Un alto cargo del Departamento de Justicia sugirió ignorar los fallos judiciales contra las deportaciones: “Que se jodan”

Un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Emil Bove III, se encuentra en el centro de una controvertida polémica luego de que un exsubordinado, Erez Reuveni, denunciara que Bove sugirió ignorar fallos judiciales que frenaban las deportaciones de migrantes. Esta declaración ha suscitado un amplio debate sobre la ética y la legalidad de las decisiones tomadas durante la administración Trump, puntualmente en el contexto de su agresiva política antiinmigrante.

Según la carta de denuncia de Reuveni, que trabajó durante 15 años en el Departamento de Justicia, Bove habría instado a sus subordinados a desobedecer las órdenes judiciales, expresando su desprecio al manifestar que “se jodan” los tribunales. Esta declaración pone de manifiesto las tensiones internas dentro de la agencia y plantea serias interrogantes sobre el respeto a la ley y los derechos de los migrantes bajo la gestión del expresidente Trump.

Reuveni fue despedido tras reconocer un error del Gobierno en la deportación de un salvadoreño, Kilmar Abrego García, a quien se le había otorgado protección judicial. En su carta de 27 páginas, revelada por The New York Times, se detallan las instrucciones de Bove, quien supuestamente enfatizó la importancia de continuar con las deportaciones a pesar de las órdenes judiciales en contra, lo que podría ejemplificar un patrón más amplio de desobediencia a la autoridad judicial.

El caso que más resuena en esta denuncia es el de un vuelo que, en marzo de 2020, transportó a más de 200 migrantes venezolanos y salvadoreños hacia El Salvador. A pesar de que un juez federal emitió una orden de retorno de los aviones, la administración Trump insistió en que era demasiado tarde para cumplirla, lo que indica un posible desacato a la ley. Reuveni sostiene que Bove fue claro en su orden de que los aviones debían despegar, independientemente de la existencia de una orden judicial.

Las acusaciones de Reuveni han puesto en entredicho la integridad del liderazgo del Departamento de Justicia y resaltan las luchas internas entre los miembros que actúan en función de su deber legal y aquellos que siguen instrucciones políticas. La situación se complica aún más a medida que Bove se prepara para ser nombrado juez de un tribunal de apelaciones federal, lo que recalca la urgencia de una investigación sobre su conducta.

Reuveni, tras haber sido despedido por negarse a mentir en un caso de deportación, ha sido respaldado por sus abogados, quienes indicaron que las acciones de Bove reflejan un desprecio por el estado de derecho y un incumplimiento de las responsabilidades éticas de un abogado. La respuesta del Departamento de Justicia a estas acusaciones ha sido calificada como una defensa de lo indefendible, argumentando que las declaraciones de Reuveni son las palabras de un exempleado descontento.

El contexto de la denuncia se da en un clima de creciente tensión en la administración Trump, donde los líderes del DOJ han llevado a cabo acciones que muchos consideran un ataque directo a las instituciones democráticas. La reacción del senador Richard J. Durbin, uno de los principales demócratas del comité judicial del Senado, ha sido clara al afirmar que las acusaciones de Reuveni son indicativas de un patrón más amplio de desprecio por el estado de derecho que se ha observado en la administración.

Este escándalo no solo plantea dudas sobre la idoneidad de Bove para un puesto judicial de alto nivel, sino que también pone en tela de juicio la dirección que ha tomado el Departamento de Justicia y su compromiso con la justicia. La posibilidad de que un funcionario judicial desestime las órdenes de un tribunal es un hecho alarmante que podría sentar un peligroso precedente.

A medida que el Senado se prepara para llevar a cabo la audiencia de nominación de Bove, se espera que las declaraciones de Reuveni y las respuestas del departamento sean analizadas en profundidad. La comunidad legal y los defensores de los derechos civiles observan de cerca los acontecimientos, conscientes de que el resultado de esta situación podría tener repercusiones significativas en la política migratoria y la aplicación de la justicia en EE.UU.

En conclusión, la denuncia de Reuveni revela profundas preocupaciones sobre las prácticas en el Departamento de Justicia durante la administración Trump. La insistencia de un alto funcionario en ignorar fallos judiciales no solo desafía la autoridad de los tribunales, sino que también representa una amenaza directa al principio fundamental del estado de derecho. La veracidad de estas acusaciones merece una investigación exhaustiva, y la comunidad estadounidense debe mantenerse alerta a las implicaciones que estas acciones tienen para el futuro de la justicia en el país.