Sada Goray revela sobornos en el Congreso que comprometen a Castillo y su gobierno

En una reciente entrevista con el programa Cuarto Poder, la empresaria Sada Goray ha hecho serias acusaciones que sacuden el ámbito político peruano. Según sus declaraciones, algunos congresistas, incluidos miembros del grupo conocido como los "Niños" y específicamente el legislador Darwin Espinoza, habrían recibido sobornos de hasta S/ 50,000 para votar en contra de la vacancia del entonces presidente Pedro Castillo. Este tipo de revelaciones, que involucran no solo a figuras políticas, sino también a altos funcionarios estatales, plantea serias dudas sobre la integridad del proceso político en el país. Goray, quien anteriormente contaba con la condición de colaboradora eficaz, sostiene que el dinero que se utilizó para estos sobornos fue gestionado por Salatiel Marrufo, exasesor del Ministerio de Vivienda. Según su relato, Marrufo actuaba como intermediario entre el Ejecutivo y el Congreso, y todo esto se habría llevado a cabo con el supuesto conocimiento y aprobación del presidente Castillo. Estas afirmaciones, si bien deben ser investigadas a fondo, dan un atisbo de posibles conexiones entre el Ejecutivo y el Legislativo que podrían comprometer aún más la ya frágil gobernabilidad del país. En sus declaraciones, Goray se refiere a Castillo de una manera peculiar, indicándolo como el "23", un apodo que revela la falta de formalidad en las relaciones dentro de los altos mandos del gobierno. Este detalle podría ser crucial para entender la dinámica interna del gobierno y las posibles complicidades que han existido en torno a este escándalo. La empresaria señala que los fiscales le han solicitado información sobre cualquier pago ilícito relacionado con el presidente, y ella parece dispuesta a proporcionar datos que, según ella, alcanzarían cifras millonarias. Un punto clave que destaca Goray es cómo, tras recibir una solicitud de Marrufo para prestarle dinero, se percató de la realidad de estos sobornos. A pesar de su falta de experiencia en la política, su intuición le indicó que había algo turbio en la situación. Su relato sugiere que, a solo dos días de que se llevara a cabo la votación sobre la vacancia, varios congresistas votaron en contra, lo que en su opinión ratifica la existencia de un esquema de pago por votos. Además, Goray menciona a la primera dama, Lilia Paredes, quien según sus palabras, está preocupada por la situación del proyecto de Canta Gallo. Esto sugiere una conexión directa entre la primera dama y las decisiones de política pública que involucran intereses económicos y sociales, lo cual podría abrir otro frente de análisis sobre el papel de la familia presidencial en estos escándalos. El Poder Judicial, por su parte, ha rechazado el pedido de Goray para viajar a Tarapoto y Trujillo a fin de año, lo que podría interpretarse como un intento por parte de las autoridades de mantenerla bajo control mientras se lleva a cabo la investigación de sus declaraciones. Este tipo de decisiones judiciales son cruciales en momentos en que las acusaciones de corrupción pueden polarizar aún más a la sociedad peruana. La magnitud de estas acusaciones no puede subestimarse. Si se confirma que hubo un esquema de sobornos para influir en decisiones legislativas tan cruciales como la vacancia de un presidente, esto no solo afectará la reputación de los involucrados, sino también la confianza pública en las instituciones democráticas del país. La posibilidad de que un ejecutivo haya negociado con miembros del Congreso para evitar su destitución plantea interrogantes éticas y legales que deberán ser abordados con urgencia. El escándalo también pone en evidencia la fragilidad del sistema político peruano, que ha estado marcado por crisis y escándalos de corrupción en los últimos años. Esta situación podría generar un efecto dominó que afecte a otros actores políticos y que lleve a nuevas protestas o llamados a reformas más profundas en la estructura del gobierno. En medio de este clima de incertidumbre, la ciudadanía exige transparencia y justicia. Cada nuevo testimonio o indicio que surja de estas investigaciones será claves para determinar no solo el futuro de las personas involucradas, sino también el rumbo que tomará el país en su búsqueda de una gobernanza más ética y responsable. Es evidente que Perú se encuentra en un cruce de caminos, y las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían definir el futuro político a largo plazo. Lo que está en juego es mucho más que la reputación de individuos; se trata de la confianza en un sistema que debería representar los intereses de todos los peruanos. La sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones deben mantenerse vigilantes y exigir rendición de cuentas, pues solo así se podrá restaurar la fe en un proceso democrático que ha sido, en gran medida, empañado por la corrupción.