Incendios forestales en Perú: una crisis ambiental ignorada por años

La tragedia que se vive en diversas regiones del Perú debido a los devastadores incendios forestales es un reflejo de una crisis ambiental que ha sido ignorada por años. Aunque los incendios forestales no son un fenómeno nuevo en el país, la magnitud de los actuales ha alcanzado niveles alarmantes, cobrando vidas humanas y destruyendo miles de hectáreas de flora y fauna. Este panorama ha llevado a muchos a preguntarse si realmente se podía haber previsto y prevenido esta catástrofe.

El Gobierno, en su tardía reacción, declaró el estado de emergencia en varias jurisdicciones tras las súplicas de alcaldes y gobernadores, así como ante la irrefutable evidencia de pérdidas humanas y un centenar de heridos. Sin embargo, esta respuesta, aunque necesaria, es más reactiva que proactiva, lo que pone de relieve la falta de una estrategia efectiva que aborde de manera integral la problemática. La situación es aún más preocupante si se considera que muchos de estos incendios son el resultado de prácticas culturales arraigadas, como la roza y quema, que han sido transmitidas por generaciones sin que se hayan implementado alternativas sostenibles.

La vulnerabilidad del Perú ante los efectos del cambio climático, junto con la inminente amenaza del fenómeno de El Niño, ha puesto de manifiesto la falta de conciencia sobre la necesidad de una intervención gubernamental oportuna, especialmente cuando estas tragedias no afectan directamente a la capital. Este desequilibrio en la atención de los problemas demuestra que la gestión del riesgo en el país es inadecuada y, en muchas ocasiones, reacciona solamente una vez que la tragedia ya ha ocurrido.

Declarar el estado de emergencia puede ser una solución rápida para enfrentar el desastre inmediato, pero no aborda las causas estructurales que perpetúan la vulnerabilidad de las comunidades afectadas. La ausencia de un plan claro y de recursos adecuados para la prevención de incendios forestales revela que el Estado no está funcionando como debería. Los valientes agricultores, bomberos y voluntarios que enfrentan estas emergencias son los verdaderos héroes en medio de esta crisis, mientras que la falta de apoyo del Ejecutivo es desconcertante.

Además, el problema es multifacético y abarca desde factores culturales hasta acciones delictivas como la tala ilegal y el narcotráfico, que han llevado a la deforestación y el deterioro de nuestros ecosistemas. La falta de una estrategia efectiva para la gestión de estos riesgos se traduce en una serie de emergencias que se vuelven cada vez más recurrentes, poniendo en jaque la salud y el bienestar de las poblaciones que habitan estas regiones.

El país cuenta con un Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres y se exige un Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Incendios Forestales, pero la realidad es que estos instrumentos no están siendo ejecutados de manera eficiente. En el 2022, el último plan en vigor expiró sin que se hubiera hecho nada al respecto, lo que es indicativo de la falta de interés por parte de las autoridades competentes en abordar este problema. La situación actual, que causa daños ambientales significativos y afecta la salud de las poblaciones cercanas, es prueba de que la prevención no se encuentra en la agenda de quienes deben garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

El año 2023 también dejó una lección amarga con la llegada del ciclón Yaku, que sirvió como un recordatorio de la fragilidad de nuestra infraestructura y la ineficacia de la gestión del riesgo. La Contraloría reveló que el 72% de las entidades públicas no cumplieron con la aprobación y gestión de sus planes de prevención, lo que subraya la desconexión entre la normativa y su implementación.

Es evidente que un plan sin los recursos necesarios para su ejecución es papel muerto. Por ello, resulta urgente la creación de un programa presupuestal específico que se alinee con los planes de prevención y restauración de ecosistemas degradados. Este programa debería asegurar financiamiento, así como la planificación e implementación de actividades que no solo busquen mitigar los incendios, sino que también prioricen la restauración de áreas de alta biodiversidad.

Finalmente, la necesidad de una nueva arquitectura institucional pública que sea efectiva y menos indolente es innegable. Este problema no se resolverá simplemente con declaraciones de emergencia; se requiere decisión política y estrategias técnicas que trasciendan la agenda coyuntural y reconozcan la gravedad de la crisis ambiental que enfrenta el país. Solo así se podrá garantizar un futuro más seguro y sostenible para las generaciones venideras.