Indignación en RD por libertad de corruptos y falta de justicia real

La reciente decisión de dejar en libertad a figuras como Díaz Rúa y Rondón, quienes han estado vinculados a actos de corrupción, ha desatado una ola de indignación en la sociedad dominicana. Esta situación ha sido percibida como un burla al esfuerzo colectivo de miles de ciudadanos que, durante tres años, han clamado por justicia y la devolución de los bienes mal habidos. La impunidad parece haberse institucionalizado, y el descontento popular crece al compás de esta percepción de injusticia. El hecho de que los responsables de la corrupción en el país no solo estén libres, sino también disfrutando de una vida acomodada, plantea serias interrogantes sobre el funcionamiento del sistema judicial. La traición de ciertos sectores dentro del Movimiento Verde, que han optado por aliarse con el PRM y disminuir la corrupción a un solo partido, ha contribuido a agravar la situación. Como consecuencia, la lucha por la justicia se ha visto fragmentada, y muchos se cuestionan si realmente se está abordando el problema de raíz o si se está eligiendo convenientemente a quién se denuncia. La realidad del sistema institucional dominicano es complicada. Un marco legal que, en teoría, debería proteger a los ciudadanos, se percibe como una muralla que favorece a los poderosos. Un sistema judicial que, en vez de ser un baluarte de la justicia, se ha convertido en un escudo para quienes tienen el dinero y la influencia necesarios para evadir las consecuencias de sus actos. Esta es una conclusión que muchos dominicanos han llegado a compartir. Las implicaciones de esta impunidad son devastadoras. La corrupción no solo afecta a los individuos a los que se les niega justicia, sino que también debilita la confianza en las instituciones. El pueblo ha presenciado como las cárceles, más que ser un lugar de castigo justo, se han convertido en un espacio reservado para los más desfavorecidos. En contraste, las élites continúan disfrutando de sus privilegios, sin rendir cuentas por sus actos. El papel del presidente Abinader y de las instituciones que lo rodean no puede ser pasado por alto en esta discusión. La conexión del gobierno con empresarios corruptos y la complicidad con prácticas que afectan el medio ambiente muestran un patrón preocupante. Abinader no solo ha evitado responsabilizar a los miembros de su partido en escándalos de corrupción, sino que ha facilitado un entorno donde esas prácticas pueden florecer sin temor a represalias. El control que el presidente ejerce sobre el Consejo de la Magistratura y otros entes del poder público ha suscitado críticas sobre la genuinidad de sus propuestas de reforma. La idea de reformar el Ministerio Público bajo su influencia plantea dudas sobre si realmente se busca un cambio o si es una estrategia para perpetuar un sistema que los beneficia a ellos y a sus aliados. La confianza en un nuevo procurador o procuradora independiente parece una ilusión en un contexto donde el poder se encuentra tan concentrado. Los ciudadanos que han luchado por la independencia de las instituciones y la rendición de cuentas se sienten traicionados. La frustración se intensifica al observar que las soluciones propuestas no abordan los problemas estructurales que han permitido a la corrupción arraigarse en el tejido social del país. La percepción general es que cualquier intento de reforma es simplemente una fachada para desviar la atención y mantener las viejas prácticas. La cuestión de la corrupción en la República Dominicana es más que un tema de actualidad; es un asunto que afecta la calidad de vida de sus ciudadanos. Un Estado que se considera democrático debería garantizar la justicia, pero las acciones recientes apuntan a que, en cambio, se prioriza la protección de las elites. Este fenómeno no es solo un problema local, sino que tiene repercusiones que pueden extenderse a la confianza internacional en el país. En este contexto, el llamado a un cambio radical se vuelve urgente. La ciudadanía exige un sistema que realmente promueva la justicia y la transparencia, que garantice que todos, independientemente de su estatus, sean responsables por sus actos. Muchos creen que para lograr un país más justo, es necesario abolir el actual orden institucional y construir uno nuevo que esté al servicio del pueblo. La lucha por la justicia en la República Dominicana continúa siendo una batalla compleja y multifacética. El camino hacia un cambio significativo está plagado de obstáculos, pero la esperanza no se ha perdido. La voz del pueblo, cada vez más unida, puede ser el catalizador necesario para impulsar reformas que realmente transformen el panorama político y social del país. La pregunta que queda es si las instituciones estarán dispuestas a escuchar y responder a ese clamor por justicia.