El Gobierno de Biden avanza para rescindir acuerdo que regula las condiciones de los menores inmigrantes bajo custodia de EE.UU.

El Gobierno de Biden avanza para rescindir acuerdo que regula las condiciones de los menores inmigrantes bajo custodia de EE.UU.

El Gobierno del presidente Joe Biden ha tomado medidas para rescindir un acuerdo de décadas de antigüedad que regula las condiciones de los menores inmigrantes bajo custodia del gobierno estadounidense. Según un expediente judicial, esta medida argumenta que el acuerdo, conocido como el acuerdo Flores de 1997, debía ser temporal. Este acuerdo obliga al gobierno a entregar a los menores bajo custodia gubernamental sin demoras innecesarias a patrocinadores, como padres o familiares adultos, y establece las condiciones en las que se les retiene mientras tanto, siendo el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) el encargado de su cuidado.

El Gobierno de Biden había expresado previamente su intención de poner fin al acuerdo Flores, reemplazándolo por un reglamento federal que, según argumenta, "implementa fielmente" los requisitos detallados en el acuerdo, brinda protecciones adicionales y responde a "circunstancias cambiantes imprevistas desde 1997". El reglamento fue publicado a finales de abril, buscando ajustarse a las necesidades cambiantes del programa de menores no acompañados de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), agencia dentro del HHS que atiende a estos menores.

El argumento presentado en la reciente presentación judicial destaca que el acuerdo Flores inicialmente se concibió como temporal, con un plazo máximo de cinco años después de su aprobación final por el tribunal. Posteriormente, se acordó que terminaría 45 días después de la publicación del reglamento final de implementación por parte del INS. La norma federal propuesta pretende, según la presentación gubernamental, guiar las operaciones y brindar las protecciones necesarias a los niños no acompañados en los años venideros.

Sin embargo, abogados de inmigración han expresado preocupación por la falta de supervisión externa en caso de que se rescinda el acuerdo Flores. Neha Desai, directora sénior de inmigración en el Centro Nacional para la Ley de la Juventud, señaló que si el Gobierno logra su objetivo, el HHS dejará de estar obligado por el acuerdo, lo que impediría a abogados y defensores de Flores entrevistar a los menores bajo custodia de HHS o presentar mociones para garantizar el cumplimiento de los derechos amparados por dicho acuerdo.

La preocupación gira en torno a la potencial falta de salvaguardias y controles externos que garanticen el bienestar de los menores inmigrantes bajo custodia gubernamental en un sistema que históricamente ha sido objeto de críticas y escrutinio. La decisión de rescindir el acuerdo Flores y reemplazarlo con un reglamento federal ha generado un intenso debate en el ámbito legal y humanitario, con opiniones divergentes sobre si las nuevas disposiciones propuestas realmente garantizarán la protección y el respeto de los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad.

A medida que se desarrolla este proceso legal y administrativo, la situación de los menores inmigrantes no acompañados en Estados Unidos sigue siendo motivo de preocupación y controversia. La incertidumbre sobre el enfoque futuro para regular las condiciones de estos menores plantea interrogantes sobre la efectividad y la humanidad de las políticas migratorias en el país, así como sobre el compromiso de proteger a los más vulnerables en el contexto de la inmigración.

La resolución de este asunto tendrá implicaciones significativas para el tratamiento y la atención de los menores inmigrantes bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, así como para el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y protección de la infancia. La decisión final sobre la rescisión del acuerdo Flores y la implementación del nuevo reglamento federal marcará un hito en la política migratoria de la administración Biden y determinará el rumbo de la protección de los derechos de los menores inmigrantes en el país.