Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La muerte de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, ha despertado un clamor colectivo que resuena en cada rincón de una sociedad decepcionada por un modelo sanitario que parece haber perdido el rumbo. El trágico asesinato, perpetrado el 5 de diciembre por un joven siciliano, Luigi Mangione, no es solo un acto de violencia aislado, sino una manifestación palpable de la frustración acumulada en un sistema que trata la salud como un negocio y no como un derecho humano fundamental. Este suceso ha puesto en jaque a una industria que, durante décadas, ha priorizado las ganancias sobre la vida de millones de estadounidenses. Mangione, en su manifiesto, dejó claro su rechazo a las políticas de las aseguradoras que, según él, "anteponen los dividendos a las vidas humanas". En un contexto donde la salud se ha mercantilizado, su llamado a la acción resuena como un grito desesperado en medio de un mar de deshumanización. La industria de la salud, y en particular UnitedHealthcare, ha sido criticada por sus prácticas que, en muchas ocasiones, resultan en la negación de tratamientos esenciales y el encarecimiento de las primas, dejando a millones de personas sin acceso a la atención médica que necesitan. El impacto de este modelo se siente de manera cruda en la vida cotidiana de los ciudadanos. Cada año, alrededor de 275.000 personas se ven forzadas a abandonar sus hogares debido a deudas médicas. Un simple accidente puede traducirse en gastos de hasta 40.000 dólares, convirtiendo la búsqueda de atención médica en una trampa financiera insostenible. La bancarrota por motivos sanitarios es la principal causa de insolvencia personal, lo que pone de manifiesto la urgencia de revisar el sistema que ha llevado a tantas familias al borde del colapso. El asesinato de Thompson también revela la fragilidad de un sistema que, al acumular demasiadas presiones sociales, puede generar explosiones de violencia. Como se evidenció en las inscripciones encontradas en los casquillos de bala, "deny, delay, depose", estas palabras encapsulan la estrategia del sector asegurador: negar atención, retrasar tratamientos y litigar para evitar indemnizaciones, todo ello en un marco que prioriza las ganancias sobre la vida. Este enfoque corporativo ha llevado a que más de 27 millones de estadounidenses queden sin seguro, sumando más de 68.000 muertes anuales por la falta de acceso a servicios médicos básicos. El documental "Sicko" de Michael Moore, lanzado en 2007, ya había documentado la creciente frustración de los pacientes contra las prácticas abusivas de las aseguradoras. A pesar de la denuncia, la situación en 2023 ha mostrado un empeoramiento notable. Con un gasto sanitario per cápita de 12.318 dólares, Estados Unidos lidera el mundo en gastos, pero los resultados sanitarios no son proporcionales a la inversión. Millones continúan enfrentando deudas médicas que parecen insuperables, generando un ciclo de desesperanza. En medio de este panorama, surgen preguntas inevitables sobre el futuro de la salud pública no solo en EE. UU., sino también en otros países. En España, por ejemplo, el sistema sanitario público enfrenta amenazas similares. La privatización avanza sigilosamente, erosionando principios de equidad y accesibilidad que han sido pilares fundamentales del sistema. Regiones como Madrid, Cataluña y Baleares están experimentando un aumento en la privatización de servicios de salud, amenazando la integridad de un modelo que debería servir a todos los ciudadanos. El informe de la OCDE sobre "Health at a Glance 2024" señala que el gasto en salud privada en España ha superado la media europea, representando el 28% del gasto total. Esta tendencia, junto con la externalización de servicios y el deterioro de la atención primaria, despierta alarmas sobre la viabilidad a largo plazo del sistema de salud pública. La falta de inversión en atención primaria, que solo recibe el 14% del presupuesto, contrasta radicalmente con las recomendaciones de la OMS, que sugieren un mínimo del 25%. Las consecuencias de esta conversión de la salud en mercancía son devastadoras. Las listas de espera interminables, la presión sobre los hospitales públicos y el creciente uso de seguros privados como única vía de acceso a atención sanitaria son síntomas de un mal más profundo. Cuando la salud se convierte en un producto, se despoja a las personas de su dignidad, convirtiéndolas en meras cifras en una hoja de balance. La muerte de Brian Thompson no debe ser vista como un simple incidente aislado, sino como un espejo que refleja las frustraciones de una sociedad que clama por un cambio. La lucha por la salud no solo es una cuestión de derechos, sino una lucha por la vida misma. En un mundo donde la salud se ha convertido en un negocio, el clamor por un sistema que priorice el bienestar humano sobre el lucro se hace más urgente que nunca. La pregunta persiste: ¿hasta dónde llegará la sociedad en su búsqueda de un modelo que respete y proteja la dignidad de cada individuo?