Crisis de confianza en Brasil: el inquérito-pai y la justicia en entredicho

La situación actual en Brasil en torno a la jurisdicción xandónica y el controvertido inquérito-pai, que investiga las llamadas Fake News, ha suscitado un creciente debate sobre la independencia de la justicia y los límites del poder judicial. Desde que Alexandre de Moraes asumió la presidencia de este inquérito en 2019, el marco legal que lo sostiene ha sido objeto de críticas, y las revelaciones sobre su funcionamiento han puesto en tela de juicio no solo su objetivo, sino también la legitimidad de las acciones que se llevan a cabo en su nombre. Recientemente, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, ofreció una entrevista a la Folha donde, en un acto de defensa de su colega Moraes, hizo hincapié en la distinción entre filtraciones y el contenido de las mismas. Sin embargo, la respuesta de Barroso ha sido interpretada como una evasión de la esencia del problema: no se trata únicamente de la filtración, sino de lo que los mensajes revelan sobre el uso del poder judicial para fines que trascienden la mera administración de justicia. Los diálogos que han salido a la luz no solo evidencian una instrumentalización del poder por parte de Moraes y sus asesores, sino que también plantean la pregunta acerca de quién es realmente la víctima en esta trama. La falta de claridad en el propósito de la investigación ha llevado a muchos a cuestionar la ética detrás de las acciones de Moraes, quien, en lugar de defender la integridad del sistema, parece priorizar su propia imagen y la del tribunal que representa. La jurisdicción xandónica, un término que ha comenzado a popularizarse para describir la situación actual, se caracteriza por un enfoque selectivo en la investigación, en el que las decisiones sobre qué investigar dependen en gran medida de la conveniencia del poder. Este fenómeno ha sido alimentado por un inquérito que, al nacer con el objetivo de abordar la desinformación y las amenazas a la democracia, se ha visto transformado en un instrumento de control que permite a sus responsables actuar con impunidad. Uno de los aspectos más preocupantes es cómo la prolongación del inquérito ha dejado al descubierto la elasticidad del concepto de honor, especialmente entre aquellos que ocupan posiciones de poder. La censura de un reportaje que revelaba conexiones entre el ex presidente Lula y el empresario Marcelo Odebrecht es un claro ejemplo de cómo la justicia puede ser manipulada en función de intereses particulares, lo que genera desconfianza en la imparcialidad del sistema. A medida que el inquérito se ha expandido, su alcance ha dejado de ser claro, lo que ha contribuido a la sensación de que se ha creado un marco legal a la medida de ciertos actores políticos. La crítica a esta situación no se limita a la oposición política, sino que también proviene de sectores de la sociedad civil que ven en esta dinámica un peligro para la democracia y el estado de derecho en Brasil. Es vital que la sociedad brasileña se plantee preguntas sobre la legitimidad de las instituciones y la forma en que estas ejercen su poder. La independencia del poder judicial debe ser preservada, pero no a costa de la transparencia y la rendición de cuentas. La manipulación de los inquéritos y la falta de claridad en su funcionamiento no solo afectan a los individuos involucrados, sino que erosionan la confianza pública en la justicia. En este contexto, el papel de los medios de comunicación se torna crucial. Deben actuar como vigilantes del poder, revelando las verdades que a menudo se ocultan tras las cortinas de la burocracia judicial. La prensa tiene la responsabilidad de informar sobre las irregularidades y de dar voz a aquellos que, como los críticos del inquérito, son silenciados por el aparato estatal. La situación actual invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder y la justicia en Brasil. La lucha por la defensa de la democracia no puede ser una excusa para el abuso del poder, y es fundamental que los ciudadanos exijan claridad y justicia en todos los niveles de gobierno. Solo así se podrá reconstruir la confianza en un sistema que, en este momento, parece estar más preocupado por su supervivencia que por cumplir con su verdadero propósito: servir y proteger a la sociedad.