López Aliaga propone revivir modelo de cárceles en la selva ante crisis penal en Perú

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que ha resonado en el ámbito político peruano durante décadas: la construcción de cárceles en la selva, inspirado en el modelo conocido como SEPA (Colonia Penal Agrícola del Sepa). En una reciente entrevista, López Aliaga propuso invertir en seguridad ciudadana y explorar la posibilidad de establecer nuevas colonias penales en vastas áreas de la selva peruana, sugiriendo incluso el uso de grilletes electrónicos para controlar a los sentenciados por delitos menores. Esta propuesta, aunque audaz, revive un modelo que ha sido objeto de crítica y controversia en el pasado. La SEPA fue una penitenciaría sin muros, creada en 1951 y operativa hasta 1992, cuya función era albergar a reclusos con condenas largas, con el objetivo de facilitar su reinserción social a través del trabajo agrícola. En su apogeo, llegó a tener hasta 800 presos, pero su cierre fue motivado por múltiples factores, incluyendo un atentado terrorista de Sendero Luminoso y los costos logísticos que implicaba el transporte de reclusos a una ubicación tan remota. A pesar de los ideales de rehabilitación que sustentaban la existencia de la SEPA, el sistema no estuvo exento de críticas. Informes de la época evidenciaron malos tratos y situaciones inhumanas para los reclusos, lo que planteó serias dudas sobre la efectividad del modelo. Los intentos de fuga y las condiciones de vida en la colonia llevaron a su eventual abandono, dejando el terreno en un estado de abandono, cubierto por la maleza. Expertos en criminalidad y derechos humanos han señalado que la propuesta de López Aliaga no aborda de manera efectiva la complejidad del crimen moderno y la situación del sistema penitenciario en el Perú. Erika Solis, investigadora del IDEHPUCP, subraya que las medidas punitivas, como la construcción de nuevas cárceles, suelen ser respuestas populistas que no resuelven el problema de raíz. La realidad es que muchos de los criminales no llegan a ser encarcelados, lo que plantea la pregunta sobre la efectividad de crear más recintos penitenciarios. El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, advirtió que tales propuestas suelen distraer la atención de los problemas más profundos que enfrenta el sistema de justicia penal. La situación de hacinamiento en las cárceles peruanas es alarmante, con niveles que superan el 400% en algunos penales. La falta de inversión y la voluntad política para construir nuevos espacios penitenciarios han obstaculizado cualquier intento de mejorar las condiciones de los reclusos. Por su parte, el abogado penalista Aaron Aleman considera que la idea de revivir el modelo SEPA es retrógrada y no se alinea con las necesidades contemporáneas del sistema penal. El enfoque punitivo puede exacerbar los problemas de inseguridad en lugar de resolverlos. Además, plantea que el regreso a un sistema como el SEPA podría acarrear violaciones de derechos humanos que expongan al Estado peruano a sanciones internacionales. La naturaleza del crimen en el Perú ha cambiado desde la época de la SEPA, con un aumento en la criminalidad económica y la complejidad del crimen organizado. Noam López, politólogo de la PUCP, argumenta que los problemas del sistema penal no se resolverán únicamente con la construcción de nuevas cárceles. Es fundamental abordar las causas de la criminalidad y centrarse en estrategias de prevención que eviten que más jóvenes se incorporen a las organizaciones criminales. Mientras tanto, las propuestas de López Aliaga son vistas por algunos como un intento de capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad creciente. Sin embargo, muchos expertos advierten que esas medidas no son suficientes. Se necesita un enfoque más integral que contemple la reinserción social de los reclusos, la inversión en prevención del delito y la mejora de los procesos judiciales. El debate sobre la creación de nuevas cárceles en la selva no es solo una cuestión de logística o inversión; se trata de un dilema ético que pone en juego la dignidad humana y los derechos de los reclusos. El país ha visto cómo otros modelos de mano dura, como el de El Salvador, han tenido implicaciones profundas en la violencia y el desplazamiento de criminales hacia otras regiones. Finalmente, las soluciones a la criminalidad deben ir más allá de la mera construcción de instituciones. Se requieren cambios estructurales en el sistema de justicia, y un compromiso real para abordar las causas subyacentes de la delincuencia. La experiencia del pasado debe servir como un recordatorio de que las soluciones simplistas y punitivas raramente producen resultados duraderos, y que cada propuesta debe ser evaluada bajo el prisma de la efectividad y el respeto a los derechos humanos.