Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ha tomado una decisión relevante en el caso que involucra a la lideresa opositora Keiko Fujimori y a un grupo de aproximadamente 40 personas más, relacionado con el delito de obstrucción a la justicia en el marco de un juicio por lavado de activos. La orden del juzgado, emitida el lunes, implica dejar sin efecto todos los actos procesales hasta la fecha, lo que ha generado un revuelo en el ámbito judicial y político del país. La decisión fue confirmada a través de la cuenta oficial del Poder Judicial en la red social X, donde se indicó que se ha desestimado el auto que convocaba a juicio oral y otros actos procesales relacionados con el mencionado delito. Este fallo no solo favorece a Fujimori, sino que también se extiende a otros implicados en el caso, incluyendo a exintegrantes de sus campañas electorales, como Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Pier Figari y Ana Hertz. La audiencia del lunes estaba centrada en la solicitud de Arsenio Oré, uno de los abogados implicados, quien buscaba ser excluido del delito de obstrucción a la justicia basándose en una sentencia previa del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el juzgado decidió que todos los acusados, incluida la ex candidata presidencial, continuarán enfrentando el juicio por lavado de activos y otros delitos relacionados. Es importante destacar que, a pesar de la anulación del delito de obstrucción a la justicia, la sala no aceptó la petición de algunos procesados que buscaban también la anulación del delito de organización criminal vinculado a este tema. Las defensas de estos acusados han presentado una reposición a esta decisión, lo que sugiere que el proceso judicial aún tiene múltiples aristas por resolver. Keiko Fujimori, quien ha mantenido su postura de no aceptar los cargos en su contra, ha reiterado su inocencia en lo que respecta al caso de lavado de activos. En audiencias anteriores, ella negó las imputaciones relacionadas con supuestos aportes ilegales recibidos durante sus campañas electorales de 2011 y 2016. Esto ha sido un punto crucial en su defensa, ya que su argumento se apoya en declaraciones de figuras clave de la constructora Odebrecht, quienes negaron haber tenido contacto con ella. El fiscal José Domingo Pérez, quien ha tenido un papel protagónico en la acusación, ha afirmado que la fundación del partido Fuerza Popular por parte de Fujimori fue con el objetivo de obtener lucro y, al mismo tiempo, lograr la impunidad para sus miembros. Según Pérez, esto implica que la organización está vinculada a delitos de gran envergadura que trascienden el ámbito electoral. La situación ha generado una gran atención mediática y ha reavivado el debate sobre la corrupción en la política peruana, un tema que ha estado presente en la agenda pública durante años. La figura de Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, sigue siendo polémica, especialmente en un contexto donde la percepción de corrupción ha afectado a varios políticos de distintas agrupaciones. Este desenlace judicial podría modificar el rumbo del proceso, así como la percepción pública sobre Fujimori y su partido. La decisión del Tercer Juzgado no solo tiene repercusiones legales, sino que también impacta en la imagen política de la lideresa y su posible futuro en el escenario electoral. Mientras tanto, los implicados en el caso y sus defensas parecen estar preparados para seguir luchando en los tribunales, lo que asegura que el proceso judicial por lavado de activos y otros delitos continuará generando noticias en los próximos meses. La atención estará centrada en las próximas audiencias y en cómo el Poder Judicial manejará este caso que ha capturado la atención del país.