Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Fuerza Popular ha expresado su descontento con las recientes declaraciones del actual canciller peruano, Luis Adrianzén, y del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Schialer, en relación a la situación política en Venezuela. En un comunicado emitido por el partido, se califica como "tibias" las posturas adoptadas por ambos funcionarios, quienes han evitado, según el partido, el uso de términos como "fraude" y "dictadura" al referirse a la administración de Nicolás Maduro. La crítica de Fuerza Popular se centra en lo que consideran una falta de firmeza ante lo que ellos describen como una "sanguinaria dictadura izquierdista". Según el comunicado, los demócratas en Perú tienen el deber de alzar la voz y condenar públicamente los abusos cometidos por el régimen de Maduro. Asimismo, aseguraron que estos pronunciamientos son necesarios para denunciar los actos de persecución política que, alegan, se han intensificado en Venezuela, en particular contra el "legítimo presidente electo", Edmundo Gonzales Urrutia, quien enfrenta una orden de detención en su país. Las tensiones en torno a la postura del gobierno peruano sobre Venezuela se agudizan a medida que se acerca la crisis política en el país vecino. Durante una reciente entrevista con RPP, Adrianzén evitó pronunciarse sobre las elecciones en términos que Fuerza Popular considera adecuados, lo que desató un debate sobre qué constituye un deber moral de los líderes peruanos al abordar la crisis venezolana. La falta de un reconocimiento formal por parte del gobierno peruano sobre Gonzales Urrutia como presidente electo fue otro tema de controversia, dejando un ambiente de confusión sobre la postura oficial de Perú en este asunto. A pesar de la presión ejercida por Fuerza Popular y otros sectores políticos, Adrianzén defendió su enfoque, argumentando que no se puede reconocer a alguien como presidente electo sin una comunicación oficial que lo respalde. Este enfoque ha sido interpretado como una falta de apoyo a la oposición venezolana, lo que ha generado críticas desde varios frentes. En cuanto a Schialer, su juramento en el cargo fue seguido por una reafirmación del compromiso de Perú hacia una posición democrática, destacando que los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los propios venezolanos. Sin embargo, esta declaración también fue recibida con escepticismo, ya que muchos consideran que la neutralidad puede ser vista como complicidad ante las violaciones a los derechos humanos que denuncia la oposición venezolana. El exministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, se ha posicionado claramente a favor de Gonzales Urrutia, describiéndolo como el "presidente electo legítimo" tras las elecciones en Venezuela, a lo que el gobierno de Perú no ha respondido afirmativamente. Esto ha llevado a un creciente clamor en ciertos sectores políticos que demandan una postura más clara y decidida por parte de la administración de Dina Boluarte. La falta de coherencia en la comunicación del gobierno y la percepción de tibieza en la denuncia de la dictadura venezolana han puesto en jaque la credibilidad de los nuevos funcionarios. La presión de Fuerza Popular y otros actores opositores no parece disminuir, ya que las denuncias sobre violaciones de derechos humanos continúan llegando desde Venezuela. Los vínculos entre la política peruana y la situación en Venezuela son cada vez más evidentes, con Fuerza Popular tomando una posición que busca capitalizar las frustraciones de muchos peruanos respecto a la crisis humanitaria y política en el país vecino. La guerra de palabras entre los diversos sectores políticos refleja una lucha más amplia sobre cómo Perú debe posicionarse ante un régimen que es visto como una amenaza a la democracia en la región. La situación seguirá siendo un tema candente en el debate político nacional, ya que los ciudadanos y los partidos demandan claridad y acción. La pregunta que se cierne es si el gobierno de Dina Boluarte logrará encontrar un equilibrio que le permita mantener un camino diplomático efectivo mientras asegura que la voz de aquellos que sufren bajo la dictadura de Maduro no quede silenciada.