse en una amenaza para la vida cotidiana de los más de 14,000 habitantes de Nor Lípez, quienes dependen del agua de sus ríos para su subsistencia.

Iván Calcina, secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, expresa la preocupación de su pueblo: “No estamos en contra de la industrialización, pero queremos que nos expliquen cómo se manejará el agua y cuál será su impacto en la comunidad”. En un contexto donde el cultivo de quinua y la crianza de llamas son fundamentales para la economía local, el temor a que la explotación de litio agote los recursos hídricos es palpable. La comunidad se ha visto forzada a elevar su voz tras perder un juicio contra el Gobierno, que desestimó su demanda por la falta de consulta previa sobre la extracción de recursos no renovables.

La respuesta del Gobierno es clara: la extracción de litio a gran escala aún no ha comenzado, por lo que no corresponde realizar la consulta previa. Sin embargo, el estado de emergencia ya ha sido declarado en la comunidad, y los líderes indígenas están considerando llevar su caso al Tribunal Constitucional o incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta lucha no solo se trata de preservar el agua, sino también de garantizar que sus derechos sean respetados y que su voz sea escuchada en un proceso que cambiará su vida para siempre.

La preocupación por el agua es urgente. Un estudio del Centro de Investigación y Documentación de Bolivia estima que se requerirán 47.5 millones de metros cúbicos de agua anuales para la explotación del litio, una cifra alarmante que supera con creces la cantidad de agua que la región recibe anualmente de las lluvias. Ante esta realidad, los comunarios exigen un estudio ambiental imparcial que evalúe el impacto de la minería en su fuente de vida. Además, insisten en la necesidad de una legislación clara que regule la cantidad de agua que se utilizará para la extracción del mineral.

Luis Calcina, miembro del sindicato comunal de Río Grande, señala los problemas que ya se enfrentan: “Este año detectamos más cloro y un aumento en el nivel de bórax en nuestra agua”. La explotación minera, ya presente en la región desde la instalación de la minera San Cristóbal, ha dejado su huella, y los comunarios son conscientes de que la escasez de agua actual es en parte consecuencia de esta actividad. Sin embargo, la dependencia económica de la minería complica la situación, pues muchos de ellos han llegado a tolerar la falta de agua debido a los beneficios que trae la empresa.

La falta de agua y el temor por un futuro incierto han llevado a la comunidad a la resistencia. “Ahora, imagínate cómo nos sentimos cuando vemos que, en nuestras narices, en nuestra tierra, está trabajando gente de afuera”, se indigna Calcina. Este sentimiento de despojo se agrava al considerar que Nor Lípez es la provincia que más regalías por minería aporta al Estado, mientras que los beneficios directos para sus pobladores siguen siendo escasos.

El conflicto en Nor Lípez no es un fenómeno aislado. En el llamado “triángulo del litio”, que incluye a Bolivia, Argentina y Chile, las comunidades originarias también luchan por sus derechos ante la explotación de recursos que amenazan su forma de vida. En Argentina, las comunidades han llevado su queja hasta Bruselas, y en Chile, aunque se prometió incluir a los pueblos indígenas en la estrategia nacional del litio, la realidad ha demostrado que aún son muchas las barreras que enfrentar.

En este contexto, la comunidad de Nor Lípez se encuentra en una encrucijada. Mientras el Gobierno boliviano ve en la explotación del litio la salida a la crisis económica del país, los indígenas reclaman ser parte de la conversación y el proceso de desarrollo. “Me dijeron que somos el obstáculo para el desarrollo de Bolivia”, lamenta Calcina, señalando la desconexión entre las aspiraciones gubernamentales y las necesidades reales de su pueblo.

La explotación del litio en Bolivia, si no se maneja con responsabilidad y respeto por los derechos de las comunidades indígenas, podría convertirse en una nueva forma de colonialismo, donde el desarrollo prometido se convierte en una carga para aquellos que han habitado estas tierras durante siglos. A medida que el mundo avanza hacia una transición energética que depende del litio, la voz de las comunidades indígenas debe ser escuchada y respetada, porque su supervivencia y bienestar dependen de ello.