Entrega de finca Nuevo México a campesinos en Córdoba impulsa justicia social

La reciente decisión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) de entregar la finca Nuevo México, ubicada en el municipio de Sahagún, Córdoba, a un grupo de campesinos ha generado una serie de reacciones positivas en la región. Este hecho, que se consumó el pasado 22 de agosto, forma parte de una estrategia más amplia del gobierno nacional para recuperar terrenos que estaban en manos de individuos vinculados a actividades ilícitas, tales como el narcotráfico y la corrupción. El excongresista Mussa Besaile Fayad, cuyo nombre ha estado en el ojo del huracán debido a su vinculación con el escándalo de Odebrecht, perdió el control de esta finca, que abarca una parte significativa del total de más de 1.500 hectáreas entregadas. La entrega de estas tierras, junto con otras propiedades denominadas Maragón, Tengo Amores, Las Monitas y Tucunare, no solo representa un paso hacia la justicia social, sino que también busca revitalizar la economía de la región sabanera. La SAE, a través de su misión, se ha comprometido a actuar en beneficio de las comunidades, buscando garantizar derechos fundamentales que son esenciales para el desarrollo social. En este sentido, la entrega de tierras a los campesinos no es solo un acto simbólico, sino una acción concreta que promete mejorar la calidad de vida de aquellos que históricamente han sido marginados. El proceso de recuperación de tierras como estas es un componente clave del mandato del presidente Gustavo Petro, quien ha enfatizado la importancia de atender las necesidades básicas de la población, tales como alimentación y salud. La entrega de la finca Nuevo México es un ejemplo claro de cómo las políticas de restitución pueden ser implementadas para transformar vidas y fomentar un desarrollo más equitativo. Además, los campesinos beneficiados con esta entrega tienen la oportunidad de trabajar la tierra de manera sostenible, contribuyendo así no solo a su subsistencia, sino también a la economía local. La agricultura puede convertirse en un motor de desarrollo que no solo genere ingresos, sino que también promueva la cohesión social y el fortalecimiento de la comunidad. La importancia de este acto se ve realzada por el contexto en el que se desarrolla. En un país donde los recursos naturales han sido explotados y gestionados de manera irresponsable por actores ilegales, la reivindicación de tierras para quienes realmente las trabajan se convierte en un acto de justicia y reparación. Sin embargo, el camino hacia la recuperación total de la confianza de las comunidades en el sistema se enfrenta a retos significativos. Aún persisten las dudas sobre la capacidad del Estado para ofrecer un acompañamiento real a los campesinos en su lucha por mejorar sus condiciones de vida y garantizar su seguridad en el uso de estos nuevos terrenos. Por otra parte, es crucial que la administración local y regional se involucre en este proceso, asegurando que se implementen programas de formación y asistencia técnica que permitan a los nuevos propietarios maximizar el potencial de las tierras entregadas. Solo así se podrá garantizar que esta iniciativa no sea un esfuerzo aislado, sino parte de una estrategia integral de desarrollo rural. La entrega de la finca Nuevo México y otros predios a campesinos en Sahagún marca un paso significativo en la lucha contra la desigualdad y la injusticia social en Colombia. Aunque el desafío es grande, la esperanza de una vida digna y un futuro más próspero comienza a tomar forma en la tierra que ahora pertenece a quienes la han trabajado con esfuerzo y dedicación.