Detienen a miembros de "Los Piratas" en Chile por secuestro de exmilitar venezolano

La investigación por el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda ha tomado un giro significativo en los últimos días. En un megaoperativo llevado a cabo por las autoridades chilenas, se logró desmantelar la célula conocida como “Los Piratas”, vinculada a múltiples crímenes en la región. Este despliegue policial resultó en la detención de seis miembros de la organización, entre los cuales destaca un testigo protegido que ha proporcionado información crucial sobre las conexiones políticas que rodean este caso.

El testimonio de Julio Iglesias, uno de los detenidos, ha sido fundamental para entender la magnitud de la trama. Iglesias, quien se encargaba de proveer los vehículos utilizados en los delitos de “Los Piratas”, afirma que la orden para asesinar a Ojeda fue emitida por Diosdado Cabello, un alto funcionario venezolano. Según su declaración, la instrucción del asesinato se canalizó a través de un individuo conocido como el Niño Guerrero, lo que eleva el caso a un nivel de complicidad de alto perfil.

El Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia, corroboró la información y señaló que hay al menos tres personas que han declarado sobre el vínculo entre el crimen y las autoridades venezolanas. “Hay antecedentes muy sólidos en la carpeta de investigación para entender que este es un secuestro con homicidio por encargo, con motivaciones políticas”, declaró Valencia, subrayando la seriedad de las implicaciones de este caso.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, no tardó en reaccionar ante esta revelación, calificando el vínculo de Diosdado Cabello con el crimen como de “enorme gravedad”. Tohá indicó que, de confirmarse la conexión, el Gobierno chileno estaría dispuesto a llevar el caso al Tribunal Penal Internacional, lo que podría tener repercusiones diplomáticas importantes entre ambos países.

La célula “Los Piratas” se encuentra bajo investigación desde hace tiempo, y está vinculada a al menos diez casos de secuestros, homicidios y extorsiones en Chile. La muerte de Ronald Ojeda, un exteniente de la policía venezolana, ha puesto el foco en esta organización, que también se relaciona con el homicidio del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, sucedido en abril de 2024. Con las detenciones recientes, las autoridades han comenzado a desentrañar la estructura delictiva que opera en el país.

Héctor Barros, fiscal a cargo del caso, ha revelado que han identificado a 23 personas relacionadas con “Los Piratas”, y 16 de ellas están específicamente vinculadas al caso de Ojeda. La organización supuestamente está liderada por un individuo apodado “El Turco”, quien fue capturado en Estados Unidos a finales de diciembre de 2023. Barros también ha señalado que hay múltiples órdenes de detención en curso y que la cooperación internacional será clave para llevar ante la justicia a todos los implicados.

“El Turco”, cuyo nombre real es Rafael Gámez, es considerado uno de los líderes de la célula. A pesar de no ser un autor material directo en el asesinato de Ojeda, se le atribuye la gestión y orden de operaciones delictivas desde su posición en el extranjero. Su captura por un delito de trata de personas en Estados Unidos ha complicado su extradición, pero las autoridades chilenas están trabajando activamente en ello.

El impacto de este caso va más allá de las fronteras de Chile y Venezuela. La posible implicación de un alto funcionario como Diosdado Cabello podría tener consecuencias diplomáticas y legales significativas. Las autoridades chilenas han mostrado un compromiso firme en la búsqueda de justicia, lo que ha generado expectativas sobre cómo se desarrollará la investigación y qué medidas tomarán en el ámbito internacional.

Este caso ha puesto de relieve el fenómeno del crimen organizado que afecta a la región y la necesidad de una respuesta coordinada entre países. La existencia de células como “Los Piratas” no solo plantea un desafío para las fuerzas del orden, sino que también subraya la complejidad de las redes criminales que operan en contextos políticos convulsos. La resolución de este caso podría ser un paso crucial en la lucha contra la impunidad y el crimen transnacional en América Latina.

A medida que avanza la investigación, los ojos de la comunidad internacional estarán puestos en Chile, observando cómo las autoridades manejan las delicadas implicaciones políticas y los desafíos de extradición que se avecinan. La posibilidad de que un crimen de tal magnitud tenga raíces en las estructuras del poder venezolano plantea interrogantes sobre la seguridad y la justicia en la región, y el compromiso de los gobiernos para enfrentar este tipo de situaciones.