Creciente inseguridad en Perú: Desconfianza ciudadana y crisis ministerial

La percepción de inseguridad en el Perú se ha convertido en un fenómeno notable que trasciende las cifras de victimización real. Según recientes datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 27% de la población encuestada reportó haber sido víctima de algún delito hasta junio de 2024. Sin embargo, un abrumador 86.1% de los ciudadanos se siente inseguro, una cifra que ha mostrado un leve aumento en comparación con el mes anterior. Este desbalance entre la experiencia directa del crimen y el miedo colectivo ilustra una crisis de confianza que afecta no solo a los ciudadanos, sino también a las instituciones encargadas de brindar seguridad. El creciente temor de la población se refleja en la percepción de la policía nacional. A pesar de que el 31.1% de los encuestados considera que hay vigilancia policial, la confianza hacia el cuerpo policial ha ido en decremento, con solo un 19.4% de aprobación en la gestión actual de la Policía Nacional, un descenso respecto al 21.5% del mismo periodo del año anterior. Este descontento no solo afecta a la ciudadanía, sino que también se traduce en el ámbito político, donde los ministros del gabinete sienten la presión de una opinión pública cautelosa y, en ocasiones, hostil. Frente a esta sombría realidad, los miembros del gabinete enfrentan una inseguridad diferente, marcada por la incertidumbre y los rumores de posible reestructuración. Desde el mensaje del 28 de julio, la idea de fusionar ministerios ha estado en el aire, generando expectativas que han ido más allá de lo tangible. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno no ha presentado un proyecto claro sobre qué carteras serían fusionadas, lo que aumenta el nerviosismo entre ministros que podrían ser afectados. Las fusiones ministeriales propuestas parecen ser un intento por equilibrar la balanza del Estado, ofreciendo cambios que aplacarían la crítica sobre una expansión innecesaria del aparato estatal. Sin embargo, la ejecución de estas fusiones se ha visto ensombrecida por la presión de diversos sectores que defienden sus intereses específicos. Los conservadores, por ejemplo, buscan reducir la influencia de ministerios como el de la Mujer y Cultura, mientras que los liberales demandan la eliminación de ciertas carteras. Este juego de intereses ha hecho que el cambio de ministros parezca una opción más viable que la complejidad de fusionar ministerios. La incertidumbre también se siente en aquellos sectores más ideológicos. Ministerios como el de la Mujer y Cultura se han convertido en verdaderos campos de batalla, donde las ministras Teresa Hernández y Leslie Urteaga navegan aguas turbulentas. En contraste, otros ministros parecen haber adoptado perfiles más discretos en un intento de eludir el fuego cruzado de críticas y demandas. Este es el caso de Hania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda, quien ha adoptado una postura más cautelosa, alejándose de la confrontación política. En el contexto de estos cambios e incertidumbres, el Ministro de Economía y Finanzas, José Arista, se encuentra en el centro de una tormenta crítica. La presión que enfrenta proviene de ambos extremos del espectro político, tanto de la izquierda como de la derecha. La crítica por el manejo del déficit fiscal y la falta de una estrategia clara lo sitúan como uno de los ministros más vulnerables en esta dinámica de cambios. Lo que se percibe como un posible ajuste de gabinete podría no ser tan inminente como algunos podrían suponer. Fuentes dentro del gobierno han señalado que no hay señales claras de un cambio inmediato de ministros ni conversaciones en curso sobre fusiones específicas. La calma aparente en el discurso gubernamental podría ser parte de una estrategia para gestionar la incertidumbre y las expectativas. En medio de este panorama, la continuidad de algunos ministros parece estar asegurada por su alineación con los intereses del gobierno y su capacidad para negociar con distintos sectores. Sin embargo, el equilibrio es frágil y dependerá de cómo evolucione la situación política y social en el país. Los próximos meses serán cruciales para determinar no solo la estabilidad del gabinete, sino también la dirección que tomará el gobierno frente a los desafíos económicos y de seguridad que enfrenta. Finalmente, la situación refleja un dilema más amplio: el desafío de gobernar en un contexto de desconfianza y miedo. La percepción de inseguridad, tanto en las calles como dentro del gobierno, demanda respuestas claras y efectivas que vayan más allá de los cambios superficiales. Los ciudadanos esperan una gestión que no solo aborde sus temores, sino que también restaure la confianza en las instituciones que deben velar por su seguridad y bienestar.