Temor y aprobación: la compleja relación de los salvadoreños con Bukele

La reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) ha revelado una compleja realidad sociopolítica en El Salvador, donde una notable mayoría de la población siente miedo de criticar al presidente Nayib Bukele y su administración. Seis de cada diez salvadoreños creen que expresar opiniones críticas en redes sociales o en otros medios podría acarrearles consecuencias negativas, incluyendo la posibilidad de ser encarcelados. Esta percepción plantea un sombrío panorama en un país donde el autoritarismo parece haber tomado un papel destacado en la vida cotidiana de sus ciudadanos.

A pesar de estos temores, el mismo estudio destaca que el presidente Bukele mantiene un índice de aprobación del 81%, lo que indica que muchos salvadoreños ven, al menos en parte, su gestión como positiva. Sin embargo, el temor a represalias ha crecido en el contexto de un régimen que ha ampliado sus poderes. Durante tres años, Bukele ha implementado un régimen de excepción que restringe derechos constitucionales y permite detenciones arbitrarias bajo el pretexto de combatir la violencia de las pandillas, una medida que ha sido criticada por su uso político.

La organización de derechos humanos Cristosal ha documentado más de 3,800 denuncias de detenciones arbitrarias durante este tiempo, lo que subraya una tendencia alarmante en el ejercicio de las libertades civiles en el país. En las últimas semanas, el clima de miedo se ha intensificado, especialmente con la detención de varios críticos del gobierno, como la abogada Ruth López, quien había denunciado casos de corrupción. Este patrón de represalias ha llevado a numerosos periodistas y defensores de derechos humanos a huir del país en busca de seguridad.

El caso del abogado constitucionalista Enrique Anaya es emblemático de esta situación. Su arresto, que ocurrió cuatro días después de haber criticado a Bukele en televisión, ha levantado alarmas sobre la falta de seguridad jurídica en el país. Su experiencia ilustra cómo la crítica abierta al gobierno puede resultar en consecuencias devastadoras, un hecho que perpetúa el ciclo de silencio y miedo entre aquellos que podrían alzar la voz.

A pesar de la represión, la encuesta del IUDOP muestra que una porción significativa de la población salvadoreña considera el autoritarismo como una cualidad positiva. De hecho, más de la mitad de los encuestados se muestra de acuerdo con la afirmación de que un gobierno autoritario puede ser mejor que uno democrático, reflejando una aceptación de medidas severas en situaciones que perciben como necesarias para el bienestar social. Esta contradicción resuena con el fenómeno de líderes carismáticos que, a través de acciones drásticas, logran ganar la aprobación popular a pesar de restricciones a las libertades.

La preferencia por un gobierno "de mano dura" es notable, con un 67.7% de los salvadoreños apoyando esta postura, y un 44.7% reconociendo la necesidad de sacrificar algunos derechos en pro del bienestar colectivo. Este apoyo a la figura autoritaria de Bukele se traduce en un respaldo considerable hacia la posibilidad de su reelección, a pesar de la falta de claridad sobre sus intenciones de postularse nuevamente.

Sin embargo, esta aprobación se da en un contexto donde el control del presidente sobre el sistema judicial es ampliamente reconocido. Un 77% de los encuestados cree que el gobierno influye en las decisiones judiciales, lo que pone de manifiesto una preocupación sobre la separación de poderes y la independencia del sistema legal. Aún así, el 60% de la población apoya la continuidad del régimen de excepción, reflejando una paradoja en la que el temor a la violencia y la inseguridad se traduce en la aceptación de un gobierno que erosiona los derechos civiles.

En definitiva, El Salvador se enfrenta a un dilema crítico. A medida que la aprobación de Bukele se mantiene alta, también lo hace la preocupación por el futuro democrático del país. La combinación de temor y apoyo al autoritarismo revela una población atrapada entre la esperanza de un mejor futuro y la incertidumbre sobre los costos de la crítica. La pregunta que queda es si este ciclo de miedo y aceptación podrá sostenerse a largo plazo sin que la sociedad salvadoreña se vea obligada a confrontar las graves implicaciones de la represión. La situación que vive el país invita a una reflexión profunda sobre el papel de la ciudadanía en el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos.