Controversia en Perú: Fiscales rechazan norma que permite a PNP investigar delitos

La reciente aprobación en el Congreso del texto sustitutorio que permite a la Policía Nacional del Perú (PNP) investigar ciertos delitos sin la supervisión de un fiscal ha desatado un intenso debate en la esfera pública y política del país. La Junta de Fiscales Supremos ha manifestado su rechazo a esta norma, argumentando que socava las competencias del Ministerio Público y puede derivar en un debilitamiento institucional en la lucha contra la impunidad. La medida, respaldada por algunos exministros del Interior y altos mandos policiales, busca fortalecer la capacidad de la PNP para investigar delictos de manera más ágil. Sin embargo, los fiscales supremos han expresado su preocupación de que esta iniciativa contraviene el artículo 159 de la Constitución, que garantiza la autonomía del Ministerio Público en la conducción de investigaciones criminales. Este conflicto de competencias ha llevado a la Junta a solicitar una reevaluación de la norma por parte de los legisladores antes de su segunda votación, prevista para los próximos días. En su pronunciamiento, la Junta de Fiscales Supremos advirtió que la implementación de esta norma no brindará soluciones efectivas contra la criminalidad, sino que podría resultar en un aumento de la impunidad al restar poder al Ministerio Público. "Lejos de mejorar los instrumentos para la persecución del delito, esta legislación favorece los intereses de aquellos que buscan eludir la justicia", señalaron, dirigiéndose tanto a los legisladores como a la ciudadanía. Uno de los puntos más críticos de la oposición a esta norma es el temor de que la investigación preliminar de delitos vitales sea conducida por la PNP, lo que podría llevar a una doble dirección en las investigaciones, limitando el control que el Ministerio Público ejerce sobre su propio proceso investigativo. Este cambio en las atribuciones podría derivar en que los fiscales se vean obligados a depender de los informes y análisis de la PNP, afectando la calidad y la imparcialidad de las investigaciones. Los fiscales también han resaltado que, según la propuesta, los exámenes periciales serían realizados únicamente por la Dirección de Criminalística de la Policía, limitando el acceso a una red de peritos capacitados que actualmente forman parte del Ministerio Público. Los fiscales han argumentado que esta medida no solo es inconstitucional, sino que también ignora la realidad de las capacidades logísticas y operativas de la PNP, que ha enfrentado críticas sobre su infraestructura y recursos para realizar investigaciones efectivas. En un contexto donde el Ejecutivo ya había intentado implementar medidas similares a través de Decretos Legislativos, la Junta ha reiterado que han presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que se encuentra en espera de audiencia. Esta situación plantea una incógnita sobre el futuro de la autonomía del Ministerio Público y la capacidad de la PNP para actuar como un órgano investigador. Asimismo, los fiscales supremos han dejado entrever inquietudes sobre las implicaciones de esta norma en la investigación de altos funcionarios del Estado. Si la PNP asumiera la investigación de casos que involucran a presidentes, ministros y congresistas, se podría crear un escenario de conflicto de intereses y falta de transparencia en los procesos investigativos. La controversia en torno a esta norma refleja un debate más amplio sobre la seguridad, la justicia y el papel de las instituciones en la sociedad peruana. Mientras algunos abogan por una mayor autonomía de la PNP en sus funciones investigativas, otros insisten en que esta medida podría poner en riesgo la independencia del sistema judicial. Las palabras de la Junta de Fiscales Supremos resuenan con fuerza: "La comunidad internacional está atenta a los movimientos legislativos que pueden afectar el Estado de Derecho en nuestro país". La responsabilidad recae ahora en los legisladores, quienes deberán ponderar las implicaciones de su decisión no solo para el presente, sino también para el futuro del sistema judicial peruano. En conclusión, el rechazo de la Junta de Fiscales Supremos a la norma que permite a la PNP investigar delitos preliminarmente plantea un llamado de atención sobre la necesidad de respetar la separación de poderes y garantizar la autonomía de las instituciones. La discusión sigue abierta y será fundamental para definir el rumbo de la justicia en el Perú.