Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La reciente tragedia que envuelve el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthCare, ha desatado un torbellino de reacciones en Estados Unidos. Sin embargo, lo que ha llamado la atención no es solo el horrendo acto en sí, sino la sorprendente solidaridad que muchos han mostrado hacia el perpetrador. Este fenómeno revela una profunda insatisfacción y rabia de la población hacia el funcionamiento del sistema de aseguradoras de salud privadas, que a menudo se percibe como deshumanizado y abusivo. La pregunta que surge es: ¿qué significa verdaderamente ser un criminal en una sociedad que frecuentemente justifica la violencia cuando se siente agraviada? En el ámbito de la justicia, la definición de un infractor se basa tradicionalmente en la violación de las normas establecidas por el sistema gubernamental. Sin embargo, esta simple categorización no captura la complejidad de la moralidad y la ética que subyacen a las acciones humanas. La verdadera justicia no puede existir sin una intersección entre legalidad, moralidad y ética. Si uno de estos elementos se desvincula de los otros, la justicia se convierte en un mero formalismo vacío. El caso de Thompson ilustra este dilema. En un país donde millones luchan con un sistema de salud que parece más preocupado por las ganancias que por el bienestar de los pacientes, el acto violento del asesino resuena con quienes se sienten impotentes ante un sistema que, a menudo, les niega la atención médica que necesitan. Es aquí donde la línea entre el criminal y el vengador se diluye, planteando interrogantes sobre quién es el verdadero infractor en esta narrativa. Si el perpetrador es visto como una especie de justiciero, ¿significa esto que la moralidad de su acción se justifica en función de su contexto? La situación en México es, en cierto modo, un reflejo de esta paradoja. La controversia entre influencers como MaryFer Centeno y "Mr. Doctor" ha destapado un debate que va más allá de la mera bronca mediática. La denuncia de Centeno hacia el Dr. Arroyo se presenta como una cuestión de respeto y de cómo se deben manejar las críticas en un espacio público. No obstante, al mismo tiempo, se ignora el impacto que la difusión de información errónea puede tener en la salud de la población. La ética en la comunicación es crucial, y en este caso, parece que se ha sacrificado en aras de una lucha personal. Otro aspecto inquietante de este conflicto es la manera en que se manejan las normas de género en el debate. Si bien el Dr. Arroyo puede haber cruzado la línea con sus comentarios, la respuesta a su actitud violenta también parece señalar un problema sistemático que afecta a la dinámica social y al respeto. La pregunta se plantea nuevamente: ¿es el respeto hacia las normas más valioso que el bienestar individual? La hipocresía de un sistema que se jacta de la legalidad mientras perpetúa injusticias es alarmante. En este sentido, tanto en Estados Unidos como en México, la moralidad parece ser el hilo conductor que une a los ciudadanos en su búsqueda de justicia. La legalidad sin moralidad se convierte en un instrumento de opresión y no en un mecanismo de protección. A medida que la sociedad se debate entre lo que es legal y lo que es justo, surge la preocupación por las implicaciones de esta lucha por la verdad. Con el aumento de la violencia y la desconfianza en los sistemas establecidos, el costo de ignorar estas cuestiones se vuelve alarmante. La falta de atención a la salud mental, como se evidenció en un reciente ataque en una escuela estadounidense que dejó cinco muertos, es un llamado a la acción urgente. Es crucial que las instituciones comprendan que su papel va más allá de hacer cumplir la ley; deben también abordar los problemas de fondo que afectan el tejido social. La salud mental, la regulación de las aseguradoras y el respeto a la ética en la comunicación son aspectos que demandan atención inmediata. Ignorar estas necesidades solo perpetúa un ciclo de violencia y desconfianza. En último término, ser honesto en una sociedad que premia las apariencias y el cumplimiento superficial de la ley se ha vuelto un acto de valentía. La ética, la moralidad y la legalidad deben estar interconectadas para que la justicia no se convierta en una simple formalidad. La búsqueda de un equilibrio entre estos elementos es esencial para construir un futuro donde las acciones humanas sean valoradas más allá de su aparente legalidad. La reflexión sobre estos temas es más urgente que nunca en un mundo donde los actos de violencia se convierten en respuestas a sistemas que fallan en cuidar a sus ciudadanos. La lucha por la justicia debe ser integral, abarcando la ética, la moralidad y la legalidad en una sociedad que, en última instancia, busca el bienestar colectivo. La acción y la reflexión deben unirse para transformar lo que consideramos verdaderamente criminal en nuestras comunidades.