La toma de poder de Trump amenaza la democracia: ecos de la autocracia en la América moderna.

El panorama político en los Estados Unidos ha cambiado recientemente de maneras alarmantes, particularmente tras la última orden ejecutiva del presidente Donald Trump que socava la autonomía de las agencias federales independientes. Los críticos argumentan que este movimiento señala una tendencia preocupante hacia la autocracia, resonando con precedentes históricos que nos recuerdan los peligros del poder concentrado. En las últimas semanas, numerosas voces han advertido sobre lo que perciben como las ambiciones monárquicas de Trump. Estas advertencias fueron en gran medida desestimadas por sus partidarios como temores exagerados. Sin embargo, la orden ejecutiva emitida el pasado martes ilustra de manera contundente la posible erosión de las normas democráticas y del estado de derecho. Esta orden no solo desafía la independencia establecida de las agencias reguladoras, sino que también representa una significativa usurpación de poder por parte del poder ejecutivo, una que podría alterar fundamentalmente el equilibrio de poder concebido por los redactores de la Constitución de EE. UU. Históricamente, el concepto de un ejecutivo sin control ha llevado a consecuencias graves. A principios del siglo XVII, el rey Jacobo I afirmaba el derecho divino de los reyes, gobernando sin el consentimiento del parlamento y otorgando privilegios a través de su prerrogativa. Esta autoridad absoluta no solo fue resentida, sino que eventualmente condujo a una guerra civil y a la ejecución de su sucesor, Carlos I. Las lecciones de estos eventos, junto con los desarrollos constitucionales subsiguientes en Gran Bretaña, destacan la importancia de los controles y equilibrios en el gobierno. Los redactores de la Constitución de EE. UU. eran muy conscientes de los peligros del poder sin control, habiendo diseñado un sistema con ramas separadas de gobierno para prevenir que una sola entidad se volviera demasiado dominante. El papel del presidente fue cuidadosamente delineado para asegurar que la creación e interpretación de las leyes se compartiera con el Congreso y el poder judicial, un salvaguarda contra el surgimiento de la tiranía. La orden ejecutiva de Trump, sin embargo, parece desafiar este cuidadoso diseño. Al intentar eliminar la independencia de las agencias creadas por el Congreso, Trump está estableciendo un precedente peligroso. Su orden exige que los jefes de las agencias independientes ya no operen con la autonomía prevista por el Congreso, sino bajo métricas establecidas por la Oficina de Administración y Presupuesto, lo que esencialmente las convierte en subordinadas a los caprichos del presidente. Esta reorientación del poder no solo socava la capacidad de las agencias para funcionar de manera efectiva, sino que también establece un precedente peligroso para el abuso de poder ejecutivo. Además, las implicaciones de esta orden van más allá, ya que Trump afirmó tener la autoridad para interpretar leyes para toda la rama ejecutiva, superando la comprensión legal tradicional y los fallos de las agencias independientes. Esta afirmación recuerda a líderes autocráticos que sostienen que su decreto es ley, ignorando los complejos marcos legales construidos para proteger a los ciudadanos de un gobierno arbitrario. Las ramificaciones de tal consolidación de poder son profundas. Si Trump puede dictar interpretaciones legales, puede manipular efectivamente los marcos regulatorios para beneficiar a aliados personales y políticos, eludir las protecciones destinadas a resguardar a poblaciones vulnerables e intimidar a aquellos que se atrevan a disentir. Las renuncias forzadas de varios fiscales en las últimas semanas señalan un efecto intimidante sobre aquellos dentro del Departamento de Justicia que puedan oponerse a tales interpretaciones. El comportamiento cada vez más autocrático de Trump plantea preguntas esenciales sobre el futuro de la democracia estadounidense. Los redactores de la Constitución estaban profundamente preocupados por el riesgo de la demagogia que condujera al despotismo, y la trayectoria actual parece resonar con sus temores. Las acciones de Trump reflejan un desprecio por las normas establecidas que sustentan el estado de derecho y la responsabilidad democrática. Como muestra la historia, el impulso hacia el autoritarismo puede surgir de manera insidiosa, a menudo bajo la apariencia de conveniencia o necesidad. Es responsabilidad de los ciudadanos, legisladores e instituciones mantenerse vigilantes ante estas amenazas. El legado perdurable de la democracia estadounidense depende del compromiso de defender los principios de controles y equilibrios, asegurando que ningún individuo pueda afirmar dominio sobre la ley. El camino a seguir debe ser navegado con cuidado, para que no nos encontremos resonando con los capítulos más oscuros de la historia en lugar de avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa.