Milei veta ley de financiamiento universitario y enfrenta oposición en el Congreso

Javier Milei, presidente de Argentina, ha tomado la controvertida decisión de vetar la ley de financiamiento universitario, una medida que había sido respaldada por el Congreso hace poco más de dos semanas. Este veto se inscribe en su estrategia de austeridad, en la cual ha declarado la guerra al déficit fiscal y ha calificado a los opositores que apoyaron el aumento de fondos para la educación superior como “degenerados fiscales”. La medida se produce en un contexto en el que el financiamiento de las universidades ha caído un 30% desde enero, lo que ha generado un fuerte descontento en la comunidad educativa.

A pesar de que Milei ha proclamado su victoria tras el veto, la oposición se prepara para una nueva contienda. El Congreso tiene la capacidad constitucional de anular el veto presidencial, y para ello necesita reunir dos tercios de los votos de los presentes en una sesión programada para el 9 de octubre. Aunque el gobierno ha intentado minar las posibilidades de la oposición, parece que están muy cerca de alcanzar esa mayoría necesaria para revertir la decisión de Milei.

La ley en cuestión representa una carga fiscal del 0,14% del PIB, una cifra que el gobierno considera insignificante, pero que ha llevado a Milei a insistir en la necesidad de justificar cualquier asignación de recursos del Estado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, enfatizó en una reciente rueda de prensa que no se puede comprometer el presupuesto sin una fuente clara de financiamiento, y ha abierto la posibilidad de llevar la cuestión a instancias judiciales si el veto no es defendido con éxito en el Parlamento.

El desafío para Milei es que actualmente no cuenta con los votos necesarios para sostener su veto. En el pasado, logró mantener una postura firme gracias a la colaboración inesperada de algunos diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes cambiaron su apoyo a la ley en el último momento. Sin embargo, en esta ocasión, la UCR ha decidido que cualquier decisión sobre el voto en el bloque se tomará por mayoría, lo que complica aún más la situación para el presidente.

La oposición se agrupa en torno al peronismo, la Coalición Cívica y una parte de la UCR, que históricamente ha defendido la educación pública. La matemática electoral no juega a favor de Milei; su partido, La Libertad Avanza, cuenta con solo 39 de los 257 diputados, mientras que su principal adversario, Unión por la Patria, tiene 99 escaños. Las posibilidades de Milei de bloquear a la oposición se desvanecen ante la falta de aliados firmes en el Congreso.

La tensión también se siente en el Pro, donde el expresidente Mauricio Macri, quien anteriormente apoyó sin reservas el veto a la ley de jubilaciones, no ha definido su postura sobre el veto a la ley universitaria. En este sentido, algunos diputados del Pro ya han manifestado su intención de rechazar la decisión de Milei, lo que podría significar un cambio en el equilibrio de poder en el Congreso.

El escenario se torna aún más complicado en el Senado, donde el apoyo a Milei es incierto. Luis Juez, presidente del bloque del Pro en la Cámara Alta, ha declarado que no apoyará decisiones que perjudiquen la educación pública, dejando claro que la intransigencia de Milei podría llevarlo al borde del abismo político. Sin el respaldo de la UCR y con un Pro dividido, el presidente enfrenta un desafío monumental para sostener su actitud frente al veto.

La situación plantea una encrucijada para el gobierno de Milei. Por un lado, necesita demostrar fortaleza en su política fiscal, pero por otro, corre el riesgo de aislarse aún más de sus aliados políticos, que se sienten descontentos con el manejo de la administración pública. La respuesta de la comunidad universitaria, que ha salido a las calles en masa en contra del veto, es un indicativo del descontento que se siente en el país hacia las decisiones del gobierno.

Con la sesión del 9 de octubre a la vista, el desenlace de esta controversia tiene el potencial de redefinir el panorama político en Argentina. La controversia no solo abarca el ámbito educativo, sino que también pone a prueba la capacidad del gobierno para mantener el apoyo de sus aliados y la viabilidad de sus políticas económicas en un contexto de creciente movilización social. La batalla por la ley de financiamiento universitario es solo una de las muchas que se avecinan en el horizonte político argentino, y los próximos días serán cruciales para determinar el rumbo que tomará el país.