Fondos de inversión sostenibles enfrentan desafíos en la búsqueda de confianza y regulación

La evolución de los fondos de inversión alternativa sostenibles es un tema de creciente relevancia en el contexto de un mundo que busca alcanzar la sostenibilidad y adaptarse a los desafíos climáticos. En este sentido, la Unión Europea se ha marcado un ambicioso objetivo: ser el primer continente climáticamente neutro para el año 2050, un propósito que está respaldado por iniciativas como el Pacto Verde Europeo. Este marco regulador no solo establece metas ambientales, sino que también pretende integrar las finanzas dentro de su estrategia para fomentar una economía más ecológica y limpia. Los fondos de inversión alternativa cerrados (FIA cerrados) juegan un papel crucial en este esfuerzo, ya que son instrumentos que permiten canalizar grandes volúmenes de inversión hacia actividades sostenibles. Sin embargo, a pesar de su potencial, estos fondos enfrentan múltiples dificultades, muchas de ellas derivadas de la presión legislativa. La normativa actual, específicamente el Reglamento de divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR), establece tres categorías para clasificar los fondos: artículo 9, que tiene como objetivo inversiones sostenibles; artículo 8, que promueve características sociales o medioambientales; y artículo 6, que no entra en ninguna de las dos categorías anteriores. Una de las principales limitaciones de la SFDR es que, aunque exige a todos los fondos integrar riesgos de sostenibilidad, no exige un impacto positivo real en términos de sostenibilidad. Esto ha llevado a muchas entidades a reclasificar sus fondos, algo que se ha visto especialmente en 2023, donde un número significativo de fondos pasó de ser calificados como artículo 9 a artículo 8, o incluso a artículo 6. Este cambio no solo refleja la dificultad de cumplir con las normativas de reporting, sino que también ha generado una disminución en la confianza de los inversores. El panorama se complica aún más con la disminución de FIA cerrados sostenibles en 2024, tanto en número como en volumen de activos gestionados. Esta tendencia se observa en paralelo con la reducción de los fondos de inversión abierta, lo que indica un importante giro en el apetito por inversiones sostenibles que hasta hace poco habían mostrado una tendencia de crecimiento constante. Aunque muchos analistas podrían atribuir este reajuste a factores externos como inestabilidad política o cambios en la administración de Estados Unidos, la realidad sugiere que las complejidades intrínsecas en la creación y gestión de fondos sostenibles son las que están en el centro del asunto. Este fenómeno pone de manifiesto la fragilidad del ecosistema de inversiones sostenibles, que, a pesar de contar con un marco normativo, aún no logra generar confianza plena en los inversores. A medida que se acerca 2025, las instituciones europeas están trabajando en la modificación de la normativa actual. Se espera que se establezcan mínimos de impacto necesarios para que un fondo pueda ser calificado como artículo 9 SFDR. Este es un paso crucial para revitalizar la confianza en los fondos sostenibles y para garantizar que se alineen con los objetivos más amplios de sostenibilidad que la Unión Europea persigue. No obstante, el camino hacia una regulación más efectiva no es sencillo. Mientras se esperan cambios legislativos, los fondos de inversión sostenibles continuarán enfrentándose a dificultades relacionadas con el reporting. La atención en la transparencia ha llevado a que las gestoras dediquen recursos significativos a cumplir con la normativa, lo que a menudo desvía su enfoque de la creación de un impacto real en sostenibilidad. Un aspecto clave del impacto real es el alineamiento de las inversiones con la taxonomía medioambiental de la UE, que, lamentablemente, se ha mostrado opcional para muchos fondos. Actualmente, sólo un 10% de los activos bajo gestión en FIA cerrados de reciente creación están alineados con esta taxonomía. Este porcentaje se vuelve aún más preocupante si se compara con los fondos artículo 8 y 9 SFDR, donde un mayor porcentaje refleja un compromiso con principios sostenibles. A medida que el sector de fondos sostenibles se reajusta, es crucial que tanto las instituciones reguladoras como los gestores de fondos reconsideren sus estrategias. Se necesitan nuevas medidas que permitan simplificar los procesos de reporting y, a su vez, garantice que los fondos no solo cumplan con las normativas, sino que realmente contribuyan a un desarrollo sostenible genuino. El camino hacia la sostenibilidad es complejo, pero con las reformas adecuadas y un enfoque renovado, todavía hay espacio para que los fondos de inversión alternativa se transformen en verdaderos motores de cambio positivo.