Colombia ratifica el Acuerdo de Escazú: un avance crucial en derechos ambientales

La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional de Colombia marca un momento significativo en la historia del país y un avance crucial en la protección de los defensores de derechos humanos y el medio ambiente. Este tratado, que ha sido esperado durante casi cinco años, busca garantizar el acceso a la información ambiental y promover la participación ciudadana en decisiones que afectan el entorno, en una nación que ha sido considerada la más peligrosa del mundo para quienes defienden el medio ambiente. El Acuerdo de Escazú, un pacto internacional regional adoptado en 2018, establece derechos claros en torno a la información ambiental y la justicia, además de incluir disposiciones específicas para la protección de los defensores ambientales. Esto es particularmente relevante en un contexto en el que, según datos de Global Witness, más del 70 % de los asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial han ocurrido en América Latina, siendo Colombia uno de los países más afectados. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró la decisión de la Corte Constitucional, subrayando que esta ratificación garantizará los derechos de participación de la ciudadanía y la transparencia en las decisiones que afectan el ambiente. Aseguró que es fundamental proteger a los defensores ambientales para que puedan realizar su trabajo sin miedo a represalias, destacando que se abre una nueva era para la política ambiental en Colombia. Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, enfatizó que el Acuerdo de Escazú da la oportunidad de revisar profundamente las políticas públicas relacionadas con la defensa del medio ambiente. Resaltó que es imperativo entender las violencias que enfrentan los defensores y encontrar formas efectivas de prevenirlas, lo que se convierte en un desafío crucial en un país caracterizado por conflictos socioambientales. El camino hacia la ratificación no ha sido sencillo. Aunque el Acuerdo fue firmado en 2019, su proceso de ratificación se estancó en el Congreso, enfrentando oposiciones que argumentaban que Colombia ya contaba con suficientes mecanismos de protección. Sin embargo, bajo el gobierno de Gustavo Petro, el Congreso finalmente aprobó la ratificación, y ahora solo queda formalizarla ante la ONU. Lina Muñoz, abogada especialista en Derecho Constitucional, comentó que la ratificación colombiana podría servir de modelo para otros países de la región que aún no han adoptado el tratado. La desinformación y los mitos en torno al Acuerdo han sido un obstáculo en varias naciones, pero el ejemplo de Colombia podría ayudar a disipar esas dudas y fortalecer la defensa del medio ambiente en la región. Colombia se une así a otros 16 países que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, entre los que se encuentran países como Chile y México. Sin embargo, aún persiste la necesidad de que naciones como Brasil y Perú, que enfrentan altos índices de violencia contra defensores ambientales, sigan el ejemplo y se comprometan a proteger a quienes luchan por la justicia ambiental. El impacto de esta decisión trasciende las fronteras colombianas, pues establece un precedente que podría cambiar la forma en que se abordan los derechos ambientales en toda América Latina y el Caribe. La protección de los defensores ambientales es un asunto de vital importancia no solo para la sostenibilidad del medio ambiente, sino también para la democracia y los derechos humanos en la región. Luisa Gómez Betancur, abogada del Centro de Derecho Ambiental Internacional, calificó la decisión como un hito para la democracia ambiental, instando a un cambio en la cultura de violencia hacia los defensores en Colombia. Este acuerdo no solo busca proteger vidas, sino también fortalecer el trabajo comunitario en la defensa del medio ambiente, un paso clave para avanzar hacia un futuro más justo y sostenible. Así, la ratificación del Acuerdo de Escazú se presenta no solo como una victoria para el medio ambiente y los derechos humanos, sino como una oportunidad para construir un país más consciente y respetuoso de su entorno. La Corte Constitucional ha enviado un mensaje claro: es hora de poner fin a la violencia contra los defensores del ambiente y garantizar que su trabajo pueda continuar en un marco de protección y respeto.