Incendios forestales devastan 2,9 millones de hectáreas en Bolivia y generan crisis humanitaria

Las alarmantes cifras de incendios forestales en Bolivia han dejado una huella devastadora en el ecosistema del país andino, afectando hasta el momento a 2,9 millones de hectáreas. Según la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), de esta cifra, un 68 % corresponde a pastizales y un 32 % a bosques. La región más impactada es el municipio de San Matías, ubicado en el oriental departamento de Santa Cruz, un área que se considera el motor económico del país. Sin embargo, las estimaciones de la Fundación Tierra, una organización privada que se especializa en la investigación de desarrollo rural sostenible, son aún más sombrías. Esta entidad denuncia que, en realidad, más de 4 millones de hectáreas han sido devastadas por el fuego, lo que incluye más de un millón en áreas protegidas. Los incendios no solo están destruyendo la flora, sino que también están amenazando la biodiversidad y los recursos naturales que son cruciales para la población local. La magnitud de la crisis se ha intensificado en las últimas semanas, a medida que se ha confirmado que 20 municipios han sido afectados por los incendios. En Santa Cruz, 14 de estos municipios están directamente en la línea de fuego, incluyendo localidades como Urubichá, Concepción y San Ignacio de Velasco. En el departamento de Beni, se reportan quemas en municipios como Magdalena y Huacaraje, mientras que en Pando la situación es similar en la localidad de Filadelfia. El impacto de los incendios va más allá de la destrucción de flora y fauna. Según el gobierno boliviano, 62 comunidades han sido alcanzadas por el fuego, lo que ha llevado a muchas familias a abandonar sus hogares y dejar atrás sus medios de vida. El desplazamiento forzado de estas comunidades representa una crisis humanitaria que exige atención inmediata. El Observatorio Bosque Seco Chiquitano ha comunicado que seis áreas protegidas han sido afectadas por los incendios, entre ellas el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, un área designada como Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000. La pérdida de este patrimonio natural no solo es una tragedia ambiental, sino que también daña el legado cultural y tradicional de las comunidades que dependen de estos recursos. Ante esta crisis, el Viceministerio de Defensa Civil ha emitido reportes y ha comenzado a implementar medidas de respuesta. Se espera que la ABT presente la reglamentación del Decreto Supremo 5203, que contempla un endurecimiento de las multas a quienes provoquen incendios o quemas en el territorio nacional. Esta acción es crucial en la lucha contra la impunidad que ha caracterizado el manejo de incendios en años anteriores. Entre julio y noviembre de 2023, se han registrado más de 160 incendios forestales que han consumido 3,3 millones de hectáreas de zonas boscosas, matorrales y pastizales secos. Comparando con años anteriores, el 2019 se destaca como el año con mayores afectaciones, donde más de 5 millones de hectáreas fueron quemadas. En 2022, la cifra se redujo, pero aún se reportaron más de 4 millones de hectáreas afectadas. La comunidad internacional también ha estado atenta a la situación. Países vecinos, como Perú, han expresado su solidaridad y apoyo efectivo hacia Bolivia en estos momentos críticos. La cooperación regional es fundamental para hacer frente a un problema que no conoce fronteras y que demanda esfuerzos conjuntos para su mitigación. Sin embargo, la lucha contra los incendios forestales exige no solo acciones inmediatas, sino un compromiso sostenido a largo plazo. La educación ambiental y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles son esenciales para reducir la incidencia de incendios en el futuro. Asimismo, es imperativo que las políticas públicas se orienten a la conservación de los recursos naturales y al fortalecimiento de comunidades resilientes. En un contexto donde el cambio climático continúa afectando los patrones climáticos y aumentando la vulnerabilidad de los ecosistemas, la situación en Bolivia es un llamado urgente a la acción. La protección de los bosques y áreas protegidas no es solo una responsabilidad gubernamental, sino un deber de toda la sociedad, que debe unirse en la defensa de su patrimonio natural y cultural.