Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Mundo 13.04.2025
La cuestión de la temporalidad en el ejercicio del poder político ha sido un tema recurrente en la historia de las naciones. La permanencia de una figura en el poder, ya sea un individuo o una familia, suele conllevar riesgos de abuso y autoritarismo. A lo largo de los siglos, la humanidad ha aprendido que la concentración del poder en manos de uno o unos pocos puede llevar a la tiranía y a la opresión de los ciudadanos. Este fenómeno se remonta a las raíces de la monarquía, que surgió bajo la premisa de que una deidad había escogido a una familia para guiar a un pueblo. Sin embargo, con el tiempo, esta creencia se ha visto cuestionada.
El absolutismo, una de las formas más extremas de ejercicio del poder, llevó a que los monarcas gobernaran con una autoridad desmedida, actuando como si el reino fuera una extensión de su propia voluntad. Esta situación propició el despojo de derechos fundamentales, donde los súbditos podían ser sometidos a detenciones arbitrarias, confiscaciones de bienes e incluso abusos que despreciaban su dignidad. Así, la historia demuestra que la falta de límites en el poder puede derivar en un abuso sistemático y en la violación de derechos humanos.
Frente a estas atrocidades, surgió la necesidad de establecer controles al poder. La idea de que el soberano debía ser un ente colectivo, representado por el pueblo, comenzó a tomar fuerza. Con la independencia de Estados Unidos, los padres fundadores optaron por establecer un sistema republicano en el que el poder no recaía en una sola persona, sino en una institución electa por la ciudadanía. Este cambio de paradigma fue fundamental para la evolución de las democracias modernas.
En este contexto, el presidente de Estados Unidos se convirtió en el nuevo referente de poder, pero con una diferencia clave: su mandato está limitado en el tiempo. La Constitución estadounidense garantiza un período de cuatro años, con la posibilidad de reelección una sola vez. Esta limitación no solo busca prevenir el abuso de poder, sino también fomentar la renovación y el cambio en el liderazgo político.
México, al seguir el modelo presidencial estadounidense a partir de 1824, también enfrentó sus propios desafíos en torno a la reelección y la permanencia en el poder. La Revolución Mexicana de 1910 surgió precisamente como una respuesta a la prolongación del régimen de Porfirio Díaz, que había permanecido casi tres décadas en la presidencia. Francisco I. Madero, al asumir el poder bajo el lema "Sufragio efectivo, no reelección", buscó romper con el ciclo de dictaduras y establecer un gobierno representativo.
No obstante, la historia mexicana ha sido testigo de altibajos en esta lucha por limitar el poder. La reforma constitucional impulsada por Álvaro Obregón, que permitió la reelección presidencial, fue un claro retroceso en términos de control del poder. La violencia política también marcó esta etapa, culminando en el asesinato de Obregón, que reavivó el debate sobre la reelección y llevó a retomar la idea de la no reelección.
Con el paso del tiempo, otros cambios en la legislación han permitido cierta flexibilidad en la reelección de legisladores, lo que representa un retroceso para la limitación del poder. Sin embargo, el ejercicio del poder político no debe ser visto como una oportunidad para perpetuarse en el cargo, sino como una responsabilidad que debe renovarse periódicamente.
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado una iniciativa de reforma que busca evitar la reelección consecutiva y el nepotismo electoral, alineándose con los principios constitucionales que buscan prevenir los excesos de poder. Esta propuesta es un paso importante para reafirmar el compromiso con una democracia sólida y transparente, donde la temporalidad en el poder sea un mecanismo de control y no un obstáculo para el progreso político.
En conclusión, la temporalidad en el ejercicio del poder político no es solo una cuestión administrativa, sino un principio fundamental para la salvaguarda de la democracia. La historia nos enseña que, sin límites claros, la posibilidad de abuso siempre estará presente. Fortalecer las instituciones y establecer mecanismos que regulen el acceso y ejercicio del poder son pasos cruciales hacia un futuro en el que la voz del pueblo sea la verdadera guía en la toma de decisiones políticas.
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