Suprema Corte exonera a imputados por caso Odebrecht y sacude la justicia dominicana

La reciente sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ha conmocionado a la sociedad dominicana al exonerar de responsabilidad a los únicos dos imputados en el caso de los sobornos de Odebrecht. Víctor José Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo, quienes habían sido condenados previamente por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora quedan libres de toda culpa tras la decisión de la Corte Suprema, que ha generado una ola de cuestionamientos sobre la eficacia del sistema judicial en la lucha contra la corrupción. Durante el período de 2002 a 2014, Odebrecht, la constructora brasileña, admitió haber pagado sobornos por un total de 92 millones de dólares en la República Dominicana con el objetivo de asegurar la ejecución de obras públicas. Este escándalo no solo ha tenido repercusiones en la esfera política y judicial del país, sino que también ha resonado a nivel internacional, convirtiéndose en un símbolo de la corrupción en América Latina. Brasil, como epicentro de la controversia, ha visto cómo su imagen se tambaleaba debido a estos sobornos, que superaron los 300 millones de dólares en total. El entonces procurador general, Jean Alain Rodríguez, había prometido llevar a cabo una investigación exhaustiva que involucraría a figuras prominentes de la política dominicana. Sin embargo, tras años de investigaciones, la reciente sentencia pone en entredicho la seriedad y profundidad de dichas indagaciones. La frase “son todos los que están y están todos los que son”, dicha por Rodríguez, se convierte en una ironía amarga, pues los absoluciones han dejado un vacío que cuestiona la creibilidad del sistema judicial. El escándalo de Odebrecht también sirvió de catalizador para el surgimiento de movimientos ciudadanos en la República Dominicana. La Marcha Verde, que demandaba justicia y transparencia, logró movilizar a millones de dominicanos, evidenciando un creciente rechazo a la corrupción en el gobierno del entonces presidente Danilo Medina. Sin embargo, la absolución de los imputados puede interpretarse como un golpe a la lucha por la rendición de cuentas, llevando a muchos a preguntarse si sus esfuerzos han sido en vano. La presidenta de una de las salas penales de la Suprema Corte, Miriam Germán, manifestó que el expediente presentado por el Ministerio Público carecía de pruebas suficientes para obtener una condena. Esta declaración sugiere que la falta de un enfoque riguroso en la recolección de evidencias ha permitido que los implicados eludan la justicia. La enemistad entre Germán y Rodríguez se ha hecho evidente en los últimos años, y muchos ciudadanos consideran que la actual situación es un reflejo de esas luchas de poder dentro del sistema judicial. La sentencia ha sido recibida con una mezcla de incredulidad y desilusión. Muchos se preguntan si la justicia se ha visto comprometida y si hay una responsabilidad moral por parte de los tribunales para proteger los bienes públicos. La exoneración de Díaz Rúa y Rondón Rijo no solo deja sin respuesta la cuestión de la corrupción en este caso específico, sino que también abre la puerta a la impunidad en futuros casos de corrupción. Además, surge la inquietud sobre la falta de una investigación robusta y precisa en lo que se ha denominado el "expediente Odebrecht 2.0". A pesar de tener cuatro años para ejecutar un proceso independiente, el Ministerio Público no ha logrado presentar un caso sólido que evidencie la corrupción en este escándalo, lo que deja una sensación de desconfianza en el sistema judicial del país. La sentencia de la Suprema Corte, firmada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy I. Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez y María G. Garabito Ramírez, ha dejado claro que las decisiones en torno a la corrupción pueden estar sujetas a interpretaciones que no necesariamente reflejan la realidad. La decisión de devolver los bienes incautados a los absueltos y levantar las restricciones financieras sobre sus actividades empresariales también ha generado un debate sobre la validez de las condenas pasadas y la justicia en el país. El impacto emocional y social que esta sentencia ha tenido es innegable. Para muchos, representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y una reafirmación de que aquellos en posiciones de poder pueden eludir la justicia. La frustración se manifiesta en las calles y en las redes sociales, donde los ciudadanos exigen respuestas y un cambio significativo en el sistema. Finalmente, el caso Odebrecht deja lecciones importantes para la República Dominicana. La lucha contra la corrupción no se detiene con esta sentencia, pero plantea un desafío enorme para la sociedad y sus instituciones. La responsabilidad recae en cada uno de los ciudadanos para seguir demandando transparencia, justicia y una revisión crítica de los procesos que han llevado a esta situación. La tarea ahora es más que nunca garantizar que se escuche la voz del pueblo y que el principio de justicia prevalezca.