Cierre de universidades en Perú revela fallos en calidad educativa y gestión institucional

El proceso de licenciamiento de universidades en Perú, impulsado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), ha sido un tópico de gran relevancia en el ámbito educativo del país. Desde la implementación de este mecanismo en 2015, la SUNEDU ha evaluado a cerca de 150 instituciones de educación superior, buscando asegurar que cumplan con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) necesarias para operar legalmente. Sin embargo, casi el 50% de estas casas de estudio no han logrado obtener la autorización correspondiente, lo que ha llevado a una serie de cierres administrativos en el sector. Este proceso de licenciamiento ha tenido como finalidad principal mejorar la calidad educativa en Perú, un objetivo que se vuelve cada vez más urgente ante las crecientes demandas de una educación superior de calidad. A medida que se aproxima el periodo 2024-2025, cinco universidades reconocidas se encuentran en la lista de aquellas que, tras recibir la negativa de licenciamiento por parte de la SUNEDU, cesarán sus actividades. La situación es alarmante y refleja la necesidad de un cambio estructural en la educación superior del país. Entre las universidades que han sido afectadas se encuentran varias que, a pesar de su reconocimiento, no han logrado cumplir con los requisitos establecidos. La SUNEDU ha detallado las razones por las cuales estas instituciones no lograron el licenciamiento, las cuales abarcan desde inconsistencias en la asignación de recursos hasta la falta de infraestructura adecuada para garantizar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje. Uno de los casos más destacados es el de la Universidad de Ciencias y Humanidades, que presentó múltiples versiones sobre el número de estudiantes matriculados, generando dudas sobre la veracidad de su gestión administrativa. Esta falta de claridad es crítica, ya que no solo afecta la credibilidad de la institución, sino que también pone en riesgo los derechos de los estudiantes que confían en recibir una educación de calidad. Asimismo, se reportaron deficiencias en la disponibilidad de servicios psicopedagógicos y deportivos, lo que pone de manifiesto una gestión inadecuada en la atención integral de los estudiantes. La SUNEDU ha subrayado que la sostenibilidad de estos servicios es fundamental para el bienestar de la comunidad estudiantil, y el incumplimiento en este aspecto ha sido un factor determinante en la negativa del licenciamiento. El problema no se limita solamente a la gestión administrativa y de servicios. Las universidades implicadas también han fallado en garantizar la seguridad de sus instalaciones. En particular, se identificaron insuficiencias graves en la infraestructura, tales como la falta de protocolos de seguridad adecuados en laboratorios y talleres, lo que representa un riesgo latente para la salud y la seguridad de los estudiantes. Otro aspecto crítico ha sido la no presentación de un sistema de gestión de residuos sólidos y líquidos peligrosos, lo que plantea serios cuestionamientos sobre el compromiso de estas universidades con el medio ambiente y la salud pública. Estos fallos evidencian una falta de planificación y responsabilidad en la operación de estas instituciones. Por otro lado, las universidades afectadas han sido señaladas por no contar con planes de estudio claros y bien estructurados, hecho que limita la calidad educativa que pueden ofrecer. La SUNEDU ha enfatizado que el cumplimiento de los objetivos académicos, así como la oferta educativa que responde a las necesidades del mercado laboral, son criterios esenciales para la obtención del licenciamiento. Es importante destacar que, aunque estas cinco universidades no lograron obtener el licenciamiento, un número significativo de instituciones sí lo hizo, lo que demuestra que es posible cumplir con los estándares requeridos. El compromiso de las universidades que han logrado licenciarse con la mejora continua y la calidad educativa es un ejemplo a seguir para aquellas que aún tienen la oportunidad de corregir sus deficiencias. La SUNEDU ha establecido un mecanismo para aquellos proyectos universitarios y universidades con licencias denegadas, brindando la posibilidad de reintegrarse al sistema educativo superior de calidad. Sin embargo, esto requerirá un esfuerzo conjunto y un enfoque serio y comprometido hacia la mejora de su gestión y calidad educativa. El cierre de universidades es un tema de profundo impacto social, ya que afecta no solo a los estudiantes y sus familias, sino también a la comunidad en general y al desarrollo del país. La educación superior es un pilar fundamental para el crecimiento y la formación de profesionales competentes que contribuyan al desarrollo del Perú. La responsabilidad ahora recae en las instituciones educativas para tomar el camino hacia la mejora y la calidad que la sociedad demanda y merece.