Decisiones clave del Tercer Juzgado en el juicio a Keiko Fujimori por corrupción

El Tercer Juzgado Penal Colegiado ha tomado decisiones cruciales en el juicio que sigue a Keiko Fujimori por el caso Cócteles, un proceso que ha capturado la atención del país debido a las implicaciones legales y políticas que acarrea. En una sesión reciente, el tribunal, conformado por los jueces Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa, rechazó la solicitud de la defensa de convocar a varios testigos, argumentando que sus testimonios no serían pertinentes para el caso que se investiga. Entre los testigos que no serán citados se encuentran figuras destacadas como la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, el expresidente Martín Vizcarra y el colaborador eficaz Jaime Villanueva. La decisión del tribunal se basa en la premisa de que sus declaraciones se centrarían en hechos ajenos a los aportes ilícitos que se investigan en relación con las campañas electorales de 2011 y 2016. Este enfoque ha suscitado críticas de la defensa, que argumenta que la inclusión de tales testimonios podría arrojar luz sobre aspectos relevantes del caso. A pesar de estos rechazos, el tribunal sí admitió la declaración del exfiscal suizo Stefan Lenz, quien fue clave en la incautación de información relacionada con Odebrecht. Este testimonio podría ser fundamental, ya que Lenz tiene acceso a datos sobre los sistemas MyWebDay y Drousys, que son esenciales para entender el esquema de corrupción que ha envuelto a la constructora brasileña. La decisión de escuchar a Lenz refleja un interés del tribunal por profundizar en el contexto internacional de la investigación. Además, los jueces decidieron aceptar un video con la declaración del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, a pesar de que este no comparecerá en persona. Barata había mencionado en declaraciones previas la frase de Marcelo Odebrecht relacionada con Keiko Fujimori, lo que añade un elemento comprometedor a la figura de la lideresa de Fuerza Popular. Esta admisión de prueba refuerza la narrativa de un esquema de corrupción sistemático en el que estarían implicados varios políticos. Por otro lado, el tribunal también desestimó la inclusión de testimonios de figuras como el periodista Aldo Mariátegui y el exasesor presidencial Iván Manchego, argumentando que sus posibles aportes eran intrascendentes y que los hechos discutidos no eran parte del proceso. Esta decisión ha generado un debate sobre la relevancia de las voces críticas y cómo estas pueden influir en la percepción pública del caso. El rechazo de la declaración de Martín Vizcarra y de Jaime Villanueva se justifica en que sus testimonios no aportarían información sustancial al juicio y que cualquier dato sobre reuniones privadas con Keiko Fujimori podría requerir una investigación adicional. La complejidad de este caso radica en la interconexión entre diferentes actores políticos y el entramado de corrupción que ha sido destapado en los últimos años. Asimismo, el juzgado ha decidido no incluir ciertas pruebas que la defensa consideraba relevantes, como expedientes de colaboración de otros testigos, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la estrategia de la fiscalía y su capacidad para presentar un caso sólido ante el tribunal. La insistencia en que estas pruebas se presentaran en el momento adecuado refleja la rigidez de los procedimientos legales, que a menudo pueden ser un obstáculo para la búsqueda de la verdad. En un giro adicional, se desestimaron las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de Brasil que declaraban ilegales las pruebas recogidas por el juez Sergio Moro. La razón fue que la traducción de los documentos del portugués al español no cumplía con las normas legales establecidas, lo que subraya la importancia del rigor técnico en los procedimientos judiciales. Este desarrollo en el juicio a Keiko Fujimori no solo afecta su futuro político, sino que también expone las debilidades del sistema judicial en la lucha contra la corrupción. A medida que avanza este proceso, el país observa con atención, esperando que se haga justicia, mientras las decisiones del tribunal siguen generando tanto apoyo como controversia en la esfera pública. La percepción de la legalidad y la transparencia en estos casos es crucial, no solo para los afectados, sino para la confianza de la población en las instituciones del país.