Creciente polémica en Perú por la propuesta de privatización de PetroPerú

La reciente propuesta de privatización de PetroPerú, la emblemática empresa estatal que ha sido pilar fundamental de la economía peruana, ha generado un intenso debate en la opinión pública y entre los sectores políticos del país. Este movimiento, impulsado por el actual gobierno de Dina Boluarte, ha sido calificado por muchos como una traición a la voluntad popular, llevándose a cabo en un contexto en que la oposición a la privatización había sido una constante en la historia reciente del Perú, más aún cuando el presidente Alberto Fujimori no logró concretar dicho proceso en 1996 debido a la resistencia social y sindical. En estos momentos, el gobierno ha anunciado que su plan no es simplemente privatizar, sino llevar a cabo una “reestructuración empresarial”. Sin embargo, críticos alegan que estas acciones son más una fachada para encubrir la liquidación de PetroPerú, un proceso que comenzaría con la venta de activos clave, comenzando por su sede principal en San Isidro, Lima. Esta estrategia ha levantado suspicacias, especialmente por la implicación de intereses privados, como los de la empresa Aenza, anteriormente conocida como Graña y Montero, que tendría un interés en la gestión de estos activos. La campaña mediática que ha acompañado este anuncio es un asunto de preocupación. Varios medios de prensa, incluidos los de mayor circulación en el país, han participado activamente en la crítica a PetroPerú, lo que ha llevado a muchos a preguntarse sobre los verdaderos motivos detrás de esta cobertura. No es casualidad que el Grupo Graña y Montero tenga vínculos con algunos de estos medios, lo que plantea interrogantes sobre la independencia de la prensa y su rol en la configuración de la narrativa pública. La situación se complica aún más si se considera que la Comentario a la Opinión Pública del 27 de septiembre de 2024, que impulsa la reestructuración, surge de un entorno político en el que la gestión de Boluarte ha sido cuestionada. La insinuación de que la empresa podría ser liquidada, a través de la recomendación de contratar a una firma internacional para gestionar esta reestructuración, sugiere que se estaría preparando el terreno para un desmantelamiento más que para una salvaguarda de los activos de PetroPerú. Históricamente, la ley N.º 28244, promulgada en 2004, excluyó a PetroPerú de cualquier modalidad de privatización, una decisión que fue apoyada por un amplio espectro político. Este marco legal se encuentra ahora en la cuerda floja, y surgen preguntas sobre la posibilidad de que un decreto de urgencia pueda derogar una ley sancionada por el Congreso. Este dilema plantea profundas implicaciones sobre el respeto a las normativas y la legalidad en la gestión de bienes estatales. A medida que el gobierno continúa su avance hacia esta privatización o liquidación, la insistencia de algunos sectores en declarar la insolvencia de PetroPerú genera aún más desconfianza. Los rumores sobre el interés de bancos asociados a grupos económicos influyentes, como el Grupo Romero, en adquirir activos de la empresa estatal, sugieren que los conflictos de interés están muy presentes en este proceso. Sin embargo, es crucial subrayar que PetroPerú no es una empresa quebrada. A pesar de enfrentar una crisis de liquidez, la compañía cuenta con activos valorados en más de 10 mil millones de dólares y ha demostrado su capacidad para generar ingresos sustanciales para el Estado a lo largo de los años. Entre 2019 y 2023, ha contribuido con más de 5,994 millones de dólares en tributos, lo que pone en tela de juicio la narrativa de insolvencia que se ha difundido. La reciente puesta en funcionamiento de la moderna refinería de Talara, que está diseñada para ser una de las más avanzadas de la región, es otra muestra de la viabilidad de PetroPerú. Con una capacidad de producción considerable, esta refinería representa no solo un avance tecnológico, sino también una oportunidad significativa para revitalizar la posición de mercado de la empresa, que ha sido socavada por la competencia desleal y las prácticas de los conglomerados extranjeros. Finalmente, la situación de PetroPerú y los pasos que está dando el gobierno debe ser observada con atención. La posibilidad de que el destino de una empresa que ha sido un pilar de la economía peruana caiga en manos de intereses privados plantea una serie de interrogantes sobre el futuro del sector energético en el país. Los ciudadanos están llamados a ser parte activa de este debate, cuestionando las decisiones que afectan un recurso tan vital y estratégico como es el petróleo y, por ende, el futuro energético del Perú. La historia podría juzgar este momento como un punto de inflexión en la manera en que se gestionan los recursos del Estado y en cómo se define el equilibrio entre lo público y lo privado en el país.