EE.UU. avanza en energías renovables, pero la política podría frenar el progreso

En los últimos años, Estados Unidos ha sido testigo de un notable desarrollo en el ámbito de la energía renovable, una tendencia que ha alcanzado niveles sin precedentes. Hoy en día, casi el 30% de la capacidad eléctrica del país proviene de fuentes renovables, gracias en gran medida a los incentivos federales en forma de deducciones fiscales. Este auge es un reflejo del creciente compromiso del país hacia una matriz energética más sostenible y menos dependiente de los combustibles fósiles, un cambio que se ha vuelto crucial en el contexto del cambio climático. A pesar de este avance, el apoyo público a las energías renovables ha generado tensiones entre los dos principales partidos políticos. La Ley de Reducción de la Inflación, un hito legislativo bajo la administración Biden, fue aprobada únicamente con el respaldo de los demócratas. Aunque su título no menciona explícitamente la energía renovable, en esencia, la IRA representa la inversión más significativa en proyectos de mitigación del cambio climático en la historia de EE.UU., con un impacto estimado que podría alcanzar el billón de dólares. La IRA no solo prorroga los créditos fiscales existentes, sino que también introduce nuevos incentivos para diversas fuentes de energía limpia, fomentando la fabricación local de vehículos eléctricos, baterías y otros equipos esenciales. Estos incentivos buscan fortalecer la eficiencia energética y la resiliencia de la red de transmisión, además de mantener la depreciación acelerada de los activos. También se incluyen créditos fiscales para proyectos de almacenamiento de energía y tecnologías emergentes como la pila de hidrógeno. Es interesante destacar que la IRA mantiene una estructura de créditos que se adapta en función de la tecnología utilizada y el cumplimiento de ciertos objetivos económicos. Esto significa que los créditos pueden variar según se garantice el pago de salarios adecuados o se implementen programas de capacitación, lo que añade un componente de equidad laboral al proceso de transición energética. Los beneficios de estos créditos son significativos, con tasas de hasta un 50% de los costos de un proyecto solar, e incluso un 70% en ciertos casos. Sin embargo, para muchos desarrolladores, la complejidad del sistema de créditos fiscales puede ser un obstáculo. La necesidad de encontrar inversores que puedan aprovechar estos créditos ha llevado a la creación de estructuras financieras sofisticadas, que a menudo son costosas y difíciles de acceder. Con el fin de facilitar la liquidez en este mercado, la IRA introdujo un nuevo incentivo que permite a los dueños de proyectos transferir sus créditos a terceros a cambio de un pago en efectivo, una medida que podría ampliar el acceso a financiamiento en el sector. Desde la implementación de la IRA, se han comprometido más de 114.000 millones de dólares en inversiones, principalmente en fábricas de baterías. Sin embargo, la ejecución de estos proyectos enfrenta desafíos significativos, como la inflación, el aumento de las tasas de interés y retrasos en la cadena de suministro. A pesar de estos retos, la cuestión política representa un riesgo aún mayor para el futuro de las energías renovables en el país. La vicepresidenta Kamala Harris es vista como una continuadora de la política de energía renovable de Biden, mientras que el expresidente Donald Trump aboga por aumentar la producción de hidrocarburos y se opone a la promoción de las energías limpias. Aunque ha distanciado su postura de la radical "Agenda 2025", que favorece un modelo energético centrado en los combustibles fósiles, su influencia podría marcar un giro en la dirección política del país. El futuro de la IRA podría estar en juego dependiendo del resultado de las elecciones de noviembre. Si bien es poco probable que la ley sea derogada en su totalidad si Trump y los republicanos retoman el control del Congreso, no se pueden descartar cambios parciales que limiten el alcance de los incentivos o acorten su duración. Además, el actual presidente podría ralentizar el progreso de ciertos programas a través de medidas administrativas. En resumen, aunque un cambio en la administración podría significar un estancamiento en la transición energética, no necesariamente un retroceso total. El compromiso hacia las energías renovables parece consolidarse, aunque la política seguirá jugando un papel crucial en la intensidad y velocidad de este cambio. La comunidad energética estará atenta a los resultados de noviembre, conscientes de que las decisiones que se tomen en esos días influirán en el futuro del sector en Estados Unidos y, por ende, en la lucha global contra el cambio climático.