Tensión política en Venezuela por propuesta de ley que amenaza a las ONG

La situación política en Venezuela se ha vuelto aún más tensa con la reciente propuesta de la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, que busca fiscalizar y regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. Esta iniciativa, denominada "Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines", ha suscitado una amplia gama de reacciones tanto dentro como fuera del país, reflejando el creciente descontento hacia el gobierno de Nicolás Maduro. La discusión sobre esta ley se reanudará en un contexto marcado por fuertes denuncias de irregularidades en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Las protestas que estallaron tras la proclamación resultaron en una violenta represión, dejando un saldo trágico de al menos 25 muertos y más de 1,300 detenidos, según informes de la ONG Foro Penal. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió la propuesta alegando que algunas ONG actúan como "fachadas para el financiamiento de acciones terroristas". Esta declaración se inscribe dentro de una estrategia más amplia del régimen para deslegitimar y acallar a aquellos que critican sus prácticas. La creciente represión contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos ha llevado a muchos a calificar a esta propuesta de ley como una amenaza a la democracia y a los derechos fundamentales en el país. Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, ha instado al gobierno venezolano a rechazar el proyecto de ley, advirtiendo sobre su impacto negativo en los derechos humanos y la democracia. Gina Romero, relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, también ha expresado su preocupación por el lenguaje estigmatizador utilizado por el chavismo, que asocia las actividades de las ONG con el terrorismo y el extremismo. Desde el lanzamiento de la iniciativa en enero de 2023, los líderes chavistas, incluido Diosdado Cabello, han demonizado a las ONG como agentes del "imperialismo" y han insinuado que su existencia es un obstáculo para la estabilidad del país. Esta narrativa ha sido utilizada como justificación para establecer un control más estricto sobre las organizaciones que operan en el terreno de los derechos humanos y otros ámbitos sociales. Los críticos de la ley han señalado que, lejos de buscar un marco regulador que fortalezca las actividades de las ONG, la norma pretende establecer un régimen administrativo opresivo que limita su capacidad de actuar y de recibir financiamiento, especialmente de fuentes internacionales. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, ha declarado que, de ser aprobada, la ley obligaría a todas las ONG a reinscribirse y cumplir con un conjunto oneroso de requisitos, lo que podría llevar a muchas a la inactividad. El proyecto de ley estipula que las ONG deben registrarse y declarar sus fuentes de financiamiento, lo que podría ser utilizado como una herramienta para silenciar a aquellas que critican al gobierno. Se plantea una larga lista de requisitos administrativos que, en la práctica, servirían para limitar el derecho de asociación y la operación de estas organizaciones en un país donde la libertad de expresión ya está severamente restringida. Algunos sectores, como el Foro por la Vida, han denunciado que esta iniciativa es parte de una política estatal sistemática de hostigamiento y criminalización hacia las ONG y los defensores de derechos humanos. Según afirmaciones de esta coalición, el proyecto representa un ataque directo a los principios democráticos y a la protección de los derechos humanos en Venezuela. La crítica fundamental a la propuesta de ley radica en que, si el régimen realmente desea combatir el terrorismo y el crimen, ya cuenta con herramientas legales existentes para hacerlo. Sin embargo, evidentemente su objetivo es desarticular a las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos, ya que su trabajo contrasta con la narrativa oficial y evidencia las violaciones sistemáticas que ocurren en el país. En última instancia, la intención del chavismo de regular las ONG se enmarca en un esfuerzo por consolidar su control sobre la sociedad civil y eliminar cualquier forma de disidencia que pueda amenazar su régimen. La lucha por la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela enfrenta un nuevo desafío, y la comunidad internacional observa con atención los desarrollos que se avecinan en este contexto de creciente represión.