Corte Suprema ratifica condena a Cristina Fernández en un contexto electoral tenso

La Corte Suprema de Argentina ha tomado una decisión que resuena con fuerza en el panorama político del país al ratificar la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y figura emblemática del peronismo. Este fallo, que deja firme la sentencia de un tribunal inferior, se produce en un contexto complicado para la exmandataria, que había anunciado su candidatura para las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires programadas para septiembre.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti votaron por unanimidad, lo que subraya la contundencia del veredicto. La decisión podría llevar a la detención de Fernández en las próximas horas o días, un hecho que cambiaría drásticamente el rumbo de su carrera política. Sin embargo, su defensa ya ha indicado que solicitará prisión domiciliaria, un recurso al que podría acceder dada su edad, ya que Fernández supera los 70 años.

El caso por el que fue condenada, conocido como el caso Vialidad, implica la concesión irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez. Esta investigación ha estado en el centro del debate político argentino y ha levantado acusaciones de corrupción en el seno del gobierno de Fernández, así como en el de su difunto esposo, Néstor Kirchner. A pesar de haber estado al frente del país en dos ocasiones, la sombra de estas acusaciones ha seguido a la exmandataria.

La relevancia de esta decisión se intensifica dado el contexto electoral en el que se produce. La inhabilitación perpetua significa que Fernández no podrá postularse a ningún cargo público en el futuro, un golpe significativo para una figura política que ha sido un pilar del justicialismo y que, a pesar de las controversias, ha mantenido una base de seguidores leal. La noticia llega en un momento en que la expresidenta había comenzado a recuperar protagonismo en el escenario político, insurgiendo como una de las principales opositoras al actual presidente, Javier Milei.

Milei no tardó en reaccionar al veredicto, utilizando sus redes sociales para celebrar lo que considera un acto de justicia. Su comentario, breve pero contundente, refleja el clima de polarización que está presente en el país, donde la figura de Fernández sigue generando tanto apoyo ferviente como rechazo vehemente. Los comentarios de Milei también incluyeron ataques a lo que él denomina "periodistas corruptos" y a sus adversarios políticos, lo que sugiere que este fallo puede ser utilizado en su discurso político para cimentar su posición en el poder.

La narrativa de Fernández es una de la victimización en el contexto de lo que ella ha denominado "lawfare", es decir, el uso de las instituciones judiciales como arma política. En sus declaraciones previas a la decisión de la Corte, caracterizó a los magistrados como parte de una "guardia pretoriana del poder económico", lo que pone de manifiesto su visión de que el sistema judicial está siendo utilizado para silenciar a opositores políticos. Para ella, estar enfrentando estas acusaciones y condenas es un "certificado de dignidad", lo que añade una capa de complejidad a su imagen pública.

En el plano judicial, la historia de Fernández se ha desarrollado en un escenario de constantes apelaciones y revisiones. En 2022, fue condenada por administración fraudulenta, pero su posición como vicepresidenta le había otorgado ciertos fueros que le permitieron eludir la prisión inmediata. La confirmación de su condena por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 fue un punto de inflexión en su carrera, al abrir la puerta a la posibilidad de que esta vez no pudiera eludir la justicia.

La ratificación de la condena de Cristina Fernández no solo representa un cambio en su carrera personal, sino que también puede tener un efecto dominó en el Partido Justicialista y en el futuro del peronismo en Argentina. Muchos de sus seguidores ven este fallo como una maniobra política en su contra, lo que podría exacerbar la polarización en el país y llevar a un aumento de la movilización social en torno a su figura.

La situación actual es un recordatorio de cómo el sistema judicial puede influir en la política en Argentina, un país con una larga historia de tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo. La forma en que esta condena y sus implicaciones se desarrollen en el tiempo será observada de cerca, no solo por los partidarios y detractores de Fernández, sino por toda la sociedad argentina que sigue buscando respuestas y soluciones a sus desafíos políticos y económicos.