El Cambio Climático Expone la Injusticia: Se Necesita Acción Urgente para las Vidas de los Incarcerados en Riesgo.

En las secuelas de los desastres naturales, la vulnerabilidad de las personas encarceladas a menudo pasa desapercibida, creando un contraste marcado entre las libertades del público en general y la difícil situación de aquellos que están encerrados. La trágica experiencia de Raphael Schwarz durante el huracán Katrina sirve como un recordatorio inquietante del abandono sistémico que continúa afectando a las prisiones y cárceles en los Estados Unidos durante las crisis climáticas. A medida que las tormentas y los incendios forestales se intensifican con el cambio climático, la necesidad de una reforma urgente en la planificación de desastres para estas instalaciones nunca ha sido más clara. Schwarz fue arrestado por intoxicación pública justo antes de que el huracán Katrina golpeara Nueva Orleans en 2005, encontrándose atrapado en la prisión de Orleans Parish mientras las aguas de inundación subían a su alrededor. Su historia no es un incidente aislado; destaca una evidente falta de preparación ante desastres que deja a casi 2 millones de personas encarceladas a merced de los funcionarios durante emergencias. A medida que el cambio climático agrava los riesgos que enfrentan estas instalaciones, es imperativo que abordemos los fracasos sistémicos que ponen en peligro las vidas de quienes se encuentran en ellas. La mayoría de las prisiones y cárceles están situadas en áreas vulnerables a peligros ambientales. Alarmantemente, más de 600 instalaciones se encuentran ubicadas en sitios tóxicos, y muchas carecen de la infraestructura básica necesaria para resistir eventos climáticos extremos. El verano de 2024 marcó un récord de temperaturas globales, sin embargo, numerosas instituciones siguen operando en condiciones intolerables, con más de 620 en alto riesgo de inundación. En California, donde los incendios forestales arrasan el paisaje anualmente, 24 prisiones están situadas peligrosamente cerca de zonas de riesgo de incendios. La ausencia de leyes integrales que protejan a las personas encarceladas durante desastres agrava estos riesgos. Mientras que otras estructuras públicas deben presentar informes detallados de impacto ambiental para asegurar financiamiento federal, las prisiones están exentas de tales requisitos. Esta omisión ha llevado a una grave falta de preparación, dejando a muchas instalaciones sin planes de evacuación ni medidas de seguridad adecuadas. Notablemente, un estudio de 2022 reveló que solo un puñado de estados consideró las necesidades de las personas encarceladas en sus estrategias de respuesta ante desastres. Las reformas posteriores al Katrina diseñadas para mejorar la preparación ante emergencias han sido insuficientes, ya que pasan por alto los derechos de quienes están bajo custodia. Si bien existen disposiciones para personas con discapacidades e incluso para mascotas, las personas encarceladas siguen siendo una consideración secundaria, si no completamente invisibles, en la planificación de desastres. El marco legal actualmente en vigor hace extremadamente difícil que los reclusos impugnen su tratamiento durante emergencias, ya que las reclamaciones de violaciones de derechos bajo la Octava Enmienda requieren pruebas de negligencia intencional, una barrera a menudo insuperable en el caótico aftermath de un desastre natural. A pesar de estos desafíos, hay caminos viables hacia adelante. El enfoque de la descongestión carcelaria, que ganó impulso durante la pandemia de COVID-19, puede adaptarse para mejorar la seguridad durante desastres climáticos. Reducir las poblaciones carcelarias mediante alternativas a la encarcelación por delitos menores o conmutar sentencias puede aliviar la sobrepoblación y reducir los riesgos asociados con los desastres naturales. Además, se deben priorizar medidas legislativas como la Ley Bipartidista de Preparación para Desastres en Instalaciones Correccionales, que exige que las instalaciones federales y estatales desarrollen e implementen planes de emergencia sólidos. Introducir juntas de supervisión independientes para garantizar el cumplimiento de estos estándares puede proteger aún más los derechos y el bienestar de las personas encarceladas. Más allá de centrarse únicamente en la respuesta a desastres, es vital aumentar la financiación para las condiciones de las prisiones en general. Mejoras simples, como la instalación de aire acondicionado en instalaciones que experimentan calor extremo, podrían marcar una diferencia profunda en la vida cotidiana de los reclusos, particularmente durante desastres cuando la evacuación no es una opción. Ampliar la Ley Nacional de Política Ambiental para incluir instituciones carcelarias y revisar la Ley de Reforma de Litigios de Prisioneros para aliviar la carga de acciones legales para los reclusos también son pasos cruciales. A medida que los desastres relacionados con el clima se vuelven más frecuentes y severos, la imperiosa necesidad de reformar cómo protegemos a nuestra población encarcelada es urgente. La historia de Raphael Schwarz es un llamado a la acción, enfatizando que la intersección de la salud pública, la justicia ambiental y los derechos de las personas encarceladas debe ser reconocida y priorizada. Si Estados Unidos desea evitar repetir los horrores presenciados en la prisión de Orleans Parish, debe adoptar un enfoque integral que no solo aborde los riesgos inmediatos que plantea el cambio climático, sino que también busque rectificar los fracasos sistémicos que permiten que tal negligencia persista.