Juicio de Ollanta Humala y Nadine Heredia enfrenta críticas por su prolongación

El juicio contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por presuntos aportes ilícitos de Odebrecht y otros casos vinculados al financiamiento de campañas del Partido Nacionalista se encuentra en una etapa crucial, aunque extendida en el tiempo. La complejidad del caso –que involucra a más de 300 testigos y una vastísima cantidad de pruebas documentales– ha hecho que el proceso judicial, que se inició oficialmente en febrero de 2022, continúe sin una fecha clara de sentencia. A medida que los jueces del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada han ido evaluando las pruebas, se ha hecho evidente que la carga de trabajo del tribunal es un factor determinante en la duración del juicio. Actualmente, el tribunal solo puede realizar una audiencia por semana, lo que limita significativamente el avance del proceso. Esta condición ha suscitado críticas y preocupaciones en el ámbito judicial sobre la eficiencia y la capacidad del sistema para manejar casos de tal envergadura. El fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, ha argumentado que el esfuerzo realizado por el colegiado es notable, dado el volumen de documentos y testimonios a evaluar. Sin embargo, también ha reconocido que el tiempo que se asigna al juicio es insuficiente para un caso de esta magnitud. La escasez de jueces dedicados exclusivamente a los megajuicios, como el de Humala, ha contribuido a la acumulación de procesos pendientes en el sistema judicial. Desde que se declaró formalmente la apertura del juicio, se han presentado alegatos iniciales, y se han discutido pruebas, tanto documentales como testimoniales. Sin embargo, la llegada de nuevos casos, como el juicio contra Keiko Fujimori por el Caso Cocteles, ha limitado aún más la capacidad del tribunal para concentrarse en el caso de Humala, lo cual ha llevado a que las audiencias se realicen con menor frecuencia de lo deseado. A lo largo del proceso, se han presentado diversas dificultades, incluido el impedimento de obtener declaraciones de testigos clave, como los exejecutivos de Odebrecht. La situación ha generado frustración tanto en la fiscalía como en las defensas, ya que la falta de testimonios puede afectar la evaluación final del caso. A pesar de las adversidades, el fiscal Juárez ha manifestado su confianza en que el juicio podría cerrar en diciembre de este año. Mientras tanto, tanto los abogados de Humala como los de Heredia han expresado su deseo de que el juicio llegue a un término pronto. Sin embargo, la incorporación de pruebas adicionales puede prolongar el proceso. La expectativa general en el Poder Judicial es que el juicio concluya antes de fin de año, lo que se considera un objetivo ambicioso dada la complejidad del caso. Por su parte, los abogados defensores han subrayado que la duración del juicio no solo se debe a la complejidad del caso, sino también a la falta de un tribunal de dedicación exclusiva. Este aspecto ha sido motivo de debate entre los juristas, quienes sostienen que la designación de jueces para casos de gran envergadura podría haber acelerado los tiempos judiciales. La situación del juicio de Humala es emblemática de los problemas más amplios que enfrenta el sistema judicial peruano. La combinación de escasez de recursos, la carga de trabajo acumulada y la necesidad de un enfoque más eficiente en la litigación oral son temas recurrentes que requieren atención urgente. La necesidad de reformar el sistema judicial para hacerlo más ágil es una conversación que, si bien no es nueva, se ha vuelto más urgente a medida que se acumulan casos de corrupción y lavado de activos en el país. Los profesionales del derecho han indicado que los resultados de este juicio podrían sentar un precedente importante no solo para el caso de Humala, sino también para otros casos emblemáticos que involucran a figuras políticas y financiamiento irregular de campañas. La jurisprudencia que se establezca podría influir en la interpretación de la ley y en el tratamiento de casos futuros similarmente complejos. En consecuencia, mientras el juicio avanza, los ojos del país están puestos en el tribunal y en la posibilidad de que este proceso judicial, que ha captado la atención pública desde su inicio, pueda finalmente llegar a una conclusión. La resolución de este caso no solo afectará a los acusados directos, sino que también podría tener repercusiones más amplias en la política y el sistema judicial en el Perú. Así, la justicia no solo está en juego para Humala y Heredia, sino también para la credibilidad del sistema en su conjunto.